Las reuniones para diseñar la hoja de ruta del futuro de Doñana, impulsadas por los gobiernos central y andaluz, siguen adelante en un ambiente en el que todas las partes subrayan el tono positivo y en el que se está invitando a todos los actores sobre el terreno (agentes económicos y sociales, agricultores y ecologistas) a que hagan propuestas sobre las líneas de desarrollo por las que creen que debe apostar el bautizado como Plan de Acción de Desarrollo Territorial con el que el Ejecutivo central invertirá 350 millones de euros en la zona. Ahora mismo hay muchas opciones abiertas (se ha puesto la fecha del 20 de octubre como límite para realizar sugerencias), y una de ellas pasa incluso por la compra de tierras a los regantes que se iban a beneficiar del indulto que planteaba la ley ahora congelada, una posibilidad que la Junta de Andalucía ha admitido por primera vez.
El encargado de lanzar el mensaje ha sido el consejero de Medio Ambiente y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, que en una entrevista en Canal Sur Televisión, y preguntado directamente por esta posible adquisición de suelos, ha abierto la puerta de par en par al afirmar que “nosotros no estamos cerrados a nada” ni desde la Junta “descartan nada”. De hecho, considera que en las reuniones que se están manteniendo hasta la fecha “no se han puesto líneas rojas en torno a las medidas que vamos a adoptar”, a lo que ha añadido que “no es el momento ahora de empezar a ponerle puertas al campo”.
De esta manera, ha dado un paso más allá tras esquivar varias veces la cuestión en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno del pasado martes. “La única cosa que tenemos clara desde la Junta de Andalucía”, ha apostillado, es que las prioridades pasan por proteger Doñana y “aportar soluciones para el desarrollo social y económico de la zona”, sean las que sean. “Con esas dos premisas vamos a la negociación”, aunque una cuestión muy a tener en cuenta es que estos suelos son ahora de secano y que sólo iban a pasar a ser de regadío con la proposición de ley. El paso de una calificación a otra puede multiplicar hasta por diez su valor.
En paralelo, y de manera formal, desde el Gobierno andaluz lo que se apunta es que los encuentros celebrados hasta la fecha “han terminado con la voluntad común de aportar ideas, medidas y proyectos en torno a Doñana”. “Los asistentes han valorado positivamente la voluntad de diálogo de ambas administraciones y han mostrado su posición colaborativa para lograr el mejor resultado” ante la perspectiva de los 350 millones en inversiones que trae bajo el brazo el Ejecutivo central, que la Junta de Andalucía todavía no ha aclarado si complementará con aportaciones propias.
El consejero de Medio Ambiente también ha admitido que, lo que al final se ponga en marcha en Doñana, “a lo mejor no va a satisfacer al 100% de los agricultores”. La afirmación parece tener como destinataria la Plataforma de Regadíos del Condado, que se ha mostrado especialmente intensa en su apoyo a la proposición de ley que presentaron PP y Vox en el Parlamento andaluz para legalizar terrenos que ahora extraen agua del acuífero de manera ilegal.
Además de insistir en que, sea como sea, habrá que modificar el conocido como Plan de la Fresa (que ordena los regadíos en la comarca), Fernández-Pacheco también ha recordado la bala de plata que se guarda el Gobierno de Juan Manuel Moreno: una vez que se conozcan las propuestas del Ejecutivo central tras escuchar al territorio, “valoraremos si cumple las expectativas o no de cara a dejar de tramitar” la ley. Moreno, por cierto, ha subrayado en el Parlamento andaluz que “no he rectificado ni pedido disculpas” sobre Doñana por el hecho de iniciar este proceso negociador, y es que insiste en que “no nos hemos equivocado” en la línea de actuación mantenida.
En cuanto a las reuniones mantenidas hasta la fecha, las organizaciones y colectivos convocados se muestran confiados en que no se deje pasar esta oportunidad para tomar de verdad cartas en el asunto de Doñana. Por ahora, ambas administraciones les han pedido que esperan sus aportaciones hasta el 20 de octubre, han solicitado que la invitación a participar se haga extensiva a otras entidades que no han estado presentes en los encuentros y se insiste en que se quieren líneas estratégicas, no peticiones concretas de proyectos. El momento de éstos llegará cuando se conozcan cuáles son las apuestas que se hacen desde el territorio, un proceso que gestionará una oficina que se creará de manera específica para ello.
“Nos parece fantástico, pero esperamos que se afronten los retos de presente y futuro más próximos y que se contemplen los efectos del cambio climático”, ha señalado al respecto el coordinador de la oficina de WWF en Doñana, Juanjo Carmona, para quien “no puede haber más regadíos ni consumo de agua” en la comarca. “Doñana puede ser un espacio pionero, es el momento de demostrar que somos capaces de innovar”, ha subrayado, a la vez que se ha mostrado escéptico con la posibilidad de comprarle a los agricultores los suelos que la ley iba a convertir en regables: “Hay que tener en cuenta consideraciones jurídicas y administrativas prácticas, ¿qué se compraría, el cese de una actividad ilegal?”.
Por su parte, Juan Romero, de Ecologistas en Acción, ha destacado que Gobierno central y Junta de Andalucía han expresado su “voluntad muy sincera de trabajo en común”, aunque avanza que entre sus propuestas se incluirán cuestiones como “reducir las extracciones de agua, no aumentar ni un metro cúbico las concesiones de regadío o que todas las medidas que se implanten cuenten con el asesoramiento científico de la Estación Biológica de Doñana”. A ello añade que el Consejo de Participación de Doñana “recupere competencias plenas” y que “se solucione la parte social”, aportando soluciones para unos asentamientos chabolistas en los que “se vulneran los derechos de los temporeros”.
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