El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno (PP), sorprendió en el acto de presentación del acuerdo entre los gobiernos central y andaluz para Doñana al garantizar por su parte una inversión de 700 millones de euros para la zona, con lo que igualaba la cantidad que pone sobre la mesa el Estado con sus dos planes, el ambiental (presentado hace un año y dotado con 356 millones) y el socioeconómico (350 millones). Hasta ese momento, la contrapartida a la inversión estatal era que el PP iba a dejar caer su polémica proposición de ley sobre regadíos, así que con estos 700 millones no contaba nadie. “En total, más de 1.400 millones para garantizar el desarrollo sostenible de los municipios del entorno de Doñana en el periodo que va de los años 2023 a 2027”, afirmó Moreno.
Pero la cifra tenía su truco, porque a ella se llega sumando todos los proyectos que el Gobierno andaluz tiene en esta zona, todos más que anunciados, en muchos casos iniciados y con algún que otro incluso ya ejecutado. Efectivamente, son obras que el Ejecutivo andaluz está desarrollando o va a acometer en los 14 municipios del área de influencia de Doñana, pero entre sus inversiones no incluye ninguna propuesta nueva y se limita a recopilar y ordenar todas sus actuaciones.
Algunos de estos proyectos, de hecho, están incluso terminados, como es el caso de la depuradora de La Antilla. Curiosamente, el documento que detalla sus aportaciones no incluye la única realmente nueva que va a asumir el Ejecutivo andaluz, que es el complemento que va a aportar para que los agricultores de la Corona Norte (los que se iban a beneficiar con la ley de regadíos) cobren más que el resto de los del entorno de Doñana.
En total, la Junta cifra su inversión de 728,9 euros, una cantidad que se llevan en su mayor parte las infraestructuras hidráulicas, con 334,8 millones. En este capítulo, la partida más elevada (con 70 millones de euros) es para la depuradora de El Copero, la más grande de Andalucía, que se levanta en término de Dos Hermanas para dar servicio sobre todo a Sevilla capital y que lleva varios años ejecutándose. El siguiente gran proyecto es el de los colectores de Sevilla, con 54 millones de euros.
¿Si la capital hispalense se lleva estas cantidades, significa esto que la Junta está incluyendo iniciativas que no tienen nada que ver con Doñana? Tampoco es eso, porque los vertidos de Sevilla van al Guadalquivir y acaban en Doñana, de ahí que sea una de las obras que se están acometiendo que más impacto pueden tener en el enclave natural. Lo mismo ocurre con otras iniciativas que pueden parecer también alejadas, como las de Burguillos, El Rompido o la sierra onubense, por donde entra el agua para todo el anillo hídrico de la provincia. Otra cosa es que no son obras que sean precisamente una novedad, porque algunas llevan varios años metiéndose en los presupuestos andaluces sin llegar a arrancar y otras ya estaban incluidas en los sucesivos decretos de sequía que ha impulsado la Junta.
Sí choca más que el Gobierno andaluz incluya entre sus aportaciones las ayudas de la PAC. El bloque de medidas vinculadas al sector agrícola y ganadero es el segundo más importante tras el hidráulico, con 251,5 millones de euros, la mayoría de los cuales (212,5 millones) son fondos Feaga con los que se abonan los pagos directos a los agricultores en el marco de la PAC y los programas operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas. Otro tanto ocurre con los restantes 39 millones, que van a llegar vía fondos Feader.
Otro caso significativo, porque es uno de los más conocidos, es la compra de 7.500 hectáreas en la finca Veta la Palma, en el municipio sevillano de La Puebla del Río, que hace las veces de refugio de aves cuando Doñana está sin agua como ahora y que en el futuro servirá para ampliar el parque nacional. Juan Manuel Moreno anunció esta operación el pasado 12 de septiembre, se ha programado en los presupuestos andaluces del año que viene (el coste es de 72 millones, aunque 48 serán fondos europeos y 24 recursos propios) y ahora se ha incluido en el acuerdo con el Ejecutivo central.
El propio portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha esgrimido este martes que iniciativas como la presentada el lunes “no tienen que albergar medidas nuevas”, y que es normal que estos planes lo que hagan es “articular una serie de medidas que están planificadas, que se están poniendo en marcha o se van a poner en el futuro”. En este contexto, la única aportación novedosa que se hace es la partida exclusiva para los regantes de la Corona Norte de Doñana, que podrán recibir hasta 100.000 euros por hectárea frente a los 70.000 como máximo del resto de agricultores. Ello será posible gracias a que la Junta complementará con 20.000 euros los 70.000 que pone el Ejecutivo central, a lo que se suman otros 10.000 de la Diputación de Huelva.
El presidente de esta institución provincial, David Toscano, ha señalado este martes que han reservado 10 millones de euros para afrontar este compromiso, lo que implica que un máximo de 1.000 hectáreas podrían acogerse a esta ayuda adicional. El Gobierno andaluz no ha revelado cuánto pone para este apartado en concreto, pero si la Diputación pone una decena de millones eso implicaría que la aportación de la Junta sería de justo el doble, 20 millones de euros.
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