El Juzgado de lo Togado Militar Territorial 23 ha imputado al jefe del Servicio de Desactivación de Explosivos de la Legión (Sedex), el capitán J.L.C.P., en el procedimiento abierto para depurar posibles responsabilidades penales por la deflagración registrada el 20 de mayo de 2013 en la base 'Álvarez de Sotomayor' de Viator (Almería) en la que fallecieron tres artificieros.
La imputación por un presunto delito de extralimitación en el ejercicio del mando, por la que ya ha prestado declaración en sede judicial, deriva del informe del fiscal, quien solicitó la elevación de la causa a sumario tras concluir que fue él quien supuestamente dio la “orden de depositar” dos proyectiles que habían quedado “sin desactivar” durante unas prácticas previas en “las dependencias-nave-almacén” de los Sedex.
Considera que lo habría hecho, según han informado a Europa Press fuentes del caso, “pese a ser conocedor” de que el citado “habitáculo no reunía las condiciones mínimas de seguridad para el depósito de este tipo de material” y con la “intención” de que permaneciera allí hasta las 15,00 horas de ese día, “momento en el que pensaba iniciar los trámites de devolución de los explosivos al polvorín de la unidad”.
El relato de hechos que contiene el informe del Ministerio Público indica que, el 20 de mayo de 2013, de conformidad con el plan de instrucción y adiestramiento de la Compañía de Zapadores de la Brileg, estaba previsto que se desarrollasen prácticas de desactivación de “cuatro” explosivos en el campo de maniobras de la base.
La Unidad integrada por el jefe de Desactivación de Explosivos, dos brigadas y dos sargentos realizaron las prácticas que habrían finalizado a las 13,30 horas “sin novedad, si bien --matiza-- con la peculiaridad de que no desactivaron la totalidad” de estos explosivos, “concretamente dos de ellos; uno de 105 milímetros y otro de 106 milímetros”.
La investigación, que adelanta este miércoles el diario 'El País', apunta que una vez de que el equipo del Sedex llegó a “las dependencias-nave-almacén”, comenzaron presuntamente a descargar el equipo personal de cada uno de ellos, “así como los proyectiles sin desactivar, introduciéndoles en la nave por la orden del teniente J.L.C.P.”.
Detalla el fiscal del caso en su informe que, sobre las 14,00 horas, el jefe de la Unidad habría “abandonado la nave” mientras que el brigada Manuel Velasco, quien falleció en la explosión, supuestamente “se encontraba desmontando, como medida de seguridad preventiva toda vez que el habitáculo no era apto para albergar los explosivos, la espoleta del proyectil de 105 milímetros a fin de guardarla en una caja fuerte que tenían en la nave”. Al hilo de esto apuntilla que el resto del personal se econtraba realizando mientras “otros cometidos”.
“Posible exudación del proyectil”
La deflagración se produjo diez minutos después de presuntamente el capitán abandonase la nave. La hipótesis “más probable”, de acuerdo a lo que se indica en el informe realizado por los especialistas en desactivación de explosivos de la Guardia Civil que obra en la causa y según han precisado las mismas fuentes, es que, “durante la operación de desmontaje del multiplicador” en la que participaban el brigada Manuel Velasco y el también fallecido sargento Jose Francisco Prieto, “se les presentó un problema”.
Concreta que, si bien esta operación “no supone ningún riesgo y se realiza fácilmente tirando de la cinta que posee al efecto”, en este caso se vieron obligados a usar unos “alicates y un destornillador”. “Mientras uno sujetaba el proyectil y tiraban del multiplicador con los alicates, el otro intentaba liberarlo haciendo palanca con el destornillador, produciendose entonces un posible roce entre las herramientas metálicas” con una parte del proyectil, “que provocó la chispa suficiente para iniciar la reacción del explosivo”.
El informe pericial apunta a que el multiplicador no salió debido “a una posible exudación del proyectil a consecuencia de la cual, las paredes del hueco que sirve de alojamiento podrían haber experimentado una dilatación, aprisionándolo y dificultando el procedimiento”.
En la explosión, fallecieron los brigadas Antonio Navarro García y Manuel Velasco Román, así como el sargento José Francisco Prieto González. Todos eran desactivadores de explosivos y tenían amplia experiencia en misiones internacionales. Además, en la deflagración, resultaron heridos una cabo primero y un sargento.
