El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso interpuesto por Greenpeace y Ecologistas en Acción contra el Plan Hidrológico Tinto, Odiel y Piedras, diseñado y gestionado por la Junta de Andalucía, que contempla duplicar la superficie regable en la cuenca que nutriría de agua la ampliación de cultivos de regadío en el entorno de Doñana de la polémica ley del Gobierno de Juan Manuel Moreno.
Las dos organizaciones ecologistas han recurrido el real decreto que aprobó el citado Plan Hidrológico de una cuenca de gestión autonómica, abriendo un frente judicial en medio de las negociaciones avanzadas entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía para suspender definitivamente la ley de regadíos a cambio de una alternativa socioeconómica para la zona.
El recurso ante el Supremo denuncia que la planificación de la Junta para esta cuenca hidrográfica, en la zona norte de Huelva, es “insostenible”, que los recursos hídricos que prevé están “sobreestimados”, que pueden conducir a esta cuenca al “colapso hídrico” y poner en riesgo el consumo humano de los municipios onubenses del entorno.
La proposición de ley de PP y Vox para recalificar parcelas de secano en el entorno de Doñana y ampliar cultivos de regadío en la zona tiene una estrecha vinculación con la demarcación Tinto, Odiel y Piedras, porque allí se sitúa el origen del agua para futuros riegos que ansían los agricultores y los propietarios de dichas parcelas (a falta de ejecutar las obras hidráulicas necesarias para hacer el trasvase hasta la corona norte del Parque Nacional). La ley recalifica los terrenos para permitir el riego a 30 kilómetros de Doñana, pero no autoriza el uso del agua (algo que depende de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, reacia a otorgar nuevos permisos).
Este año, la cuenca Tinto, Odiel y Piedras ha sufrido restricciones por primera vez en su historia por una sequía que obligó a recortar un 25% la disponibilidad para el riego [el pasado 27 octubre, la Junta dictaminó que la situación se había agravado hasta alcanzar la categoría de “excepcional sequía”]. Pese a ello, su plan hidrológico prevé duplicar el número de hectáreas regables y la ley de regadíos impulsada por la Junta prevé extraer de aquí el agua (en superficie) que necesitarán las parcelas recalificadas junto a Doñana.
El citado plan hidrológico fue aprobado el pasado 18 de julio en conjunto con los planes de las Cuencas Mediterráneas Internas de Andalucía y con el del Guadalete de Barbate (Cádiz), después de un tirón de orejas de Bruselas a España por la demora en la aprobación de los planes andaluces. El pasado septiembre, Moreno viajó a la capital europea para defender la “singularidad” de Andalucía ante el cambio climático, por ser “una de las regiones europeas más castigadas por la sequía”, y reclamó una financiación “extraordinaria”.
El presidente de la Junta pedía “una compensación”, pero dos meses antes su Gobierno había aprobado el plan hidrológico del Tinto, Odiel y Piedras, duplicando la previsión de posibles hectáreas de riego, uno de los mayores incrementos de regadío planificados en toda Europa. Se pasaría de las 40.595 hectáreas en riego atendidas por esta demarcación en la actualidad a 74.522 en 2027, un incremento del 83,5%, aunque con unas necesidades de agua todavía mayores: de los 178,22 hectómetros cúbicos al año que se utilizan ahora a más del doble dentro de cuatro años, en concreto 362,06 hectómetros que suponen un aumento del 103%.
El documento también apunta una previsión con vistas a 2039, cuando el crecimiento se ralentiza pero no se detiene, ya que para esa fecha se prevé que las hectáreas en regadío pasarán a ser un 15% más con respecto a 2027 que necesitarán un 14,6% adicional de agua. Según los cálculos del plan hidrológico, de ahora a 2039 entrarán en riego 45.140 hectáreas de cultivos, más incluso que las 40.595 que existen en la actualidad. En cuanto a los requerimientos de recursos, se pasará de los ya apuntados 178,22 hectómetros actuales a 415,23, lo que implica una escalada nada menos que del 237%.
Las dos organizaciones ecologistas que han impugnado el plan hidrológico en los tribunales constatan que “las medidas aprobadas en dicho plan podrían llevar a la cuenca al colapso hídrico, llegando a vulnerarse el derecho humano al agua en algunas de las poblaciones que forman parte de la misma”. El Supremo ha admitido a trámite esta denuncia, justo cuando el Gobierno central y la Junta de Andalucía ultiman los detalles del acuerdo para enterrar definitivamente la polémica ley de regadíos, a cambio de una fórmula alternativa que pasa por una inversión estatal extraordinaria de 350 millones de euros para la toda la comarca.
En el recurso presentado, Greenpeace y Ecologistas alertan de que el inventario de recursos hídricos previsto en el plan está “sobreestimado, sin contemplar las reducciones de aportaciones que establecen los escenarios de cambio climático para este nuevo ciclo de planificación”. En lo que respecta a los usos y demandas, las organizaciones advierten de que este ciclo de planificación prevé un incremento de más del doble en las dotaciones para orientarlas a la obtención de beneficios de la producción agrícola industrial de regadío frente a otros usos, y que, para hacer esto, el plan se apoya en una previsión de recursos hídricos que está “falseada”.
