La guerra por el agua en el entorno de Doñana es una realidad que azota a la comarca desde hace años, especialmente desde que el boom de los frutos rojos dibujase un horizonte de gran rentabilidad económica. En una tierra en la que no abundaban, de repente se produjo una explosión de cultivos de regadío que chocaba con la realidad de que la única fuente de recursos hídricos sea el propio acuífero del Parque Nacional, lo que no frenó una actividad que en parte creció a las bravas. Para intentar que la cuestión no se terminase de ir de las manos, la Junta de Andalucía aprobó en 2014 el Plan Especial de Ordenación de la Corona Forestal de Doñana, popularmente conocido como Plan de la Fresa, que nació para zanjar la cuestión en teoría de una vez por todas.
Hoy, cuando no se han cumplido ni ocho años desde su aprobación, el plan es poco menos que papel mojado. Al hecho de que no se han cumplido muchas de sus disposiciones se une ahora la proposición de ley de PP, Cs y Vox para indultar más de 1.400 hectáreas de regadíos de la zona que llevan años literalmente robándole el agua a Doñana, porque el Plan de la Fresa ni mucho menos ha logrado frenar los riegos ilegales. De hecho, la organización ecologista WWF calcula que la superficie de cultivos de frutos rojos en situación irregular ha aumentado más de un 13% desde 2014.
Según esta entidad, existen casi 8.000 hectáreas de cultivos intensivos bajo plástico, de las cuales más de 1.600 están en situación irregular. Es decir, la inmensa mayoría ya funcionan desde hace tiempo de forma legal. Sin embargo, la amnistía que se ultima bendecirá el 85% de la superficie sin permiso de riego. Además, del total de hectáreas fuera de suelos agrícolas regables, casi 1.000 hectáreas de cultivos están ubicadas en montes de utilidad pública; 380,6 en zonas de especial protección de los recursos naturales y 166,3 en zonas de corredores ecológicos.
Así que la ordenación que trajo este plan no se ha rematado (calculan que hay un 17% ejecutado), y así lo viene a admitir ya incluso el PSOE, que gobernaba en la Junta cuando se aprobó y que ahora considera que sí se pueden regularizar unas 500 hectáreas de las 1.400 a las que le quieren dar luz verde los tres partidos de derechas. Eso, en la práctica, es una enmienda a buena parte del trabajo que se hizo en su momento con el aval de los informes jurídicos de la propia Junta para determinar qué suelos tenían derecho a usar agua: inicialmente se le permitió a 9.340 hectáreas, aunque en el periodo de alegaciones se admitieron 470 más.
Este marco que dibujó el Plan de la Fresa, por cierto, ha recibido después el aval de la justicia, ya que desde su aprobación han sido centenares las reclamaciones presentadas para tener acceso a recursos hídricos. Los tribunales, en un goteo constante durante años, no le han dado la razón a los agricultores en ninguno de los casos que han tenido que juzgar, lo que en teoría debería haberse entendido como un blindaje de la norma.
Pero lo cierto es que la Junta, primero con el PSOE y luego con PP y Cs, ha mirado para otro lado mientras los cultivos ilegales seguían creciendo mientras algunos ayuntamientos de la zona también hacían la vista gorda. La alta rentabilidad de los frutos rojos los ha convertido en la base de la economía local y ha propiciado que al final nadie haya dado pasos firmes en un área que se conoce como la Corona Norte de Doñana y que se extiende por los términos de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado.
De hecho, la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado que aglutina a estos agricultores ha recordado que “desde hace décadas han recibido autorizaciones de riego, subvenciones y ayudas para proyectos de regadío y producción de berries, e incluso han abonado el pago por canon agrícola”. “Nadie nos ha dicho, durante décadas y varias generaciones, que esas tierras no se podían sembrar y la administración ha sido consciente del uso que tenían”, por lo que postula que son parcelas con derechos históricos, que es el mismo argumento que esgrimen PP, Cs y Vox.
Con todos estos mimbres, no es de extrañar que, cinco años después de su puesta en marcha, WWF calculase que solo se habían aplicado el 17% de las medidas recogidas en el Plan de la Fresa. La administración más implicada, apuntan, es la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo estatal que es precisamente el encargado de conceder los derechos de agua, aunque ni siquiera su cruzada contra los pozos ilegales ha frenado el saqueo del acuífero de Doñana.
Los datos que aporta la propia CHG es que entre 2018 y 2021 se han clausurado 555 captaciones sin permiso, entre sustituciones de agua subterránea por superficial y ejecuciones forzosas. Pero en la práctica las cosas no cambian, por mucho que se multipliquen inspecciones y actuaciones, y una muestra la tenemos en los pozos que se cerraron en Lucena en 2019 (en medio de un clima de gran crispación social en la zona) en aplicación de resoluciones judiciales: un año después, y según los datos de WWF, la superficie de cultivo bajo plástico se mantenía igual, lo que indicaba que el agua se estaba cogiendo de otro lado.
Todo esto ocurre, con el acuífero declarado como sobreexplotado de manera oficial desde 2020 por la CHG, a lo que se unió el pasado mes de junio que la justicia europea condenó a España por no proteger a Doñana del expolio de agua. Ni una cuestión ni la otra, como tampoco el Plan de la Fresa o el cierre de pozos, han conseguido en definitiva frenar este saqueo permanente.
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