El biólogo Miguel Delibes de Castro (Valladolid, 1947), presidente del Consejo de Participación de Doñana, ha presentado este lunes su dimisión al cargo que ostentaba desde 2013. La renuncia se produce a petición propia y en un momento pactado con Gobierno central y autonómico. Delibes se marcha una vez afianzada la paz política entre ambas administraciones, refrendada tras el pacto suscrito a finales de noviembre de 2023 tras casi dos años de choque a cuenta de la ley de regadíos que impulsaron el PP y Vox en el Parlamento andaluz para beneficiar a regantes ilegales de la Corona Norte del parque nacional. Precisamente, entre los motivos de su marcha está el “enorme desgaste” que le ha supuesto paralizar esta iniciativa.
El adiós de Delibes se ha formalizado este lunes minutos antes del inicio de la reunión del Consejo de Participación, antes de la cual ha recibido el reconocimiento por parte de Gobierno central y Junta de Andalucía. El prestigioso biólogo, uno de los máximos expertos en el lince, había amagado más de una vez con dejar el cargo, aunque finalmente lo ha hecho cuando el enclave natural ha superado las tormentas políticas que lo han azotado durante un par de años, aunque desde el punto de vista de la conservación atraviesa uno de sus momentos más delicados.
Delibes ha querido precisar que su marcha se produce a “petición propia”, una “decisión personal” en la que no ha escondido que ha tenido un peso trascendental la ley de regadíos que quedó enterrada con el pacto Gobierno-Junta del pasado mes de noviembre. “La verdad es que lo pedí yo, estoy cansado. Fue un desgaste personal grande para mí la lucha por conseguir un acuerdo y la retirada de la proposición de ley que iba a cambiar los regadíos en el entorno de Doñana”.
Considera además que el parque está en un momento crucial, con el cumplimiento de este acuerdo como prioridad. “Tengo la sensación de que, como las cosas son difíciles y van despacio, hace falta una persona con más energía, con más fuerza, para dar ese empujón adicional que creo es necesario”, ha indicado en este sentido.
“Hemos corrido mucho, nos hemos desgastado mucho, yo me he dejado muchos pelos en la gatera para conseguir el acuerdo del que ahora disfrutamos y que festejo, porque hay una tranquilidad que permite trabajar mejor y que es muy positiva para todos”. Eso sí, este acuerdo “no hace que Doñana esté mucho mejor: hay que trabajar por lo menos el doble y el doble de rápido”.
Y es que no esconde que tiene “una sensación a ratos incómoda de que podemos haber entendido la paz que se ha generado a través del acuerdo como un fin, cuando era sólo un medio para conseguir un cambio para mejor en la comarca”. Porque aunque “las cosas van bien” y desde el Gobierno central se le transmite que “estamos dentro de los planes de las previsiones temporales”, reitera que “hay que correr más”.
Tirando de memoria, Delibes ha recordado que cuando desembarcó en el cargo en 2013 se encontró una Doñana “ilusionada con llegar a un acuerdo que fue obtenido casi por unanimidad sobre el plan de los regadíos en el entorno”, el Plan de la Corona Forestal, más conocido como el Plan de la Fresa y que era precisamente la norma que la polémica ley de PP y Vox quería modificar. Pese a que contó con un gran consenso, al final se encontró –“ante mi sorpresa”– que el documento que ordenaba los regadíos “ha sido más respetado y valorado por quienes no lo votaron entonces que por quienes lo habían votado”, lo que se ha traducido en que “no lo hemos desarrollado como deberíamos”.
“Por lo demás, Doñana se ha ido fijando. El cambio climático global, mundial, no ayuda. Llevamos unos once años, casi tantos como yo en la presidencia, de sequía prolongada y esto hace que la urgencia por trabajar cambiando la dinámica de las cosas sea cada día mayor. Por ello, hace falta alguien más que empuje, que recuerde, que aparezca, que llame la atención, que presione desde este consejo de participación”, ha señalado.
Al respecto, ha indicado que “hay una hoja de ruta”, que es el plan de la Corona Forestal de Doñana y “unos marcos que han propuesto el Ministerio y la Junta para facilitar que ese decreto se cumpla ayudando a los agricultores”, pero “tiene que correr más probablemente asumiendo riesgos”. “Entiendo que es difícil, sé que es muy complicado, yo mismo no tengo claro cómo habría que hacerlo, si lo tuviera probablemente seguiría en el Consejo de Participación, pero creo que entre todos lo podemos abordar. Lo que creo es que hay que reconocer la situación, asumir riesgos para avanzar más deprisa para revertirla”, ha apostillado, no sin antes defender este órgano participativo (que no es ejecutivo) como “el marco más idóneo para forjar acuerdos” y para que “disminuya la tensión”.
Presidente también de la Estación Biológica de Doñana entre 1988 y 1996, la figura de Delibes se alzó como una de las voces más contundentes en contra de la ley de regadíos defendida por PP y Vox. Tras no ser citado inicialmente a dar su opinión como experto en el Parlamento andaluz y ser invitado a última hora, cargó con toda la fuerza contra la norma que iba a regularizar regadíos ilegales que llevan años esquilmando el acuífero que alimenta a Doñana: “Es una ley desleal, frívola, irresponsable e inconsistente”.
En esos meses barajó la posibilidad de dar un portazo y dejar la presidencia del Consejo de Participación, al que consideraba que el Gobierno andaluz estaba ninguneando y que le llevó a reflexionar sobre qué sentido tenía su papel al frente de este órgano. Posteriormente, y ya con las aguas más calmadas, planteó la posibilidad de irse por edad y tiempo en el cargo, a lo que desde la administración se le instó a esperar un mejor momento.
Éste ha llegado ahora, cuando hace más de medio año del pacto, que no obstante volvió a vivir otro momento crítico cuando en febrero el Ejecutivo central amagó con paralizarlo por considerar que se producía una “legalización retroactiva” de suelos agrarios. El detonante fue la Ley de Simplificación Administrativa del Gobierno andaluz, que modificaba la Ley Forestal de Andalucía colando de manera casi literal uno de los párrafos de la polémica proposición de ley de Doñana que se paralizó precisamente gracias a este acuerdo.
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