Entre los siete cementerios que gestiona el Obispado de la Diócesis de Huelva y sus 229 templos de culto, la Iglesia Católica gestiona en esta provincia un total de 441 bienes de todo tipo, incluso suelo que todavía no tiene un uso definido, sin que se tenga constancia del valor total de lo que supondría a las arcas públicas de los ayuntamientos pagar los impuestos correspondientes por estas posesiones.
Sí hay estudios concretos en algunos pueblos, como los realizados por el digital laicismo.org, pero no a nivel provincial, para analizar la repercusión económica que tendría pagar los correspondientes impuestos en los 79 pueblos y tres entidades locales de la provincia.
A la cabeza de la lista se encuentran los templos de culto, que son 229 en total, 24 en la capital y 205 en la provincia. Son datos proporcionados por el Obispado de la Provincia a eldiario.es/andalucia, que indican que en la lista se encuentran templos parroquiales, ermitas, capillas o conventos. Desde pequeñas ermitas, como la de la Hermandad del Santo Entierro de Lepe, una de las últimas en construirse, a la inmensa basílica de la Virgen del Rocío, en la aldea que lleva su nombre.
Los centros pastorales son 47, de los que 14 se encuentran en la capital y 33 en la provincia. En esta denominación entran servicios parroquiales, centros juveniles, centros de espiritualidad o servicios de Cáritas parroquiales. Destacan también los 97 bienes destinados a uso residencial, como las casas parroquiales, viviendas de religiosas o el seminario, de las que 24 están en la capital y 73 en la provincia. En este apartado casi hay una por pueblo (73 por 79).
La iglesia cuenta también en Huelva con 22 centros asistenciales, 18 en la provincia y 4 en la capital, que funcionan como residencias, guarderías o centros de rehabilitación de drogodependientes, o nueve centros de educación y cultura (colegios, centros de formación o centros de cultura), de los que hay cuatro en la capital y cinco en la provincia.
Una única oficina está en el listado, la de la sede central del Obispado de la provincia, 18 parcelas rústicas, ninguna en la capital, y 11 solares de suelo sin edificar, ocho en la provincia y tres en la capital.
Desde el Obispado onubense se recuerda que todos los bienes recogidos en el listado que están exentos de IBI es en base al Acuerdo Iglesia/Estado (artículos 4 y 5); la Ley de Mecenazgo 2002 Art. 15.1; la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 2004 y la Ley de Patrimonio 1985 Art. (69.1).
Además, recuerdan las mismas fuentes que, aunque las casas donde viven los sacerdotes están exentas del pago del IBI, éstos tienen que pagar por sus viviendas particulares, como cualquier ciudadano.
No obstante, el listado es más amplio. A la lista final habría que añadir las sedes de las hermandades, tanto de gloria como de penitencia, que no están contabilizadas en el listado inicial porque no son de titularidad diocesana, sino que los gestionan directamente las hermandades que se encargan de construirlos y llevar adelante su gestión a diario, y cuentan, en base a los acuerdos citados, con una normativa propia pactada con cada Ayuntamiento en función de la Ley inicial.
Casi 90.000 euros sólo en Almonte
A falta de datos provinciales, laicismo.org ha hecho estudios en algunos municipios en concreto, entre los que destaca el resultado que se ha extraído de la localidad de Almonte. No es baladí que en esta localidad la cifra de ahorro llegue a los 84.864 euros, ya que es donde se encuentra la aldea de El Rocío, donde no sólo se encuentra la basílica principal de la Virgen del Rocío, sino las sedes de su más de un centenar de hermandades.
En Almonte, lo correspondiente a bienes religiosos supone el 65 % del total de exenciones del municipio. La lista la forma 32 bienes exentos, de los que nueve corresponden al Obispado y 23 a hermandades. En el mismo pueblo, edificios del Estado cuentan con una exención de 23.039 euros, la Junta de Andalucía con 16.492 euros y la Universidad de Huelva con 6.892, según los datos de la misma página, realizados en base a la petición de Andalucía Laica en base a la Ley de Transparencia.