La pasada semana el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) emitió cinco resoluciones en las que supuestamente daba respuesta a las quejas presentadas por los grupos parlamentarios Adelante Andalucía y PSOE, así como los sindicatos CCOO y UGT, el Ayuntamiento de Jaén y Periodistas de CCOO por falta de neutralidad en los informativos de Canal Sur durante la cobertura de la crisis de la Covid-19. En algunas de esas quejas remitidas a la Oficina de Defensa de la Audiencia, se señalaban de manera específica 15 informativos emitidos durante diez días entre marzo y abril. Sin embargo, el órgano sólo analizó tres de esos 15 informativos denunciados. El resto de la muestra estudiada por el Consejo abarcó hasta un total de 125 noticiarios más, junto a tres informativos especiales sobre coronavirus, 49 comparecencias institucionales y 30 programas de opinión.
Con todas esas horas de programación analizadas -más de 198-, el CAA emitió una resolución común de respuesta por cada denunciante en la que obvia la mayoría de las 18 objeciones detectadas por los técnicos y plasmadas en su informe, de manera que las dos decisiones del órgano regulador no guardan consonancia con las infracciones detectadas por sus técnicos.
No es insólito que el CAA, para poder responder a determinadas quejas por falta de pluralismo o neutralidad, amplíe el tamaño de la muestra a analizar para poder responder la reclamación. La idea es obtener un mayor contexto para identificar mejor la deriva editorial del medio público objeto de reclamación y no dejarse orientar por los resultados de un día concreto. Ha ocurrido con quejas sobre televisiones locales en el pasado. Pero lo que nunca había ocurrido hasta ahora era que dejase de analizar los programas concretos denunciados en una queja ciudadana y sobre todo, tratándose de un prestador de cuyas grabaciones dispone.
La resolución, aprobada por mayoría en el último pleno del órgano decidió analizar de forma cualitativa varios días de emisiones informativas de Canal Sur TV desde el 16 de marzo hasta el 30 de abril, pero omite los noticiarios emitidos entre los días 1 y 4 de abril, tal y como pedían en su queja los sindicatos, según denuncia el voto particular a dicha resolución firmada por cuatro consejeros.
Sobrerrepresentación de Vox en los informativos
A pesar de no haber analizado la mayor parte de las noticias denunciadas en la Oficina de Defensa de la Audiencia, el informe constata hasta 18 prácticas contrarias a los principios de neutralidad e imparcialidad que deben regir en un servicio público de radio y televisión. El informe cuantitativo revela asimismo una sobrerrepresentación de Vox en los informativos, que con 10 diputados en el Parlamento andaluz (12 a principios de la legislatura), obtiene el 5,8% del tiempo de voz, en contraste con Adelante Andalucía, que con 17 diputados, se queda con el 2,21% del tiempo de palabra de los actores políticos.
Entre las prácticas contrarias al mandato de servicio público de la RTVA que detectan los técnicos del CAA en su análisis, el informe deja constancia de que “el prestador realiza una selección de la información que destaca los aspectos positivos de la gestión del gobierno autonómico y que es una constante en todos los noticiarios”. Entre todas y cada una de las noticias analizadas no se ha localizado ninguna pieza crítica con la gestión de la Junta, a excepción de las que realizan los partidos de la oposición, según reza el documento elaborado por los técnicos del CAA al que ha tenido acceso este periódico.
Este estudio constata que, cuando las informaciones pueden ser negativas para el Gobierno andaluz, como el brote de coronavirus en una residencia (emitida el 24 de marzo), la información de Canal Sur se centra en el traslado de los ancianos y en la despedida dada por sus vecinos de Alcalá del Valle, sin especificar que la causa son las muertes en el centro.
Discurso informativo asimilado al discurso oficial
El documento concluye que el discurso oficial del prestador está asimilado con el discurso oficial, “patente incluso” en las preguntas de una periodista de la cadena al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, el 22 de marzo, que recoge la versión del Gobierno de la Junta alabando su propia gestión de la crisis: “Esta semana el consejero de Presidencia daba a conocer que el avance del coronavirus en Andalucía no estaba siendo tan rápido como en otras comunidades porque se había ido por delante tomando decisiones para actuar ante la pandemia”.
En otro informativo -continúa el informe- la presentadora no limita sus intervenciones a la introducción de las noticias, sino que realiza afirmaciones coincidentes con el mensaje institucional como “Andalucía está preparada, incluso para cuando se produzca el pico en nuestra comunidad”. En contraste, los técnicos del CAA destacan que las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, son recibidas con desconfianza y se destacan por encima las críticas de la oposición a su gestión.
En la muestra analizada, se recoge una locución de una noticia del 27 de marzo en la que el medio asume la versión de la Junta frente a la del Gobierno central, sin atribuir la información a su fuente original y con expresiones de tipo valorativo: “Al menos se ha dado libertad a la Junta para que compre material sanitario por su cuenta, lo que está haciendo con garantías”. En otra noticia se informa de una carta firmada por ayuntamientos socialistas andaluces en la que se acusa a la Junta de requisar material sanitario. En la crónica no se recoge la opinión de ninguno de los firmantes del escrito pero incluye la respuesta del vicepresidente del ejecutuvo andaluz, Juan Marín, cuyas palabras ocupan el 30% de la noticia en las que defiende su gestión.
Una disculpa escondida en la decisión
El informe cita hasta 18 casos en total de ejemplos detectados de falta de neutralidad e imparcialidad informativa. Sin embargo, la decisión aprobada por los miembros del pleno, que ha de fundamentarse en dicho informe, no guarda consonancia con la gravedad de las irregulares constatadas y se limita a solicitar a la RTVA que siga su Libro de Estilo: “Se han localizado en el periodo analizado algunas prácticas no recomendadas por el código deontológico del prestador, por lo que se recomienda extremar la cautela a la hora de informar, tal y como marcan tanto el Libro de Estilo de la propia RTVA como los Indicadores y metodología para evaluar la imparcialidad informativa de los medios audiovisuales de titularidad pública, de 2013, disponibles en la página web del Consejo”.
La decisión también reconoce el esfuerzo realizado por los trabajadores de la casa y las condiciones especiales en las que han tenido que desarrollar su labor, unas condiciones que para el CAA pueden disculpar de alguna manera este tipo de infracciones: “El estudio realizado por este Consejo tiene por objeto un periodo de evidente excepcionalidad en el terreno informativo, por lo que los resultados no tienen porqué responder a la pauta general del prestador público andaluz”.