Casi un tercio de los 500 chiringuitos que se reparten por el millar de kilómetros de playas de Andalucía incumple la legislación de costas o los criterios de ocupación del dominio público marítimo-terrestre, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica. La lista de incumplimientos detectados desde 2011 es amplia: instalaciones que se ubican en la playa, a pesar de que podrían estar en otro sitio; que exceden la superficie autorizada; que están tan cerca de la orilla que pueden ser alcanzadas por las olas; o que no garantizan la integridad de las playas y su uso público.
Desde 2011, cuando la administración central transfirió a la Junta de Andalucía las competencias para gestionar el litoral, el Ministerio, ahora de Transición Ecológica, ha emitido 163 informes desfavorables y ha interpuesto 32 recursos judiciales contra decisiones del gobierno autonómico relativas a la ocupación del litoral por parte, principalmente, de chiringuitos de comidas y bebidas, según los datos del Ministerio obtenidos por este medio.
Fuentes del Gobierno andaluz elevan la cifra a 36 recursos. En al menos nueve (“del orden de veinte”, según la Junta de Andalucía) se ha alcanzado un acuerdo. Del resto, el ministerio dice no tener información.
Desde 2011, PSOE y PP se han alternado en este tiempo tanto en el Gobierno central como en el de la Junta de Andalucía.
Estos 163 informes desfavorables dan una idea de las discrepancias entre administración central y autonómica en la gestión de la ocupación litoral. Pero en muchos casos ni siquiera consta informe del Ministerio. “La ley dice que hay que pedirlo antes de dar la concesión”, explica Manuel Villafaina, presidente de la Asociación de Empresarios de Playa de Andalucía, “pero en algún momento hubo algún olvido y no se pidieron. La administración central lo detectó, puso contencioso, y lo ganó. Dijeron que había que volver a hacer los expedientes. Son 67, se han solucionado 11, y ahora estamos intentando llegar a un arreglo”. Esto incluiría 25 nuevas autorizaciones, según Villafaina. Fuentes de la Consejería de Sostenibilidad aclaran que en esos casos consideraron que el informe de Demarcación de Costas suplía al informe “preceptivo” del Ministerio.
En los últimos meses se ha celebrado alguna reunión de alto nivel entre técnicos y políticos de ambas administraciones para abordar las discrepancias, pero la Junta de Andalucía, que dice tener voluntad de entendimiento, también defiende que suya es la competencia para autorizar o no, cualquiera que sea el criterio del ministerio.
“Esta administración autonómica siempre ha respetado el ”desfavorable“ cuando estaba justificado y versaba sobre la garantía, integridad o uso del dominio público marítimo terrestre”, dicen desde la Consejería de SAnidad. Si el reparo no estaba relacionado con esos aspectos, la administración autonómica admite que lo ignora y aplica su propio criterio.
El presidente de los empresarios no cree que haya manga ancha. “Hay controles enormes. En cuanto cogemos un poquito más de terreno para hacer la obra enseguida sale en la prensa, así que al que tiene metros de más se lo quitarán o le pondrán una multa”.
La cuestión del uso de las playas es sensible en Andalucía y, especialmente, en Málaga y la Costa del Sol. El ministerio de Transición Ecológica admite que en esta comunidad existe un “elevado volumen de expedientes”, en una respuesta remitida a este medio a través del Portal de Transparencia. Por provincias, Málaga destaca en la emisión de informes desfavorables: acumula 72, seguida de Huelva, con 37. Marbella, con 16 informes en contra, y Málaga, con 12, son los municipios que más tienen.
El ministerio emite informe desfavorable en dos tipos de caso: cuando “no se puede asegurar la integridad y el uso público” del dominio público marítimo-terrestre (objetivos de cualquier actuación administrativa en las playas, según la ley de Costas), o cuando no se cumple la normativa.
En particular, destacan tres incumplimientos de la ley, algo que ocurre en “numerosas solicitudes de concesión en las distintas provincias andaluzas”, según el ministerio. El primero es la obligación de que los establecimientos desempeñen una función o presten un servicio que obligue a que estén en plena playa. Es un criterio que el Tribunal Supremo ha interpretado de forma restrictiva, indicando que su naturaleza debe “imponer” su ubicación en dominio público marítimo-terrestre, y no en cualquier otro lugar. Sin embargo, la Junta de Andalucía es mucho más laxa.
