Reunión contrarreloj entre Ribera y Moreno en la recta final para aprobar la ley que indulta regadíos en Doñana

La intención del PP andaluz de indultar regadíos en el entorno de Doñana se conoció en enero de 2022, con una proposición de ley registrada en el Parlamento andaluz entonces de la mano de Ciudadanos y Vox. Han tenido que pasar 21 meses desde entonces para que este martes se celebre la primera reunión al más alto nivel entre los gobiernos central y andaluz, un encuentro entre la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, y el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, que tendrá lugar in extremis porque se desarrollará sólo horas antes de que se acuerde si la ley se incluye en el orden del día para su aprobación definitiva la semana que viene, tal y como está previsto inicialmente.

Ribera y Moreno se verán las caras en el palacio de San Telmo, sede de la Presidencia andaluza, una reunión que no ha sido formalmente anunciada por el Gobierno andaluz y que ha trascendido al conocerse la agenda de la ministra de Transición Ecológica. Formalmente, y tras trascender el encuentro, desde la Junta de Andalucía se ha apuntado que sobre la mesa estarán cuestiones sobre medio ambiente y agua, sin entrar en más detalles, pero no se escapa que el foco va a estar puesto sobre una ley que ha enfrentado con dureza a ambas administraciones.

Eso sí, la reunión tiene lugar antes de la aprobación de la ley gracias a que en los últimos meses el PP ha retrasado hasta en tres ocasiones el calendario de tramitación, la última hace un par de semanas después de anunciar que su intención era validarla definitivamente el pasado 27 de septiembre. En estos 21 meses, ambas partes han hecho llamamientos cruzados al entendimiento y a la negociación mientras la Comisión Europea, la ONU, la Unesco y la comunidad científica internacional alzaba la voz una y otra vez (con amenazas de sanciones incluidas) contra la iniciativa de los populares andaluces.

Hasta la fecha el Ejecutivo central ha mantenido que el diálogo sólo era posible si se retiraba la ley, ya que considera que choca frontalmente con los compromisos adquiridos con Bruselas para la recuperación de Doñana y, de hecho, podría precipitar multas en aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que pesa sobre España. Desde el Gobierno andaluz, por su parte, se ha insistido una y otra vez en que la iniciativa legislativa no implica autorizar derechos de riego y se limita a ordenar el territorio, un argumento que hasta la fecha no ha conseguido que cale en ningún organismo o administración.