El informe de la defensa
Por su parte, la defensa del jefe del Servicio de Desactivación de Explosivos (Sedex) ha anunciado que va a solicitar el sobreseimiento y archivo con respecto a su patrocinado tras la incorporación al sumario de un informe de la Brileg que concluye que el local de zapadores donde se depositaron los dos proyectiles sin desactivar “era el que mejor cumplía con la distancia de seguridad a las zonas de vida” como “residencias de tropa, suboficiales y mandos”.
El informe, elaborado a requerimiento del Juzgado Togado Militar Territorial 23 y notificado a las partes este martes, señala, asimismo, que la normativa existente “no puede ser aplicada al local de Sedex por no estar destinado al almacenaje de más de 500 kilos de explosivo” y añade que, según las características técnicas de los explosivos rompedores, el manipular un proyectil“ de las características del que explotó ”no implica riesgo extraordinario siempre que sigan las normas básicas del manejo de Mayex“, según han informado a Europa Press fuentes del caso.
Cabe recordar que la imputación por un presunto delito de extralimitación en el ejercicio del mando deriva de un informe del fiscal que, tras la investigación, apunta a que fue el capitán J.L.C.P. quien supuestamente dio la “orden de depositar” dos proyectiles que habían quedado “sin desactivar” durante unas prácticas previas en “las dependencias-nave-almacén” de los Sedex “pese a ser conocedor”, según recoge, de que el citado “habitáculo no reunía las condiciones mínimas de seguridad para el depósito de este tipo de material”.
La defensa, ejercida por el Gabinete Jurídico Suárez-Valdés, armará el escrito solicitando el libre sobreseimiento de su patrocinado en este último informe aportado al procedimiento y haciendo hincapié en que, a lo largo de la instrucción de la causa, habría quedado “acreditado” que el proyectil de 105 milímetros que estaban manipulando dos de los fallecidos tenía la “calificación 3D o pendiente de destrucción”, por lo que “no se puede utilizar en prácticas”.
“El informe del Sedex de la Guardia Civil describe la explosión como anómala, lo que apuntaría a un estado probablemente defectuoso del proyectil. Cuando lo estaban manipulando, se rompió la cinta con la que se extrae el multiplicador porque estaba completamente podrido”, sostiene.
El Gabinete Jurídico Suarez-Valdés fundamenta la defensa, asimismo, en que no consta que el capital J.L.C.P. “ordenase que manipulasen el proyectil”, lo que “habrían hecho por su cuenta en la creencia normal de que estaba en buen estado” y que eligió depositarlos en la nave “por ser el lugar menos dañino para ubicarlos a la espera de su devolución, compleja y con hasta siete pasos burocráticos intermedios”.
Al hilo de esto, fuentes del caso han trasladado que la depuración de responsabilidades penales debería estar orientada al Ministerio de Defensa, “encargados de esa desviación de material 3D o pendiente de destrucción para uso en prácticas, lo que clama al cielo” y han recordado que “no se trata del primer caso en que se da estas circunstancias”, en referencia a la deflagración registrada en el cuartel de Hoyo de Manzanares en Madrid.
A raíz de esto, la defensa interesó la prácticas de diligencias de prueba encaminadas a determinar si se sometieron esos proyectiles a pruebas de funcionamiento para garantizar que eran “completamente seguros y estables” ya que los fallecidos eran personas “con alta cualificación”, “contestando que no se hacen porque son muy costosas y complicadas”.
Por otro lado, va a argumentar que la devolución de los proyectiles no se hizo “porque el polvorín estaba cerrado”, lo que hizo que se optará por esperar a las 15,00 horas, y que el capitán no abandonó la nave para “ir a comer al comedor” si no para localizar al entonces capitán y comunicarle la incidencia. “La explosión se produjo en esa franja de tiempo”.
La defensa también recurrirá a la declaración que en calidad de testigo prestó en sede judicial la cabo primero que resultó herida y en la que reiteró que “no oyó” al jefe del Servicio de Desactivación de Explosivos “ordenar nada a los suboficiales para que manipularan el proyectil”.
También trasladó que no le escuchó decir que “no se podían introducir dentro de la nave”, que los operadores de EOD “tienen facultad para decidir el procedimiento a seguir para desactivar un explosivo”, que desconoce “el motivo porque el que lo estaban haciendo” y que no sabia si este “había sobrado del ejercicio o era un proyectil inerte de los que tienen en la nave para instrucción”.