La ley de regadíos junto a Doñana ha desatado el rechazo unánime de la Comisión Europea, la Unesco, la comunidad científica, los ecologistas y el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que amenazó con tumbarla con un recurso en el Tribunal Constitucional si salía aprobada del Parlamento andaluz. Actualmente está paralizada, mientras Gobierno y Junta negocian una solución alternativa.
En abril de 2022, el hoy viceconsejero andaluz de Medio Ambiente, Sergio Arjona, detalló ante el Parlamento Europeo que el Gobierno de Moreno estaba “dispuesto a incrementar el volumen del trasvase” del Tinto, Odiel y Piedras de los 20 hectómetros que recoge la legislación actual a 50 hectómetros, para garantizar el riego de ls 748 hectáreas de secano en la Corona Norte de Doñana susceptibles de recalificación con la aprobación de la polémica ley.
En su recurso ante el Tribunal Supremo, Greenpease y Ecologistas en Acción consideran que el plan hidrológico del Tinto, Odiel y Piedras cuenta con la disponibilidad de unos recursos que no existen en dicha demarcación, “ni hay seguridad de que ”se cuente con ellos en el futuro“. Las organizaciones verdes aseguran que el plan prevé un incremento de las dotaciones que se están realizando desde el Bocachanza al sistema del Tinto-Odiel-Piedras y un incremento de las extracciones, lo que ”implicaría un incumplimiento del convenio de la Albufera por parte de la Junta de Andalucía e iría en contra del principio de unidad y gestión de cuenca“.
En materia de valoración del estado de las masas de agua subterráneas, las organizaciones alertan de que “un incremento de la superficie de regadío vendría a ejercer mucha más presión sobre el estado cuantitativo de los acuíferos, sobre los que se vienen haciendo extracciones ilegales de forma reiterada”.
El hoy viceconsejero de Medio Ambiente, Sergio Arjona, intervino ante la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo el 21 de abril de 2022, cuando entonces ocupaba el cargo de secretario general. En su intervención defendió la proposición de ley para amnistiar regadíos ilegales en el entorno del Parque Natural, aun subrayando que la iniciativa era del Parlamento, no de la Junta.
Arjona reveló entonces, por primera vez, que el plan del Gobierno andaluz pasaba por duplicar el trasvase de agua de la cuenca de los ríos Tinto, Odiel y Piedras para posibilitar el riego en las más de 700 hectáreas que la ley pretendía recalificar como suelo de cultivo, otorgando a sus dueños “derechos de agua” a futuro. “Si se incrementase el volumen del trasvase de 19,99 a 50 hectómetros, permitiría reducir la extracción de aguas subterráneas en Doñana a la mitad”, dice Arjona, para anunciar que “la Junta de Andalucía, competente en esa cuenca, está dispuesta a incrementar dicho volumen de trasvase”.
“De las 1.600 hectáreas que quedaron fuera del plan de ordenación de la Corona Norte de Doñana [el llamado Plan de la Fresa], se reconocería el derecho de aguas superficiales a 748 hectáreas”, aseguró entonces, subrayando que esa superficie regable tendría “una necesidad de agua superficial de 3,3 hectómetros cúbicos al año, lo que requeriría de la aprobación de un nuevo aumento del volumen del trasvase” de la cuenca de los ríos Tinto, Odiel y Piedras. Ni la Junta ni los partidos proponentes han cuantificado nunca las hectáreas ni los hectómetros de riego de forma oficial.
En el trámite de enmiendas a la ley en el Parlamento andaluz, el PP presentó una propuesta a su propio articulado, planteando sacar el agua de “otra demarcación”, sin especificar cuál. “Es necesario articular mecanismos para incrementar los aportes de aguas superficiales, bien de la demarcación del Tinto, Odiel y Piedras, bien de otra demarcación que lo permitiera de conformidad con lo establecido en los planes hidrológicos de las demarcaciones afectadas por el ámbito territorial del presente plan especial”, reza la modificación que el PP introdujo en la exposición de motivos.
Los populares sitúan esa otra demarcación en la desembocadura del río Chanza –donde se ha instalado una segunda toma de bombeo (Bocachanza) que ejecuta la Junta de Andalucía– y dependiente de la Confederación del Guadiana. El problema es que la masa de agua del estuario del Guadiana es compartida con Portugal.
El reparto de los recursos hídricos de esta demarcación está regulado en el Convenio de Albufeira, firmado por España y Portugal en 1998 para la gestión conjunta de las cinco cuencas hidrográficas que comparten ambos países: Miño, Limia, Duero, Tajo y Guadiana. El PP ha llevado a la Cámara andaluza una iniciativa para instar al Gobierno central a revisar ese convenio con Portugal.
El agua del río Chanza ya sirve de abastecimiento al núcleo de Huelva y al polo industrial, con un trasvase autorizado de 75 hectómetros cúbicos. Esos recursos hídricos están en la frontera con Portugal suben por un canal, atraviesan el túnel de San Silvestre y llegan al embalse del río Piedras. La fórmula que plantea el PP ahora pasa por sacar de ahí el agua para las nuevas tierras de regadío junto a Doñana que va a regularizar la ley, que se mezclarían en la cuenca del Tinto, Odiel y Piedras con el agua que circula por el anillo hídrico que abastece al grueso de la provincia onubense.
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