“No meter la pata”. Eso fue lo que pidió el presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, a los gobiernos central y autonómico cuando, a principios de octubre, se sentaron por fin para negociar el futuro de la comarca. Era tan brusco el giro (para bien) que habían dado los acontecimientos tras 18 meses de virulento conflicto institucional, que el prestigioso biólogo no quería ni hablar mucho para que no hubiese algún malentendido que pudiera “tensar la cuerda”. Este lunes, casi dos meses después, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera (PSOE), y el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno (PP), van a escenificar con una visita al paraje el acuerdo entre ambas administraciones que evidencia que, al fin y al cabo, no han metido la pata con una cuestión que debe tener como gran símbolo el fin de la fresa ilegal para garantizar el futuro del parque nacional y su entorno.
Este acuerdo supone en la práctica lo que el propio Delibes lleva años reclamando, un pacto de Estado para darle a Doñana la oportunidad de sobrevivir y superar el momento más delicado de su historia: la sequía más prolongada desde que se creó el parque hace medio siglo, un aumento de temperaturas que hace de heraldo del cambio climático y un acuífero sobreexplotado por todo lo anterior, además de por una exigente agricultura de invernadero y la proliferación de pozos ilegales que han exprimido las aguas subterráneas. Es decir, por las fresas ilegales que se han convertido en el emblema de todo lo que se ha hecho mal. Como resultado no hay agua, y las señales de alarma proliferan por todos lados: en el enclave cada vez invernan menos aves, hasta la laguna permanente más grande lleva dos años secándose...
Doñana tiene el importante reto de la supervivencia por delante, pero en esta tarea le va a ayudar esta inusual tregua política cuyos detalles se conocerán este lunes. Por primera vez, las administraciones van a estar en sintonía con una comunidad científica que lleva años alertando del deterioro del parque sin que sus avisos hayan llegado a buen puerto. Gobierno central y Junta de Andalucía se han puesto de acuerdo y parece que le van a hacer caso a los investigadores, aunque en este momento una de las cuestiones clave es saber si asumen el pacto tanto el tejido social de la comarca (ecologistas incluidos) como los agricultores que se iban a beneficiar de la amnistía que les brindaba la ley de regularización que el PP ahora va a tener que enterrar.
Una de las incógnitas es saber qué va a pasar con estas 750 hectáreas, que hoy tienen la consideración de secano o incluso forestal pero que se riegan de manera ilegal. La ley que desencadenó la tormenta que este lunes se diluye les iba a dar la calificación de regables, aunque desde el Ejecutivo central se avanzó desde el minuto uno que no iban a tener agua porque literalmente no la hay. Y es que no hay que perder de vista que precisamente el Ministerio de Transición Ecológica se puso de verdad las pilas cuando en 2021 la Justicia europea condenó a España por no proteger a Doñana del expolio de agua.
Es de suponer que si hay acuerdo es porque se le da una opción a estos agricultores que considera satisfactoria el PP, que ha adquirido un fuerte compromiso con ellos. Hasta hace pocos días los regantes no las tenían todas consigo, hasta el punto de reclamar que acabara tanta negociación y se aprobase directamente la ley. La otra cara de la moneda son los ecologistas, que no van a aceptar una solución que consideren un premio para gente que lleva años cometiendo ilegalidades. De hecho, cuando en 2014 se aprobó el Plan de la Fresa (que determinó qué suelo era regable y cuál no) WWF, SEO Birdlife y Ecologistas en Acción fueron los únicos que votaron en contra, con la paradoja de que años después son sus máximos valedores al considerar que es la hoja de ruta mínima que hay que mantener.
Lo que es una evidencia es que las cosas son más fáciles cuando hay dinero, y en este caso ya hay inversiones anunciadas. Por lo que se ha ido desgranando en estos casi dos meses de negociación, uno de los pilares del acuerdo es un impulso socioeconómico de la zona que haga aflorar nuevas oportunidades laborales y reduzca su dependencia del regadío, para lo que el Gobierno central va a poner 350 millones de euros. Aquí se ha hablado de diversificación de actividades del sector agrario y de la agroindustria vinculada para añadir valor al producto legal, a las fresas que son uno de los pilares económicos de la provincia onubense, lo que se reforzaría con detalles como viviendas para los jornaleros y una mejora general de las infraestructuras urbanas.
La otra gran pata es la preservación ambiental de todo este paraje, para lo que ya hace un año el Ejecutivo central anunció un plan específico por valor de 356 millones de euros que busca sobre todo renaturalizar el espacio para recuperar la reconexión de Doñana con las que históricamente fueron sus principales vías de entrada de agua. En total, hablamos de una inversión de 756 millones de euros ya sobre la mesa al margen de las actuaciones que pueda acometer el Gobierno andaluz.
Todo esto se escenificará este lunes con una visita conjunta de Teresa Ribera y Juan Manuel Moreno al parque nacional, para a continuación exponer al Consejo de Participación de Doñana las claves del acuerdo y proceder a renglón seguido a su firma oficial. Atrás habrán quedado 18 meses de una trifulca impulsada por una proposición de ley del PP en el Parlamento andaluz que levantó en su contra a la Unión Europea, organismos internacionales como la Unesco, la comunidad científica y organizaciones ecologistas. Empieza así un esfuerzo conjunto y coordinado para luchar por la supervivencia de este paraje natural... y para acabar por fin con las fresas ilegales.
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