Hace 18 años, cuando todavía no existía el actual sistema de contratación en origen para la campaña de la fresa de Huelva, un empresario ya lo aplicaba como prueba piloto. El cartayero Antonio Luis Martín, aunque cuando se pregunta por él en su pueblo hay que hacerlo por ‘Curi’, detectó que la mano de obra para la fresa escaseaba, y decidió actuar.
Hoy día, su experiencia le lleva a pensar que hay cosas que fallan en el sistema. Por encima del caso de las diez mujeres marroquíes que han denunciado abusos sexuales y/o laborales en una finca de Almonte, este empresario tiene claro que hay cosas que cambiar en el sistema, o miles de mujeres renunciarán a volver a Marruecos cuando acabe su contrato. Asegura, además, que a falta de datos oficiales, “entre 3.000 y 4.000 mujeres no han vuelto a Marruecos al terminar la campaña de este año, y esto hay que arreglarlo”.
Para llegar a su finca hay que entrar en el Paraje Pilar de la Dehesa, donde lleva trabajando con las fresas y sus derivados desde 1982. Lo tiene acondicionado para que vivan algunos de sus trabajadores, y entiende que esa es parte de la clave para evitar imágenes como las de los asentamientos de cartón y plástico: que los agricultores tengan las ayudas necesarias para evitar que los trabajadores inmigrantes vivan en cualquier sitio.
Con todo lo que ya tiene a sus espaldas, hace memoria: “Empecé en el año 2000 a contratar a inmigrantes mediante una prueba piloto, porque me di cuenta de que el sector de la construcción y servicios nos dejaban huérfanos de mano de obra al campo de Huelva. Había gente de Sevilla, Málaga e incluso de Huelva, que había dejado de venir al campo, porque ganaba más dinero en otros sectores, y había que actuar para no perder las campañas. Hicimos una primera prueba piloto en Polonia, con 1.000 mujeres, y posteriormente en Rumanía”, recuerda.
Previamente, se había abordado este problema en el INEM, sin resultado. Así que se decidió abiertamente buscar mano de obra extranjera para salvar los cultivos.
Primera experiencia en Marruecos
Polonia, Rumanía, Bulgaria, y, al final, Marruecos. En 2003, Antonio Luis cogió un avión y se plantó en Marruecos a buscar mano de obra. “Vi que era posible que hubiese problemas con la mano de obra si entraban nuevos países en la Unión Europea, como pasó cuando Rumanía ingresó de pleno derecho, así que pensé que había que mirar al sur, unir lazos con Marruecos, y así se hizo”. El asunto ya no tenía marcha atrás, y acabó teniendo un respaldo inusitado de la Unión Europea.
En 2005 se crea AENEAS Cartaya, destinado a encontrar inmigración en origen en Marruecos, para que cuando acabase la campaña volviesen a su casa. Tal fue la aceptación que obtuvo un total de 1,196 millones de euros del Programa “AENEAS”, de la UE, que contaba entonces con 1,495 millones en total. Suponía la mayor subvención concedida en el marco de este programa para la contratación en origen, con el fin de eliminar los flujos migratorios ilegales.
Entre los objetivos principales del “AENEAS” se encontraban “reforzar la cooperación con Marruecos para extender la contratación en origen y eliminar los flujos migratorios ilegales”, todo con la idea de que, en modo alguno se asociasen productos como la fresa o la naranja de Cartaya con la mano de obra ilegal.
Desde el municipio onubense, se metió mano al asunto a fondo. Se contrataron mediadores, se realizaban clases de orientación, se trabajaba en Marruecos con Anapec la agencia nacional de empleo marroquí, a la que “les decíamos los perfiles que necesitábamos y ellos cogían gente en zonas similares que las agrícolas de Huelva. Lo hicimos más global, uniéndome a citricultores de la provincia, y seleccionamos a trabajadores en Marruecos”.
De hecho, este empresario se recorrió Marruecos en sus cuatro puntos cardinales, en zonas como Benimilar, cerca de Casablanca, Fez, Kinitra o Agadir, “siempre con la idea de que no podíamos crear problema al gobierno de Marruecos, y evitar que hubiera discriminación por dejar gente de lado”. La idea funcionó.
Un perfil de trabajadoras con arraigo
Con el paso del tiempo, el programa ha creado problemas, derivados sobre todo de la cantidad de mujeres que han querido escapar de la férrea disciplina del Gobierno marroquí y establecerse en España. A pesar de que las trabajadores firman un contrato de arraigo, lo hacen con su pasaporte, no con su documento oficial de identidad. Si se quieren quedar en España basta con denunciar la pérdida o robo del pasaporte, pedir uno nuevo y esperar que alguien les haga un contrato de un año de duración para tener base legal para no volver a casa.
En esencia, a las mujeres se les hace un contrato similar a una VISA de turista para entrar en países como Estados Unidos. Esto es que tienen permiso de residencia en España mientras dura su contrato laboral. Cuando acaba la recogida de la fresa tienen que volver a su país, aunque con cierto margen para organizar el viaje, sobre todo las que no viven en grandes ciudades marroquíes. En el caso de las mujeres que denunciaron a su patrón en Almonte y se mantienen esperando juicio en Málaga, cuentan con una premisa especial precisamente por tener que esperar que se lleve a cabo un proceso judicial.
La idea de los productores es que su mano de obra tenga arraigo, con lo que no quieren contar con mujeres que puedan tener doble nacionalidad de algún país de la Unión Europea, además de que estén casadas en el momento de viajar. Eso imposibilita también un hipotético matrimonio de conveniencia para no volver a su país.
“A falta de datos oficiales, este año se han quedado de 3.000 a 4.000 personas sin volver a Marruecos. Ya avisamos antes de que pasara de que podía pasar”, explica el empresario, que entiende que “es a Marruecos al que hay que decirle que tienen que poner trabas a sus ciudadanos para que regresen, porque, si no, se puede inundar España de trabajadores sin papeles, porque hay empresarios que tienen la tentación de contratarlos”.