Juana Martínez cuida. Cada día atiende a niños y niñas que lo necesitan: les cambia el pañal, les ayuda a relacionarse en el recreo o les da comer. Son niños con trastorno del espectro autista, con parálisis cerebral, con espina bífida. Con sondas estomacales o en silla de ruedas, con problemas cognitivos o de movilidad. Para estos menores, Juana es imprescindible. “Nos entregan todo”, cuenta. Sin embargo, la Junta de Andalucía acaba de decidir que el personal técnico de integración social (conocidas como las PTIS, casi siempre mujeres) y los intérpretes de lengua de signos (ILSE) prestan un servicio complementario, similar a las extraescolares.
Así se refleja en un Decreto (en vigor desde el 8 de octubre) con el que quieren acabar con el reguero de sentencias que vienen condenando a la administración andaluza por contratar a estas trabajadoras de “forma fraudulenta”, a través de una subcontrata intermediaria.
La administración defiende que la nueva norma solo busca “clarificar” el sistema de prestación de servicios, pero trabajadoras y sindicatos temen que allane el camino a la precarización. Discernir si el servicio es o no complementario no es una mera disquisición semántica: de la categoría depende la continuidad de la privatización del servicio. Y la privatización, cuentan las trabajadoras, tiene consecuencias: cambios de destino, retrasos en los abonos de la nómina, jornadas parciales y, en definitiva, un largo rosario de situaciones que, aseguran, las abocan a la precariedad.
A comienzos de septiembre, Juana Martínez recibió una llamada del coordinador de su empresa, a quien ni conocía. Al día siguiente debía estar en Mijas, a dos horas por carretera de Cortes de la Frontera, donde vive y trabajaba desde hacía cinco años. Además del trastorno personal, denuncia que no se ha tenido en cuenta el perjuicio para sus alumnos. “El vínculo que creamos con ellos es fundamental y debe respetarse”. Situaciones similares se han repetido durante el último mes. Por ejemplo, doce familias del CEIP Tierno Galván de Málaga denunciaron que sus hijos se había quedado sin monitoras de apoyo sin previo aviso. “Envían a compañeras a 200 kilómetros con jornadas de tres horas. Tratan de agotarnos”, denuncia Martínez.
Como más de un millar de PTIS andaluzas, ella trabaja contratada por una empresa, a su vez subcontratada por la administración. Puede ser una empresa este año y otra diferente el año que viene. De hecho, es lo habitual. A veces, la Junta de Andalucía licita contratos que duran dos meses. “Podemos pasar en un curso por tres empresas diferentes y no nos enteramos hasta que nos lo dice la Seguridad Social. Hay compañeras que llevan así cuatro años: cada dos meses cambian antigüedad y tipo de contrato”, comenta Ana María González, presidenta del comité de empresa de Fepamic, una de las contratistas.
González explica situaciones habituales. Los cobros se retrasan con frecuencia, porque algunas contratistas no pagan hasta que reciben el dinero de la administración. “Yo no cobro desde julio. Dijeron que pagarían el día 15, pero la mitad”. Las reubicaciones son comunes y no se avisan: “Las decide la APAE [Agencia Pública Andaluza de Educación] desde Sevilla. Hay compañeras que se tiran dos o tres semanas sin centro”. Las denuncias a la Inspección de Trabajo son constantes. Todo está tan precarizado que algunas empresas están replanteándose seguir licitando, advierte González.
Actualmente, el personal que presta el servicio está dividido: 1.157 PTIS son personal laboral de la Junta de Andalucía y 1.515, personal contratado por empresas privadas a través de la APAE, según los datos de la administración. Los sindicatos tienen otras cifras: 842 laborales y 1.400 contratados por empresas, con condiciones sensiblemente peores.
Este sistema es similar al de los intérpretes de lengua de signos (cuya situación ya explicó elDiario.es Andalucía en este reportaje), y tiene su origen en la externalización de estos servicios iniciada hace 15 años por el anterior Gobierno de la Junta de Andalucía. La APAE licita convocatorias provinciales en las que incluye varios lotes, cada uno para una veintena de centros. A veces licita contratos de dos meses o para cuatro o cinco centros.
La consecuencia es que el servicio pasa de empresa en empresa cada poco tiempo, y con él, las trabajadoras, en un camino eterno de subrogaciones. Las contratistas se limitan a asignar trabajadoras y canalizar el dinero que abona la administración. En el camino, cobran su parte. Marcos Bailón, SAMU, Fepamic u Osventos son algunas de esas empresas.
El modelo fue puesto en cuestión por la Intervención de la Junta de Andalucía, que advirtió a la Junta de Andalucía de que este tipo de prestación de servicios, “al tratarse de una necesidad estructural”, debe llevarse a cabo con personal propio. También lo hizo la Cámara de Cuentas, que en un informe de fiscalización de 2013 (no publicado hasta diciembre de 2016) señalaba que se trata de una “figura a extinguir que en el futuro se integrará en la oferta pública de empleo de la Consejería”.
