Con todo el boato para la ocasión, con maceros oficiales incluidos y las mejores gala, pero con una amenaza de impugnación y posible prevaricación. En ese ambiente ha recibido este sábado la Medalla de Oro de la Ciudad de Palos de la Frontera (Huelva) la ministra de Empleo y Seguridad Social en funciones, Fátima Báñez, en un pueblo vecino al del que ella es natural: San Juan del Puerto.
El acto ha estado rodeado de la polémica, que ha ensombrecido además la entrega en el mismo acto el de las medallas al bicampeón del mundo de 'Blokart', David Santana, y a la Autoridad Portuaria de Huelva.
Una polémica que se centra, según la oposición municipal, en que la distinción podría hacer que todos los que han apoyado la concesión en el Pleno incurran en prevaricación, al contravenir el articulo número 3 del capitulo I del reglamento que regula estas distinciones, que especifica: “Con la sola excepción del Rey, no se podrán conceder honores, distinciones o nombramientos honoríficos a quienes desempeñen cargos públicos”.
El Ayuntamiento, sin embargo, acordó en pleno extraordinario conceder su Medalla de Oro a la ministra en funciones, solo con el voto a favor del equipo de Gobierno del PP, pues el grupo APIN se abstuvo y el grupo socialista votó.
Desde el Consistorio se ha destacado el reconocimiento que a toda la agricultura palerma dio el Ministerio de Báñez en 2013 cuando otorgó la “Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo” a la emblemática “Sociedad Cooperativa Andaluza, Santa María de la Rábida, Fresón de Palos”, lo cual supuso también un respaldo a todo el trabajo realizado por nuestros agricultores desde generaciones.
Además, resaltan el hecho de que Báñez, natural de San Juan del Puerto (Huelva), es la primera ministra onubense de la historia de Huelva, cargo que desempeña desde diciembre de 2011.
“Incumple con el reglamento”
Sin embargo, la secretaria general del PSOE de Palos, Pastora López, critica que el alcalde, Carmelo Romero, y su equipo de Gobierno, hayan acordado reconocer a Báñez “incumpliendo el reglamento municipal”, y ha registrado un escrito, junto a APIN, en el que pide que se deje sin efecto el acuerdo plenario adoptado el pasado 19 de abril.
El PSOE va más allá, y reclama que se emita un informe por parte de la Secretaría General del Ayuntamiento, que aclare si se permitió seguir adelante con el Pleno a sabiendas de que se estaba aprobando algo contra las normas locales, por lo que reclama su nulidad.
Además, quiere saber si la ministra era consciente de que iba a recoger un reconocimiento presuntamente ilegal. Cita el artículo 405 del Código Penal: “A la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público o cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello, se le castigara con las penas de multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años”.
La petición oficial, realizada este viernes, no fue tenida en cuenta a tiempo como para impedir o modificar el acto, pero el PSOE parece dispuesto a seguir adelante con este asunto hasta intentar demostrar la posible irregularidad cometida.