Hasta hace un año, Aljaraque no era más que unos de los 79 municipios onubenses e, igual que otros muchos, con un gobierno en minoría, del PSOE concretamente. En diciembre todo cambió con la presentación de una moción de censura y su retirada posterior. Fueron días frenéticos que han terminado en el juzgado. Esta semana comienzan las declaraciones de los investigados en un caso de presunto soborno que habría terminado con echar para atrás la moción de censura, en base, según consta en la denuncia, a un puesto de trabajo para uno de los firmantes de aquella moción. Entre los que tendrán que pasar ante el juez está el secretario general del PSOE onubense y presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo.
¿Qué importancia tiene este pueblo para que un pacto político termine en los tribunales?
Es un pueblo clave para el reparto del poder en la Diputación onubense. Sus casi 20.000 habitantes aportan dos diputados a la comarca, que ahora mismo se reparten PSOE y PP. En las municipales de 2019 un sólo baile de votos en este pueblo podría decantar la mayoría absoluta de la Diputación, que ahora tiene el PSOE, a favor del PP, ya que sólo tres diputados les separan en estos momentos.
¿Cómo empieza un caso político que, finalmente, ha terminado en los tribunales?
En diciembre de 2016 se anuncia que el PP y Sí se Puede, marca blanca de Podemos en el pueblo, firman un pacto para echar a la socialista Yolanda Rubio de la alcaldía. Los ediles que apoyaban al PP sostenían que había 13 puntos programáticos no cumplidos por la edil socialista en su acuerdo con ellos, y que suponía incumplir el 75 % del programa.
¿Cuándo llega el caso al juez?
Desde que se anuncia la ruptura del pacto se suceden varias reuniones en el pueblo. En una de ellas, uno de los presentes, que acudió como asesor de Sí se Puede, M.A.A., asegura que en la reunión se ofrece, por parte del PSOE, un puesto de trabajo en una empresa pública de gestión de agua a la esposa de uno de los concejales de la formación, Francisco Martín. M.A.A. no lo denuncia en ese momento, sino que realiza varias grabaciones de conversaciones en días sucesivos manteniendo una actitud de normalidad, aunque mostrándose en contra de aceptar la oferta. La denuncia fue presentada el pasado 9 de febrero, y en ella se solicita que se investigue la reunión mantenida en Aljaraque el 10 de enero anterior.
¿Qué sucedió en tres semanas para que finalmente se presentase la denuncia?
El denunciante realizó varias grabaciones telefónicas desde el 10 de enero. Prácticamente grababa todas las llamas que recibía. En una de esas grabaciones registra un ofrecimiento realizado por el sindicalista onubense José Luis Rodríguez del citado puesto de trabajo a la mujer del edil de Sí se Puede. En la denuncia se recoge que Rodríguez acudió al encuentro del 10 de enero como “enviado político de Ignacio Caraballo”. Según la misma denuncia, dos días después se anunció la retirada de la moción de censura.
¿Qué se ofreció al otro edil de Sí se Puede, según la denuncia, para retirar la moción de censura?
Directamente no se le ofreció un puesto de trabajo, sino una concejalía sin remuneración, pero con asignación económica por asistir a las juntas de gobierno locales, que podría sumar el equivalente a una nómina a finales de mes. Asegura el mismo denunciante que este concejal, Pedro Escalante, le dijo a él mismo que para el denunciante también había trabajo si quería, con unos cursos remunerados que se podrían adaptar a su currículo en un hipotético concurso.
¿Cuántas grabaciones fueron aportadas con la denuncia?
No se sabe con exactitud cuantos cortes concretos hay grabados, pero sí que son casi seis horas de grabación las que tiene en su poder el denunciante, que se ratificó en su denuncia ante la jueza y el fiscal, con el compromiso de seguir aportando documentación. Con la primera denuncia fue aportado un pendrive con las grabaciones. Días después su teléfono móvil fue requerido por la investigación y llevado a sede judicial a Madrid, con el fin de comprobar si las grabaciones aportadas se habían realizado, efectivamente, con ese aparato.
¿Qué conversaciones hay grabadas como para que el juez haya dado seguimiento al caso?
En la última de las grabaciones hechas públicas, Francisco Martín se pronuncia, días antes de apoyar al PSOE, en contra de seguir con el pacto de Gobierno, con frases muy duras: “No pienso sentarme con esta gentuza, con esta peña de mierda”, dice claramente. Se refiere a la alcaldesa con frases como “¿qué le digo a esta tía?, cuándo me siente con ella ¿qué le digo a esta tía, que llame a la prensa y que le diga que lo del sueldo mío se lo meta en el puto coño suyo (sic)?”. Las relaciones no eran buenas entre los socios de gobierno. Semanas antes, el concejal del PSOE Francisco Javier Martínez Ayllón les llamó “golfos, despreciables, sin escrúpulos” cuando pasó por el lado de ambos justo al inicio de un pleno.
¿Cuándo es aludido en una grabación del caso Ignacio Caraballo?
Hay varias, aunque quizá la más concreta es una en la que se afirma que está al corriente de esta “negociación”. El sindicalista ,José Luis Rodríguez se jacta en otro audio de llevar a cabo gestiones como estas de forma habitual, aunque con cuidado de que no se contrate en los ayuntamientos a tanto cargo directo que haya que se pongan en peligro las nóminas de los funcionarios. El denunciante le pregunta en una de las grabaciones qué pasa con el puesto de trabajo ofertado a la mujer del concejal, y éste le recuerda que todo está amarrado, pero hay que saber hacerlo para no levantar sospechas. Se registran en ese momento frases como “”Metes a alguien en la cárcel. Eso no se puede firmar“. O ”Estas cosas que hay que vestirlas, como comprenderás“.
¿Ha cambiado la vida para el denunciante, cuyo nombre no se ha hecho público?
El 21 de febrero pasado concedió una entrevista a eldiario.es/andalucia en la que aseguraba que su iniciativa le ha valido recibir alguna amenaza y no estar tranquilo en el día a día, incluso a la hora de salir a la calle. Asegura que le motivó a la hora de presentar la denuncia el comprobar que, aparte de los ofrecimientos presuntamente ilegales, el hecho de que las bases del partido Sí se puede no estaban siendo informadas en ningún momento de las negociaciones.
¿Cuántas personas están investigadas en este caso y van a comenzar a declarar esta semana?
La cifra y los nombres no se ha hecho pública. Sí ha trascendido y se ha confirmado que Ignacio Caraballo será uno de ellos. Lo ha reconocido él mismo, aunque asegura que declarará como “testigo investigado”. Sostiene que no tiene “nada que ver en este entierro”, como ha dicho en su única declaración pública al respecto, en la cadena SER.