Nada más llegar al poder, el Gobierno de Juan Manuel Moreno asumió el compromiso de cambiar el sistema, tal y como exigían la Intervención y la Cámara de Cuentas. Así quedó recogido en un documento oficial: “Se va a llevar a cabo mediante la creación de 1.500 plazas en cuatro años a razón de 100 en el ejercicio 2019, 500 en el 2020, 500 en el 2021 y 400 en el año 2023”.
Pero nada de eso ha ocurrido. “Dijeron que meterían gente por la bolsa, pero está paralizada. No hay ni baremación”, comenta González. Tampoco se contempla la subrogación de las PTIS externalizadas. Ahora, la Junta de Andalucía da marcha atrás y “consagra la doble contratación”, según confirman fuentes oficiales: con el nuevo marco normativo, seguirá habiendo personal laboral y con empresas de servicios a través de APAE, lo que permitirá a la Consejería “ser más flexibles” y adaptarse “a las contingencias que van surgiendo durante el curso escolar”. En la Consejería aseguran que cuentan con un informe de su Gabinete Jurídico que lo respalda.
La Junta de Andalucía también pretende zanjar el reguero de sentencias que la condenan, evitando “futuros procesos judiciales por cesión ilegal de trabajadores, dando una mayor seguridad a las contrataciones que realiza APAE”. En los últimos años, se ha visto obligada a contratar como personal laboral (indefinido no fijo, sin plaza en propiedad) a decenas de trabajadoras, porque los tribunales reconocen sistemáticamente que, cuando las pasan de una subcontrata a otra se produce una cesión ilegal.
En este sentido, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 15 de febrero de 2017 es concluyente: “El profesorado y el personal cualificado para atender al alumnado con necesidades educativas especiales es un personal estructural” cuya contratación corresponde a la Consejería. Los magistrados censuran que la finalidad de esta cesión ilegal es evitar que la relación laboral se rija por el convenio del personal laboral de la Administración, mucho más favorable que el convenio colectivo de centros y servicios de atención a personas con discapacidad.
A partir de esa sentencia, confirmada por el Tribunal Supremo en septiembre de 2020, se han dictado más de un centenar en órganos inferiores. En Málaga hay al menos setenta resoluciones que condenan a la Junta de Andalucía a contratar a este personal. En Granada rondan las cuarenta. Hay decenas de sentencias pendientes, cuya probable estimación puede entrar en conflicto con el nuevo decreto.
Pero de la misma forma que pierde, la Junta de Andalucía recurre cada resolución, a sabiendas de que los recursos están siendo rechazados, retrasando la contratación ordenada por los tribunales. Además, algunas trabajadoras denuncian juego sucio. “Hay compañeras con sentencia firme que llegan a delegación y a las que le dan un contrato con otro tipo de jornada, o de obra y servicio, para que tengan que reclamar y empezar de nuevo”, asegura Ana González.
La Junta de Andalucía defiende el Decreto también porque supone blindar algo que en la práctica ya se hace: extender los servicios de las PTIS y las ILSE a la educación no obligatoria. Eso sí, “siempre y cuando la asistencia de estos profesionales sea imprescindible para el correcto desarrollo de su escolarización”. Pero a pesar de que el servicio pueda ser “imprescindible”, el Decreto enfatiza que regula un “servicio complementario”.
Los sindicatos denuncian que este es el verdadero propósito: convertir en complementario lo esencial, según la ley, el informe de la Intervención General y la jurisprudencia reiterada. “Siempre ha sido un servicio de apoyo, porque lo dice la ley”, protesta May García, responsable del sector del personal laboral de CCOO Enseñanza. “El Decreto rebaja a servicio complementario un servicio de ayuda a las necesidades educativas especiales”, coincide Francisco Sotillo, responsable federal de USTEA-Asp.
Ambos creen que el Decreto contraviene la Ley de Educación de Andalucía, que establece la categoría de “alumnado con necesidad específica de apoyo” (basado en el principio de equidad y con competencia compartida con el Estado), en un capítulo diferente a los servicios complementarios (comedor, extraescolares y aula matinal).
Los sindicatos, que están estudiando recurrir el Decreto, creen que es el paso previo para profundizar en el proceso de privatización que paralizaron los juzgados. “Han estado buscando la manera de no revertir las plazas privadas a la función pública”, lamenta García: “Pero este decreto atenta contra el empleo público, contra las trabajadoras de un servicio externalizado y contra los derechos del alumnado más vulnerable. Haremos todo lo que esté en nuestra mano para que no salga adelante”.
A través de nuestro canal en Telegram trasladamos de forma inmediata lo que ocurre en Andalucía: últimas noticias que van aconteciendo, o donde, simplemente, te ofrecemos un resumen de la información más relevante del día.