Son un millar de agujas las que aguijonean, succionan y roban el agua de Doñana, la base de entorno natural y protegido que da cobijo a especies emblemáticas como el lince ibérico o el águila imperial, pero también a insectos, aves migratorias, pequeños mamíferos, anfibios y todo tipo de fauna única en el planeta. El robo se perpetra a escasos metros de la verja de Doñana por agropiratas ilegales que no solo juegan sucio frente a su competencia legal sino que esquilman el agua del complejo y frágil sistema de lagunas del espacio protegido.
A pesar de la gravedad de la situación, el pasado mes de julio la Junta de Andalucía respaldó de una sentada de 450 balsas de regadío y 200 viviendas en Lucena del Puerto, dando luz verde para el mantenimiento de construcciones y edificaciones vinculadas a explotaciones agrícolas en montes públicos del municipio onubense.
En concreto, la Consejería de Fomento realizaba “el reconocimiento de Asimilado a Fuera de Ordenación (AFO) a espacios incluidos en las conocidas como ‘Parcelas del Canon’ a partir de un informe favorable de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible sobre el monte público Madrona y Valpajoso”. La decisión se tomaba a pesar del estado de sobreexplotación del acuífero de Doñana, declarado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, apenas unas horas antes. Es más, este mismo martes el BOE publicaba el anuncio de la CHG por el que se declaran las masas de agua subterránea de La Rocina, Almonte y Marismas de Doñana (Huelva) como en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo.
La metástasis del acuífero
Pese a que la Junta ha negado que haya legalizado balsas de riego o viviendas agrícolas en Lucena del Puerto, los grupos ecologistas no han tardado en mostrar su rechazo a la decisión y han anunciado incluso acciones legales. En concreto, Juan José Carmona, portavoz de WWF en Doñana, afirma que “con la ley forestal en la mano, todo lo que está hecho después de 1992, no puede ser legalizable”. “Todo suelo, a nivel urbanístico, que sea forestal, está especialmente protegido”, zanja. La organización también ha advertido del anuncio hecho público por el BOE esta semana antes mencionado.
Añade Carmona que “todo suelo forestal es de especial protección. Las administraciones están obligadas a conservar, recuperar y restaurar el suelo forestal. Toda ocupación debe recuperarse por parte de la administración y no se puede desclasificar el monte público y devolverlo a manos privadas, porque se ha permitido que se degrade”.
En este sentido, la organización ecologista lo entiende como un movimiento político del Gobierno andaluz para conceder una amnistía a los agropiratas que “han ocupado ilegalmente terreno público, lo cual es inaceptable”. “Entra dentro de toda la desregulación que quiere hacer la Junta de Andalucía. ¿Esta es la revolución verde del presidente Juan Manuel Bonilla? No, esto es una involución gris. Doñana tiene un cáncer y esto es dejarle una metástasis al acuífero”, apunta.
Los efectos sobre las lagunas de Doñana
Precisamente WWF calcula que una tercera parte de las 11.000 hectáreas de cultivos de fresas, naranjas y otros frutos que del norte de Doñanas son ilegales. Es decir, no solo el municipio de Lucena sino Almonte, Rociana, Moguer o Bonares.
Un indicador perfecto para conocer el estado del acuífero son las lagunas. Los científicos de la Reserva Biológica de Doñana (CSIC) han constatado desde hace años los efectos de la sobreexplotación del acuífero de Doñana. Las lagunas permiten observar a simple vista el estado del nivel freático, ya que al estar situadas sobre arenas, que son terrenos permeables, la lluvia se filtra a las aguas subterráneas y no permanece en la superficie sino que alimenta el acuífero. Señalan, por así decirlo, el nivel freático de las aguas subterráneas hasta que emergen.
Las lagunas temporales reducen su estacionalidad (desaparecen antes) y las permanentes se vuelven temporales. Muchas han desaparecido y han sido invadidas por la vegetación. El impacto sobre la biodiversidad es directo y brutal. Las libélulas, por ejemplo, son otro excelente bioindicador, habiéndose reducido el número de especies casi al 50%, ya que hay muchas que dependen del agua.
200 invertebrados, once especies de anfibios, cuatro de reptiles, dos de mamíferos y 200 plantas acuáticas dependen de este ecosistema que los agropiratas, que podrían recibir patente de corso, ponen en peligro.