Otro incumplimiento legal se produce cuando el chiringuito está tan cerca de la orilla del mar que se expone a los temporales. Esto es motivo de revocación de las concesiones ya existentes, y también sería impedimento para emitir informe favorable del Ministerio.
Sin embargo, es habitual que chiringuitos de la Costa del Sol resulten afectados por las olas del mar sin que eso dé lugar a ninguna revocación y que se autoricen nuevas instalaciones apenas a 30 metros de la orilla en pleamar. Cuando un chiringuito se ve arrasado por las olas, hosteleros y alcaldes suelen reclamar que el Gobierno central reponga la arena perdida, coloque espigones y aborde un plan integral para la protección de los arenales.
Así sucedió hace un par de semanas en Mijas. El chiringuito Nacho Playa fue arrasado por las olas. Según el presidente de los empresarios de playa, es un local que está pendiente de reubicación y no debería estar ahí, y la terraza debía estar “al revés”, mirando al paseo. “Normalmente estamos preparados para estos embates. Es verdad que a veces el mar te engaña, se mete en una zona que no está prevista que se metiera”, explica Villafaina, que minimiza el número de casos.
En los últimos dos años, el Ministerio ha gastado 3,5 millones de euros en obras de emergencia en el litoral malagueño, principalmente para restituir arenales y paseos.
Por último, el ministerio subraya que también se incumple frecuentemente la extensión máxima permitida: 200 metros cuadrados, de los cuales 150 pueden ser de edificación cerrada y el resto terraza, más otros 70 de ocupación abierta.
A estos motivos habría que añadir la existencia de sótanos, algo prohibido desde 2022, pero que acaba de quedar en un limbo tras una sentencia del Tribunal Supremo que invalida la protección reforzada de las playas por defectos en la tramitación del Reglamento de Costas.
La cuestión tiene una vertiente económica. Aunque están en el punto de mira de los ecologistas por el uso intensivo de un dominio público cada vez más expuesto a los efectos del cambio climático, los chiringuitos son una fuente de ingresos públicos cada vez más relevante: en 2023 aportaron casi 13 millones en concepto de canon concesional. Estos ingresos van a parar a la administración del Estado, la más exigente con los requisitos.
También son los chiringuitos malagueños los que más dinero ingresan en concepto de canon, cuya cuantía fija la Administración General del Estado en función de unos criterios previstos en la ley. En 2023 fueron 9,3 millones de euros, el triple que todas las demás provincias sumadas. La siguiente en cuantía es Cádiz, con 1,9 millones de euros.
Estos ingresos se han multiplicado casi por ocho desde que la Junta de Andalucía asumió las competencias de gestión del litoral, pasando de 1.679.249 euros en 2011 a 12.844.751,98 euros en 2023.
En los últimos años se ha resuelto el atasco administrativo que mantenía cientos chiringuitos andaluces en el limbo. El Gobierno andaluz los considera pilar fundamental de la economía litoral, y en 2019 se propuso sacarlos de la alegalidad, una demanda histórica de los hosteleros. Los ecologistas creen que esto se traduce en una política laxa con los requisitos y con la defensa de litoral, en un contexto en el que las playas están más amenazadas que nunca por la regresión marina y los temporales.
Decenas de tramos están expuestos a la erosión, presiones urbanísticas y riesgos de inundación y requieren de actuaciones urgentes, según la Estrategia para la protección de la costa en las provincias de Cádiz, Málaga y Almería considerando los efectos del cambio climático, publicada en 2021 por el Ministerio para la Transición Ecológica.
Sin embargo, estas alertas no parecen condicionar los criterios para conceder o no nuevas ocupaciones. “Han hecho históricamente lo que les da la gana, la vigilancia era muy leve, tanto de los ayuntamientos, como de la Junta como de Costas”, lamenta Javier de Luis, de Ecologistas en Acción Malaka: “Ahora da la sensación que el Estado tiene interés en proteger el dominio público marítimo-terrestre no frente a los especuladores, sino ante la propia Junta de Andalucía, que es la que justifica y les ayuda en la tramitación”.
Hace apenas un mes, Ecologistas en Acción presentó una denuncia ante Fiscalía contra la Directora General de Sostenibilidad y Cambio Climático, María López Sanchiz, y el consejero Ramón Fernández Pacheco, a los que imputan delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio y abuso de autoridad por ignorar sistemáticamente los informes negativos de Costas amparándose en una distribución de competencias confusa.
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