El Juzgado de Instrucción nº 1 de Huelva ha ordenado continuar el procedimiento contra el secretario general del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo, por un delito de cohecho, en relación con su participación en el presunto soborno que frustró la moción de censura contra la alcaldesa del PSOE en Aljaraque (Huelva), Yolanda Rubio, en diciembre de 2016.
Así se recoge en un auto emitido por el juez instructor a raíz de la comparecencia que ante él tuvieron las partes el pasado 13 de septiembre, en el que tanto la defensa de Caraballo como las del resto de investigados en la causa solicitaron el sobreseimiento de la misma, al entender que la misma debería de declararse nula por basarse en unas grabaciones de conversaciones telefónicas que fueron “manipuladas”.
Junto al líder socialista figuran como investigados los concejales de Sí se Puede, Pedro Escalante y Francisco Martín, el representante de CCOO José Luis Rodríguez, que habría hecho de intermediario entre el PSOE y dichos ediles ofreciendo en nombre de la formación un lugar en el equipo de Gobierno al primero y un empleo para su mujer al segundo en la empresa municipal de aguas de Huelva para que retiraran la moción; y el director de Recursos Humanos de la empresa Aguas de Huelva, J.M.M.R.
En el auto, avanzado por el diario ABC, el instructor precisa que “a la vista de lo actuado hasta este momento, procede, de acuerdo con lo previsto en la Ley para el Tribunal del Jurado, acordar la continuación de este procedimiento acomodado a lo previsto en la misma, al estimar que existen indicios de la comisión del delito de cohecho” respecto de todos los investigados.
En relación con Caraballo precisa que a la vista del contenido de las conversaciones telefónicas, de la presencia del representante de CCOO en una reunión con los ediles de Sí se Puede en representación del PSOE días antes de que se celebrara el pleno para ratificar la moción, así como el trafico de llamadas entre ambos el mismo día de dicha reunión y un día después de dicho pleno, determinan “la existencia de indicios de participación en relación a los hechos denunciados y la existencia de contactos entre los investigados”.
En línea similar se pronuncia en relación con el resto de investigados, al tiempo que desestima la nulidad de las conversaciones telefónicas, que se haya roto la cadena de custodia en relación al pendrive que contiene las mismas o la nulidad del atestado, solicitada por las defensas.
Dicho esto, y tras señalar el juez que no procede en este momento del procedimiento la adopción de fianza de ningún tipo a los investigados sin perjuicio de lo que pudiera acordarse en un momento posterior, acuerda la continuación del presente procedimiento para juicio ante el Tribunal de Jurado.
Tras conocer el auto, el PSOE de Huelva, en un comunicado, ha dejado claro que el mismo no es firme, que es un trámite más de la fase de instrucción, y que una vez analizado se estudiará su recurso ante otras instancias.
Tras mostrar “su respeto escrupuloso a la investigación judicial”, se ha ratificado que “su plena confianza en la Justicia” y creen que la mejor manera de colaborar es “dejar que su trabajo se desarrolle con tranquilidad y sosiego”; “estamos convencidos de que cuando finalice esta fase de instrucción, se concluirá con que no ha existido ninguna conducta ilegal”.