El Servicio Andaluz de Salud (SAS) firmó a comienzos de marzo un contrato “de emergencia” con la empresa José Manuel Pascual para concertar los servicios de asistencia sanitaria complementaria en el Distrito Huelva-Costa. El coste y la durabilidad del contrato: 2,8 millones de euros “como importe máximo” en función de su utilización y una duración inicial de tres meses susceptibles de prórroga. El caso es que el Hospital Virgen de la Bella, ubicado en Lepe, no está en disposición de prestar prácticamente la mitad de las especialidades que contempla el concierto. Para el SAS, se trata de “un contrato de disponibilidad por actos asistenciales, no por cartera de servicios”, es decir, que “a la empresa se le abona por las asistencias concretas que preste a usuarios del sistema sanitario público andaluz, no de forma general por una cartera de servicios determinada. Se paga por acto realizado”.
Mientras el hospital público de Alta Resolución de Lepe sigue esperando tras más de 20 años de batalla política, la Junta ha dado luz verde a este nuevo centro que no tiene especialistas para cubrir hematología, neumología, rehabilitación, oftalmología, pediatría o ginecología, pero que tiene otras áreas como salud mental, dermatología o cirugía vascular que no se han concertado, según avanzó SER Huelva tras acceder a un documento interno firmado por el gerente del distrito sanitario onubense. Esto es, seis de las trece especialidades concertadas no tienen médicos especialistas.
“La Junta no puede pagar al centro por servicios o asistencias que no preste o no oferte”, argumentan desde el SAS a este periódico, añadiendo que “las especialidades que no pueda ofertar el Virgen de la Bella se van a seguir prestando en los hospitales de referencia, que son el Infanta Elena para la comarca y el Juan Ramón Jiménez a nivel provincial”. Se concierta, básicamente, “para quitar presión asistencial a los hospitales de la capital y a la espera de poner en marcha en nuevo hospital de alta resolución”, insisten desde el SAS.
La Junta, que defiende el contrato firmado con el Hospital Virgen de la Bella “para concertar servicios de asistencia sanitaria complementaria”, indica que supone “una mejora en la accesibilidad de los usuarios de la Costa de Huelva a los servicios de salud, así como incrementar los recursos para hacer frente a las necesidades de la pandemia de Covid-19” mientras se sigue “a la espera de que se pueda poner el marcha el hospital público construido en la zona por la administración autonómica”.
El acuerdo contempla urgencias, ingresos médicos y quirúrgicos, cirugía ambulatoria, primeras consultas y consultas sucesivas, procedimientos diagnósticos y sesiones de rehabilitación, según anunció la Junta en su momento. El concierto, suscrito “de emergencia” como consecuencia de la pandemia, afecta a cerca de 100.000 usuarios de la comarca.
Desde CCOO se apunta a este periódico que “ante una denuncia de un mal uso de dinero público, en aras de la transparencia, esto requiere obligatoriamente una aclaración por parte de las autoridades sanitarias y, si procede, una investigación”.
Por su parte, la Asociación 'Onubenses unidos por una sanidad pública de calidad' (Onusap) ha convocado una movilización el próximo día 30 de mayo a las 11.00 horas en Lepe (Huelva) para protestar contra este concierto al considerar que “no es capaz de proporcionar lo que figura en el contrato” y supone “casi un millón de euros mensuales que se dejan de invertir en lo público”. “Nos hemos encontrado que la mitad de las especialidades contratadas no tienen personal”.
En un comunicado, Onusap ha señalado que “hemos elegido Lepe porque Lepe y su frustrado CHARE constituyen para nosotros todo un símbolo del ninguneo y abandono de nuestra sanidad por parte de los distintos gobiernos. Es conocida la secuencia: en pocas semanas se ha pasado del anuncio de la delegada del Gobierno andaluz de abrir el CHARE como un centro de consultas a la promesa del consejero de Salud de un hospital público 'completo' en la zona, para, finalmente, proceder al concierto con una empresa privada que ni siquiera es capaz de proporcionar aquello que figura en el contrato y que hace que casi un millón de euros mensuales se dejen de invertir en lo público. Por supuesto, no se atisba ningún movimiento en cuanto a la reparación o dotación del mencionado CHARE, ni a la búsqueda de personal del mismo”.
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