Un proyecto de territorio que, al mismo tiempo que dinamiza e intensifica la transición ecológica, permita mejorar las condiciones sociales y económicas de la zona. Este es el objetivo que persigue el acuerdo suscrito por los gobiernos central y andaluz para el impulso de este territorio, una misión en la que ambas administraciones aseguran que se invertirán unos 1.400 millones de euros que pondrán a partes iguales.
Esto debe traducirse en una diversificación real de la economía (“hasta ahora muy dependiente de la agricultura”) y en la mejora de las infraestructuras y los servicios públicos, a lo que se une un factor no menor: la transformación de la imagen de este entorno, últimamente muy tocada incluso desde el punto de vista internacional. Así que, entre la infinidad de líneas de ayuda y actuación que se prevén, estas son algunas de las claves del protocolo.
Una de las premisas subrayadas en rojo es de una obviedad aplastante: “Cumplimiento de la legalidad vigente”. En este caso, eso se traduce en que la norma de referencia será el Plan Hidrológico del Guadalquivir, vigente hasta 2027 y que no prevé nuevas concesiones que “impliquen un incremento de la superficie regable o volumen de riego”. Junto a ello, hay que cumplir las exigencias impuestas a España por la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo por el pirateo de agua.
Es la piedra angular del pacto. No se comprarán terrenos, pero el Gobierno pagará hasta 70.000 euros por hectárea (7.000 al año durante una década) a los agricultores que dejen de cultivar y reviertan los suelos a forestal durante al menos 30 años, una cantidad que en el caso de la Corona Norte se elevará hasta los 100.000 euros al complementarla la Junta de Andalucía (20.000 euros) y la Diputación de Huelva (10.000). Está también la opción de cambiar durante un mínimo de diez años invernaderos por cultivos de secano (vid, olivo, almendro...), caso en el que se pagarán 2.500 euros por hectárea, o pasarse a la agricultura ecológica durante al menos cinco años a cambio de 1.000 euros por hectárea.
A estos incentivos podrán acogerse los agricultores de los 14 municipios del entorno de Doñana, incluso los que tengan procesos abiertos por riego ilegal, aunque se mantienen todos los expedientes sancionadores y tampoco se anularán las multas. Es decir, que no habrá borrón y cuenta nueva. “No hay amnistía para el regadío ilegal, hay amnistía para Doñana”, ha apostillado la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera.
El plan fija como una de sus prioridades la mejora de las condiciones de vida y habitabilidad de las viviendas de temporeros agrícolas, que ahora malviven hacinados en asentamientos chabolistas, para lo que se construirán y rehabilitarán viviendas “dignas”. También se plantean actuaciones para favorecer la normalización documental de estos trabajadores que se encuentran en situación irregular, a través de figuras como los diferentes arraigos o la autorización por circunstancias excepcionales.
La industrialización es la gran tarea pendiente de esta zona, y el factor más difícil de introducir. “La comarca de Doñana es agrícola, pero no transformadora y/o manufacturera”, es decir, con una buena producción (fresa, frutos rojos, cereales, aceitunas, uvas...) que no se transforma ni se obtiene de ella otros alimentos. “Se dan todos los elementos para cambiar el paradigma económico”, con unas industrias sostenibles desde el punto de vista social, económico y medioambiental. Para ello, se subvencionará hasta el 50% de las inversiones materiales realizadas durante tres años.
La otra gran posibilidad de industrialización mira a Moguer, donde se ultima el proyecto CEUS, que se convertirá en la principal plataforma de España de investigación y ensayo de sistemas aéreos tripulados remotamente, incluidos los de gran tamaño. Aquí, en El Arenosillo, funciona ya el CEDEA, desde el que hace poco se lanzó el cohete Miura 1 con el que España se metió en la carrera espacial. La idea es generar empleo dando ayudas para la instalación de empresas auxiliares: laboratorios de ingeniería, fabricación de componentes, instalaciones complementarias...
El plan señala que Doñana tiene todavía bastante potencial turístico por desarrollar, que además de a la naturaleza puede estar muy asociado a la artesanía y las tradiciones de la comarca. Para ello, se prevén líneas de ayuda para cuestiones tan dispares como promoción, comercialización e incluso implantar una feria de usos tradicionales y artesanía. En el terreno turístico, se aboga por productos relacionados con el senderismo, el avistamiento de aves y la astronomía, sin dejar de lado rutas gastronómicas y enológicas conectadas con las zonas vitivinícolas del Condado y de Jerez.
Un objetivo muchas veces anunciado, pero nunca concretado. La intención ahora es asociarla a la etiqueta Reserva de la Biosfera de la Unesco, un paraguas de prestigio que conviviría con el sello Parque Natural de Andalucía ya existente. El objetivo, en definitiva, es incrementar el prestigio y el valor de los productos procedentes de este entorno.
Uno de los grandes bloques es el apartado laboral y formativo, un enorme cajón con infinidad de líneas entre las que llama la atención la creación de empleo verde mediante un programa de restauración ecológica en Doñana y especialización en el sector energético y minero del entorno de Huelva. Tampoco pasa desapercibida la idea de planes de formación específicos dirigidos a zonas con humedales y acuíferos.
Aunque la ley de regadíos del PP ahora desactivada preveía indultar regadíos en los cinco municipios de la Corona Norte, el marco de actuación finalmente aprobado afecta a una población de poco más de 200.000 personas de los 14 municipios del área de influencia del Espacio Natural Doñana: Almonte, Bollullos Par del Condado, Bonares, Hinojos, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera y Rociana del Condado (Huelva); Aznalcázar, Isla Mayor, La Puebla del Río, Pilas y Villamanrique de la Condesa (Sevilla) y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
El 38,3% de la población que trabaja en esta zona está afiliada al sector primario, un porcentaje ocho veces superior a la media nacional (4,9%). Una de cada cuatro empresas también está orientada a este sector. De las casi 290.000 hectáreas de superficie de los 14 municipios, un tercio (algo más de 93.000 hectáreas) se corresponde con tierras de cultivos, porcentaje parecido al ocupado por usos de monte (102.280 hectáreas), un 35%.
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