“Hay personas viviendo bajo plásticos con 40 grados. No lo podemos consentir más tiempo”. La frase es de Jesús Toronjo (Lepe, 1970), actual director general de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía, e impulsor del primer Plan Estratégico para erradicar los asentamientos en las provincias de Almería y Huelva.
Ambas son las provincias que cuentan con población inmigrante radicada en asentamientos de chabolas de cartón y plástico. Es cierto que se ha reducido bastante el número de campamentos con respecto a los últimos años, pero la Junta quiere darle el último impulso a todo esto, con especial incidencia en los municipios onubenses de Lepe, Moguer y Lucena del Puerto, y el almeriense de Níjar.
El plan cuenta con la implicación de los ayuntamientos, que se han puesto a disposición de la Junta para conseguir este objetivo por encima de colores políticos (son tres del PP más Moguer, del PSOE). Curiosamente, no ha entrado Palos de la Frontera, que cuenta con centenares de personas en chabolas en sus campos, aunque se confía en que el Ayuntamiento cambie su actitud más pronto que tarde. Del mismo modo que se espera la implicación del Gobierno central, para lograr el objetivo de que sean tres las administraciones implicadas de forma efectiva.
Todo lo que se está gestionando fue presentado este viernes por la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López. Puso sobre la mesa un análisis que ha contado con la participación de agentes económicos y sociales, con 79 propuestas en todas las áreas de intervención y hasta diez mesas sectoriales en marcha.
De este modo, este estudio previo cuenta con 79 propuestas en todos los ámbitos: área urbanística y vivienda, inclusión social, del ámbito jurídico, relativas a la comunicación y sensibilización, así como del área de intermediación sociolaboral, de carácter medioambiental, de perspectiva de género y otras con enfoque de derechos humanos y emergencia social, entre otras
Se trata de un proyecto que ha supuesto más de ocho meses de trabajo, más de 50 instituciones convocadas y consultadas, más de 1.000 horas de consultoría técnica y más de 125 propuestas específicas de intervención.
“Es un trabajo duro y necesita unidad”, ha continuado la titular de Igualdad. “No se trata solo de erradicar asentamientos chabolistas sin más, sino de dar una respuesta a estas personas con alojamientos dignos e itinerarios sociolaborales que les permitan tener sus propios proyectos de vida, porque hablamos de personas”, enfatizaba la consejera. De paso, hacía hincapié en la importancia de construir un modelo de convivencia más integrador, tolerante y solidario y por eso subraya que el Gobierno tiene que “implicarse a fondo” al tener competencias directas en esta materia.
Por su parte, la Junta de Andalucía, como recordaba la consejera, ha tomado cartas en el asunto y “se haya implicado desde hace un año en la elaboración de este plan”. Se trata de una cuestión de primer nivel y que, como se ha puesto de manifiesto estos días, la migración es un fenómeno creciente que requiere que “el Gobierno se implique de verdad y a fondo” porque “son personas y se merecen un trato digno”.
“Si el Gobierno central no se implica, no se podrá acabar con los asentamientos”, ha dicho López, que incidía en la competencia en esta materia que tiene el Ejecutivo. Las negociaciones con el Gobierno central van por buen camino, pero se reclama un paso adelante que, de momento, no llega.
Este estudio ha tenido, en primer lugar, una fase de conocimiento y una segunda de consulta en la que han participado responsables de administraciones públicas (diputaciones, ayuntamientos, la propia Junta), empresarios, sindicatos, universidades, colegios profesionales, entidades sociales, Defensor del Pueblo, Fiscalía o Audiencia Provincial. La relación da muestra de que es un análisis participado y consensuado con todos los agentes implicados.
Además, ha recordado que en la Mesa por las Infraestructuras de la Diputación de Huelva se incluye un punto sobre los asentamientos, por lo que ha puesto a disposición de todas las administraciones este estudio y el posterior plan que se elabore.
Convencida de que la unidad es la mejor vía de trabajo, López reiteraba que la Junta “no puede estar de manos atadas” sino que necesita que el Gobierno “se involucre” para ser “no un mero ayudante, sino una parte necesaria y fundamental” para acabar con los asentamientos, como añadía Toronjo.
Este trabajo ha permitido tener una radiografía de la situación que se da en los asentamientos de Lepe, Moguer y Lucena del Puerto, donde viven de manera permanente más de 390 personas. Así lo indican los censos elaborados por los ayuntamientos y que se corroboran con los datos del Servicio de Emergencias 112, que anualmente realiza un estudio sobre la accesibilidad para actuar en los asentamientos en casos de emergencia.
Esto implica que el estudio ha controlado a la gente que vive en los asentamientos de enero a diciembre, sin sumar los picos altos que se producen en las campañas agrícolas. Este informe previo indica que en Lepe, por ejemplo, de 2022 a 2024 se han reducido de 17 a nueve los asentamientos y en Moguer de 15 a seis.
El primer Plan Easen tiene como objetivo diseñar propuestas y coordinar a las distintas administraciones públicas para la integración residencial y socio laboral de las personas que residen en estos asentamientos. Asimismo, y dentro de una estrategia regional conjunta con las entidades locales, se colabora para la puesta en marcha de planes locales y/o comarcales de intervención integral en asentamientos e infraviviendas asociadas, ubicados en cada uno de sus términos municipales.
Bajo el paraguas de este plan estratégico, se trata de elaborar un modelo de intervención integral que permita erradicar los asentamientos, garantizando los derechos y obligaciones de las personas residentes.
En Andalucía, la existencia en algunos municipios de asentamientos informales e infraviviendas asociadas, donde residen personas de origen migrante, es una situación de al menos los últimos 25 años y que impacta especialmente en Almería y Huelva, aunque no son las únicas que tienen esta realidad.
Además, la compleja naturaleza de la integración hace necesaria la implementación de mecanismos de coordinación y cooperación de los gobiernos locales, autonómico y central en aquellas actuaciones que se centran en zonas donde se da la existencia de núcleos chabolistas e infraviviendas.
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