El desacuerdo en el reparto de las ayudas estatales dispara la tensión y genera una fractura entre los municipios de Doñana

“Esto es como tirar un trozo de carne a una jauría de perros para que se peleen por él”. De esta manera tan gráfica expresa el alcalde de Almonte, Francisco Bella (del partido independiente Ilusiona), la tormenta que se ha desatado entre los 14 municipios del ámbito de Doñana por el reparto de 70 millones de euros para ejecutar proyectos socioeconómicos estrictamente municipales. Esta partida es uno los capítulos incluidos en el pacto que en noviembre sellaron los gobiernos central y autonómico para poner fin a casi dos años de choque político, cantidad que se incluye entre los que aporta el Ejecutivo central que, de la mano del Ministerio para la Transición Ecológica, decidió que los criterios para su distribución los acordaran entre sí los propios municipios. El objetivo no sólo no ha sido posible, sino que ha derivado en un durísimo enfrentamiento que ha generado una inesperada fractura en el territorio.

El punto de partida es que hay discrepancias irreconciliables entre algunos de los consistorios, lo que se ha traducido en que al Ministerio ya le han llegado dos propuestas con criterios diferentes para el reparto de estos fondos. Y es que de la solución consensuada por 11 localidades se han descolgado Sanlúcar de Barrameda, Hinojos y sobre todo Almonte, que se está mostrando especialmente beligerante con la cuestión. Estos tres apuestan por una fórmula que no comparten los restantes, que son Bollullos Par del Condado, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera y Rociana del Condado en la provincia de Huelva, además de Aznalcázar, Isla Mayor, La Puebla del Río, Pilas en Sevilla y Villamanrique de la Condesa en la de Sevilla.

Las diferencias radican en cómo se reparte el dinero. Los 11 municipios que han sellado un pacto proponen una serie de parámetros pero con el requisito de partida de que cada uno perciba un mínimo de cuatro millones de euros y un máximo de ocho. Los otros tres, por su parte, apelan a que primen criterios territoriales, de superficie del parque nacional en sus términos municipales (Almonte concentra el 50% de la extensión del espacio natural) y de población.

Un consenso imposible

El Ministerio para la Transición Ecológica, que declina pronunciarse sobre la pugna que se está produciendo por los fondos, cogerá ahora las dos propuestas y, junto a las cuestiones que pueda introducirle, intentará consensuar un modelo único para, en última instancia, imponer uno si persiste el desacuerdo. En paralelo, sigue trabajando en el diseño de los criterios que regularán las ayudas que percibirán los agricultores (hasta 100.000 por hectárea los de la Corona Norte y 70.000 el resto) por dejar de cultivar y renaturalizar sus tierras, unas convocatorias que se anuncian para “las próximas semanas”.

El encontronazo por los 70 millones para proyectos municipales ha sido la tónica desde el primer momento en las reuniones que han mantenido los alcaldes. Esto llevó a que de partida se formaran diferentes grupos, con los municipios del parque nacional por un lado, los de la Corona Norte por otro (consideran que gracias a la presión de sus agricultores con la paralizada ley de regadíos se ha llegado a estas ayudas) y el resto por una tercera vía. Esta situación fue evolucionando hasta que Sanlúcar, Hinojos y Almonte se reafirmaron en su postura, lo que llevó a los otros 11 a reunirse por separado y consensuar su propia propuesta.

Todo esto ha derivado en fricciones y un importante malestar, al que le pone voz el alcalde almonteño, que reprocha al Ministerio no haber fijado los criterios de reparto y que ahora amenaza con pedir “amparo a la Unión Europea” al considerar que se atenta contra el “ecosistema social de Doñana”. “Esto está provocando una fractura social entre los pueblos que va a ser difícil después de superar para llegar a acciones conjuntas”, augura, ya que hablamos de “una comarca muy sensible”.

“Quieren cantidades desorbitadas”

Por parte del bloque de 11 localidades que caminan juntas habla el alcalde de Bonares, José Antonio García (PSOE), que lamenta una falta de entendimiento ante la cual decidieron ir por su parte los ayuntamientos “que teníamos puntos en común” para acordar un modelo que “no damos por cerrado”. A su juicio, los otros tres municipios (sobre todo Almonte e Hinojos) reclaman “cantidades desorbitadas que a los demás nos dejan sin poder hacer nada”, y por eso insiste en que el criterio es el del área de influencia, no tener el parque en su término. En cuanto al criterio de población, señala que “da igual el número de habitantes, si yo quiero hacer un centro de día, un hostal o desarrollar un polígono industrial me va a costar lo mismo” al margen de cuántos vivan en la localidad.

Así las cosas, desde Almonte se está elevando el tono, reprochando que se va a beneficiar no sólo a “municipios externos” al enclave natural, sino que se va a premiar a algunos que “han agotado gran parte de los recursos naturales de Doñana” y han sido “los mayores agresores hacia los ecosistemas de la zona”. “Buscan beneficiarse como si hubiesen sido contribuyentes significativos a la biodiversidad del parque”, incide en un comunicado el Consistorio almonteño, que considera lo que está ocurriendo como “una agresión al parque nacional y a sus habitantes”.

Incentivos socioeconómicos

De paso, le reprocha al Ministerio para la Transición Ecológica su “irresponsabilidad” e incluso le acusa del “intento de comprar” a uno de los alcaldes contrario al acuerdo mayoritario, “ofreciéndole más fondos para que se sume al controvertido pacto”. Francisco Bella señala en este sentido que “resistirá ante los intentos del Ministerio y de algunos alcaldes que, aún comprando a otros, intentan forzar un pacto que considera ilógico y perjudicial para el territorio”. De paso, anuncia su disposición a “llegar hasta Bruselas y cualquier instancia necesaria para evitar el perjuicio al parque nacional de Doñana”.

Los 70 millones objeto de la polémica se incluyen en la partida de 350 millones para objetivos socioeconómicos que ha aportado el Gobierno central, que ya había puesto sobre la mesa otros 350 para cuestiones medioambientales. Las ayudas se concederán para proyectos municipales, para lo que se establecen algunas líneas: vivienda social, servicios sociosanitarios, promoción del emprendimiento, aprovechamiento turístico del patrimonio cultural y natural local, formación profesional, redes de comunicación digital o autoconsumo energético. Asimismo, se incentivarán iniciativas para el desarrollo de nuevas actividades económicas ligadas a la transición ecológica.