221 personas. Asesinadas. Y tiradas a una fosa común del cementerio de Nerva (Huelva). Es la mayor fosa común documentada en zona rural de Andalucía. La tierra, como testigo de la represión en la cuenca minera, acoge los huesos de quienes fueron asesinados a tiros por el franquismo. Los trabajos arqueológicos para recuperar los restos óseos ya han comenzado.
El proceso de excavación cuenta con el apoyo económico de la Diputación onubense (15.000 euros) y el soporte logístico del Ayuntamiento nervense. La Junta de Andalucía, mientras, mira de perfil. El Gobierno regional despacha el permiso para realizar los trabajos (trámite obligatorio según la Ley de Memoria Histórica andaluza) y se ofrece “para un futuro acuerdo de colaboración” a tres bandas, según las fuentes de la administración autonómica consultadas por eldiario.es Andalucía.
El camposanto de Nerva ya vivió un primer proceso de localización y delimitación de la fosa que culminó en 2018. La tarea sirvió para constatar la existencia de los cuerpos con evidencias de muerte violenta. Los huesos aparecen a escasos 30 centímetros de la superficie.
Existen “un mínimo de cuatro fosas”, apunta el arqueólogo director del proyecto, Andrés Fernández. La primera fase ataca una sepultura colectiva con unas dimensiones de “entre 15 y 20 metros de largo”. Todas tienen una anchura de dos metros. La “fosa 1” puede albergar “en torno a 30 cuerpos”.
¿La segunda mayor fosa excavada en Andalucía?
De confirmarse las cifras, Nerva será la segunda mayor fosa abierta en Andalucía en zona rural. “Teba (Málaga) quedó en 151 víctimas y Puerto Real (Cádiz) no llegó a 200”, cita Fernández. La tumba colectiva más grande exhumada en España y Europa occidental fue la de Málaga, con 2.840 cuerpos.
“Actuamos en una superficie de unos 40 metros cuadrados”. Eso para empezar. “Ahora veremos el perímetro real de esa fosa número 1”, dice el arqueólogo. Y el número de víctimas exacto que yace en la tierra rojiza.
“Pueden estar un mínimo de 30 cuerpos, depende de los niveles que tengamos”, afirma. “Con nombre y apellidos tenemos 221 víctimas documentadas, según la investigación previa”, precisa Andrés Fernández. Son una parte de los ejecutados en la zona. “1.500 es el número del que se habla de la represión en la Cuenca Minera”, cita.
Una de las “grandes dificultades” es el propio terreno. La evaluación previa señala que es posible llevar a cabo “una exhumación individual y ordenada de los cuerpos”, según el propio director del proyecto. Y que el estado de conservación de los restos óseos detectados hace posible el estudio antropológico y la futura identificación genética. “La experiencia en fosas similares como Zalamea o El Madroño nos dice que el deterioro de los huesos puede ser considerable, por el PH del terreno”, explica.
Dos lecturas institucionales enfrentadas
La exhumación de los restos hallados en las fosas comunes del municipio onubense ha arrancado el lunes 20 de mayo. El presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo (PSOE), ha visitado la zona, acompañado por los diputados territoriales de la Sierra y Cuenca Minera, Ezequiel Ruiz y Mercedes López, y por el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala.
El ente provincial “se comprometió a llevar a cabo esta actuación al no haber sacado aún la Junta de Andalucía una nueva licitación de los trabajos ante la petición de los familiares de las víctimas de la dictadura franquista de este municipio que fueron trasladados, fusilados y enterrados en el cementerio de Nerva”, según informa la Diputación en una nota.
La Junta no aporta una misma lectura del caso. “Cuando Diputación de Huelva y Ayuntamiento de Nerva pidan un acuerdo, la Junta de Andalucía lo firmará y participará, en las mismas condiciones que en otros procesos como el de Pico Reja en Sevilla, por ejemplo”, explican a este periódico fuentes del Gobierno andaluz.
“La Diputación ha pedido permiso para iniciar los trabajos con sus recursos y la Junta lo autoriza”, continúa. El Ejecutivo regional reconoce un “protocolo general de colaboración” suscrito entre las dos administraciones “que viene de la anterior etapa”, con la ya extinta Dirección General de Memoria Democrática.
Pero es un plan “para toda la provincia” y “las actuaciones específicas requieren de un convenio específico”, subrayan. Además, “hace un año se sacó a concurso el trabajo en la fosa de Nerva y quedó desierto”. Por lo que, ahora, Diputación pide permiso y la Junta autoriza la tarea. “Ese es el caso”, dicen las fuentes regionales.
“Desde la Diputación siempre se ha apoyado económicamente trabajos de exhumaciones de fosas”, ratifica el presidente de la institución provincial. La “sensibilidad” y “profundo respeto” hacia “las personas que fueron represaliadas durante la guerra” es parte del “conocimiento de los hechos acaecidos” como elemento reparador “y, a la vez evitar que estos hechos se repitan en el futuro”, subraya Caraballo.
“Que los familiares se reencuentren con sus víctimas”
“Estamos muy contentos con que arranque la intervención y convencidos de que lo vamos a terminar”, dice Juan Barba, de la Coordinadora Cuenca Minera de Riotinto para la Recuperación de la Memoria. “Que los familiares puedan por fin reencontrarse con los restos de sus víctimas”, subraya.
“Llevamos con este proceso, con la parte teórica, desde el año 2014”, sostiene. Un camino “lleno” de dificultades. “Hubo problemas al principio con las licitaciones que hizo la Junta, con un proceso de contratación generalizada que no funcionó, y poco antes de las elecciones también se echó atrás el proyecto individualizado por defecto de forma, por un problema de tipo administrativo”, explica.
Ahora, “gracias al empuje del Ayuntamiento y la Diputación se ha conseguido que se puedan empezar los trabajos”, apunta. Ha comenzado una primera parte, “pero eso no quita que después de las elecciones veremos cómo continuar con todas las fases”, indica Barba. “Y esperemos que continúe con la ayuda también de las instituciones nacionales” y del nuevo Gobierno de España encabezado por Pedro Sánchez.
“Porque previsiblemente la Junta no va a asumir… aunque está por ver, porque la consejera de Cultura no ha dicho que no a esto”, manifiesta. Ahí, en esa dicotomía, navega el mundo memorialista.
¿Darán dinero PP y Cs para la Memoria?
Andalucía sigue abriendo fosas comunes del franquismo. Pero a paso lento. En la región de España más castigada por el genocidio fundacional de la dictadura de Francisco Franco, la de Nerva es la única fosa abierta, amén del trabajo continuado en San Fernando (Cádiz).
Un ralentí en las tareas exhumatorias que mantiene en vilo a los familiares de víctimas del terror golpista. Las asociaciones de derechos humanos también reclaman que el Ejecutivo de PP y Ciudadanos liderado por Juan Manuel Moreno Bonilla cumpla con el Plan Andaluz de Memoria Democrática. Sobre la mesa, un presupuesto de 5 millones de euros en el periodo 2019-2022.
Se trata de la apuesta más ambiciosa para abrir fosas y cunetas a nivel estatal. Está por ver si la Junta de Andalucía, con la presión de Vox que pide la derogación de la ley memorialista, cumple el proyecto aprobado en el Parlamento andaluz. Hasta ahora dice que sí, según palabras de la propia consejera de Cultura, Patricia del Pozo, que “la ley hay que cumplirla”. El detalle de los próximos presupuestos dirá si, en efecto, hay dinero para la Memoria.