El regadío ilegal en Doñana sigue a la baja pero supone todavía el 15%: 795 hectáreas que ahora podrán recibir ayudas públicas

La paz de Doñana firmada recientemente por los gobiernos central y andaluz supone empezar (por fin) a trabajar de manera conjunta por el futuro de un parque que en caso contrario tenía muy comprometido su futuro. Casi todo pivota alrededor del acuífero, y en ello tienen gran parte de responsabilidad las extracciones piratas para el riego. Pero a la hora de la verdad, ¿cuánto supone este regadío ilegal? El último recuento hecho por el Ejecutivo central calcula que a día de hoy hablamos de 795 hectáreas, lo que supone casi el 15% (el 14,8%, concretamente) de las 5.349 hectáreas de cultivos bajo plástico. Una cifra, por cierto, que genera su polémica en dos frentes, por un lado porque WWF calcula que en realidad es muy superior y, por otro, porque estos agricultores se van a poder acoger ahora a las ayudas –de hasta 100.000 euros por hectárea– que se van a habilitar por dejar de cultivar y proceder a reforestar sus tierras.

Estas 795 hectáreas, subraya el Ministerio de Transición Ecológica, suponen la reducción a casi la mitad del regadío ilegal con respecto a 2019. Esto se achaca al refuerzo de las inspecciones para el cierre de pozos ilegales, a lo que se suma el incremento de las labores de control de consumo de agua también en las tierras que tienen derechos de agua. Por lo que respecta a los cultivos ilegales, han sido señalados como fuera de la superficie agrícola regable por sistemas de teledetección, para lo que se desarrollan dos campañas anuales: una en otoño, cuando el plástico se coloca sobre los invernaderos, y otra en primavera, momento en el que la campaña de frutos rojos está finalizando.

Los agricultores que tienen invernaderos en estas 795 hectáreas, que riegan con agua que piratean de un acuífero muy sobreexplotado, podrán acogerse ahora a unas ayudas públicas que en el caso de la Corona Norte de Doñana serán de hasta 100.000 euros por hectárea, que aportarán el Gobierno central (70.000 euros), la Junta de Andalucía (20.000) y la Diputación de Huelva (10.000). Los únicos requisitos que deberán cumplir para ello, al margen de convertir sus cultivos en suelo forestal durante 30 años, son básicamente cumplir la ley: pagar las sanciones que se les hayan impuesto y clausurar sus captaciones ilegales.

El cierre de pozos ilegales

De hecho, uno de los elementos clave para la reducción del regadío sin permiso es precisamente el cierre de pozos ilegales. En este apartado las cifras oscilan continuamente, aunque el dato que esgrime el Ejecutivo central a fecha del pasado mes de octubre es que se habían cerrado por ejecución forzosa 239 de estas instalaciones sin licencia y que otras 321 están en tramitación. Junto a ello, se están aplicando medidas cautelares de precintado de los pozos con procedimiento sancionador en trámite: a principios de julio ya se había procedido así con 25 captaciones y se augura el precinto inmediato de al menos 200 pozos en el momento en que se incoe el procedimiento sancionador.

A esto hay que sumar que se han cegado 443 captaciones legales después de que sus propietarios hayan obtenido derechos de riego y reciban ahora agua superficial. Los beneficiarios son miembros de la comunidad de regantes de El Fresno, en los términos municipales de Moguer, Lucena y Bonares, a los que ya llegan recursos provenientes del famoso trasvase de 19,99 hectómetros cúbicos procedente del Tinto, Odiel y Piedras, un agua a la que aspiran muchos agricultores del entorno de Doñana. Este territorio ha dejado de usar recursos subterráneos al recibir 4,26 hectómetros cúbicos de este trasvase, con los que ahora se riegan 815 hectáreas.

Hasta 1.900 hectáreas ilegales

La cifra de 795 hectáreas ilegales, por otro lado, es muy similar a la de los cultivos que se iban a beneficiar del indulto que propiciaba la ley del PP que finalmente –tras el pacto entre Gobierno y Junta– morirá sin aprobarse en el Parlamento andaluz. Aunque en el primer intento, en enero de 2022, se fijó en 1.460 las hectáreas que se beneficiarían, la segunda vez que se presentó la proposición de ley la pasada primavera desapareció cualquier mención a qué superficie se regularizaría. Pese a ello, desde el propio Gobierno andaluz se ha estado barajando que serían unas 750 hectáreas, cifra que la organización ecologista WWF elevaba hasta las 1.900 hectáreas.