La Mesa de la Cámara, reunida de manera extraordinaria este lunes, ha decidido desbloquear las proposiciones de ley del PP-A (para la eliminación del impuesto de donaciones y sucesiones) y Podemos (para implantar las cuentas abiertas), pero todavía no irán hasta pleno del Parlamento de Andalucía porque no se ha podido comprobar si cumplen los nuevos requisitos que prevé la resolución del presidente, Juan Pablo Durán, ratificada por el PSOE-A y C's, a los que estaban obligadas de manera retroactiva. En todo caso, los votos a favor del PP-A, Podemos, IU y C's -que hasta ahora se había abstenido- y la abstención del PSOE-A permiten iniciar la tramitación a la espera de esa comprobación en una próxima reunión y con el compromiso de que pudieran debatirse en el segundo pleno de octubre (los días 21 y 22). Porque se hará por la vía de la “urgencia”, en lo que sí ha habido unanimidad.
El hecho de que la reunión haya concluido sin que esté todavía esté cerrado este conflicto ha provocado el enfado de Podemos, que insiste en que la suya cumple las exigencias de la resolución desde el pasado mes de mayo, cuando ni siquiera se había planteado este cambio por parte del presidente. Las exigencias en cuestión, por tratarse de proposiciones de ley, son incluir una exposición de motivos (con las razones para la norma y las principales innovaciones), y un cálculo estimado del coste que supondría su aprobación. Si fueran proyectos de ley, deberían incluir también un informe del Consejo Consultivo de Andalucía y de los letrados de la cámara, tras el endurecimiento de las condiciones impuesto por el presidente para una “mayor garantía” y que gran parte de la oposición ve como una reforma encubierta del Reglamento del Parlamento de Andalucía.
De hecho, el PP-A ni siquiera ha confirmado si su proposición de ley, que también ha recibido el visto bueno para la tramitación, vaya a incorporar estas exigencias y por tanto si terminará en el pleno, máxime cuando el grupo ha decidido recurrir en el Tribunal Constitucional (TC) la reforma. Y es que, además, la iniciativa legislativa del PP-A pierde bastante sentido porque está proponiendo una bonificación para el impuesto de donaciones y sucesiones -hasta prácticamente eliminarlo- para los presupuestos autonómicos de 2016 que la Junta de Andalucía calcula ya que podrá presentar el 20 de octubre, o sea, en vísperas de dicho pleno, por lo que como mucho tiene cabida que presente enmiendas a las cuentas, que es lo que desde el PSOE-A le han pedido desde el principio.
Esta dilación en los tiempos ha provocado no sólo que la proposición de ley del PP-A -debatida ya en otras legislaturas donde no había minoría en el gobierno y fue tramitada sin problemas y rechazada por el pleno- vaya a caer en saco roto, sino que tampoco se verá C's en la tesitura de pronunciarse sobre la misma cuando los populares -con matices- se le han adelantado en presentar una propuesta que va en el programa electoral de los dos partidos. Eso en el día en que, además, el PSOE-A y C's tienen superado ya el principal escollo para que los de Albert Rivera le den el visto bueno a las cuentas del próximo ejercicio y es que habrá una rebaja fiscal en el tramo autonómico del IRPF.
Por ello, los proponentes siguen arremetiendo contra lo que creen que es una calculada estrategia del Gobierno de Andalucía para coartar la acción legislativa del Parlamento de Andalucía que es donde la oposición puede proponer leyes. Para Juan Manuel Moreno Yagüe, el miembro de Podemos en la Mesa de la Cámara, ha sido especialmente “escandaloso” que toda vez que se dio vía libre a que comenzaran la tramitación, no se ha podido comprobar -como pedía- que cumplía las condiciones “porque ¡de manera absurda no estaban en el orden del día de una Mesa de la Cámara convocada expresamente para esto!”.
En este sentido, no entiende que se esté dando luz verde a su tramitación “a cachos” porque el presidente “se ha negado” a comprobarlo. Y menos cuando esta reunión se había convocado de manera extraordinaria para este asunto. “Vamos a necesitar otra Mesa de la Cámara para poder mandarlas a pleno (...). Se nos ha dicho que faltaban los antecedentes y cuando les hemos dicho que estaban desde el pasado mes de mayo, el presidente ha dicho que no las tenían delante para que los diputados pudieran pronunciarse (...). No me pregunten por qué, porque no lo entiendo”, ha repetido tras una reunión que es a puerta cerrada.
En todo caso, C's, que hasta el momento se había abstenido a la hora de pronunciarse en relación a que estás proposiciones de ley tienen un dictamen en contra de su tramitación por parte del Gobierno de Andalucía, esta vez no se ha alineado con el PSOE-A y ha estimado que pueden ser calificadas “si cumplen los requisitos” en cuestión. “Nunca ha estado nada bloqueado, sino que se estaba en un impasse en la votación ocasionado por una abstención y tres votos a favor y otros tres en contra”, ha defendido este lunes el representante de C's en la Mesa de la Cámara, Julio Díaz, quien ha insistido en que él ha sido el que ha pedido que ahora se les dé salida por la vía de la urgencia, cuando ha mediado un contundente informe del letrado mayor, Javier Pardo, alertando de posibles consecuencias legales por este bloqueo.
Dos recursos y una reprobación
Cabe recordar que el Consejo de Gobierno emitió sendos dictámenes rechazando la tramitación -lo que no había hecho nunca- de estas proposiciones de ley y su toma en consideración, lo que es preceptivo pero no vinculante. Sin embargo, en la Mesa de la Cámara se originó una disputa sobre cómo afectaba esta negativa del Consejo de Gobierno a la tramitación. No han sido los únicos informes en contra de las últimas semanas del Consejo de Gobierno: una proposición de ley de IU y otra del PP-A también han tenido el mismo fin, mientras que una segunda de Podemos sólo en lo referido a su contenido, pero no a la tramitación. El Gobierno de Andalucía ha reconocido razones “políticas” para este mayor celo en sus pronunciamientos, en una situación de minoría para el PSOE-A.
En este contexto, el PP-A estudia pedir en el pleno la reprobación del presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, a quien se ha referido con el “cancerbero del PSOE-A” y como protagonista de un “asalto a la democracia”, en palabras de su líder, Juan Manuel Moreno. De momento no ha expuesto a los demás grupos esta intención. Es más, ni Podemos ni IU han querido valorar la propuesta hasta conocerla.
Como se ha dicho, el PP-A sigue adelante con su idea de llevar hasta el TC la resolución por la que el presidente endureció las condiciones para las iniciativas legislativas antes de su tramitación, con el rechazo de los populares, Podemos e IU. Tienen para este recurso tres meses y están “trabajando en ello”. También Podemos e IU han hablado de esta intención, pero de momento no han confirmado si lo harán.
En paralelo, el PP-A se plantea otro recurso por la vía contencioso administrativa contra los diputados (tres del PSOE-A y uno de C's) que integran la Mesa de la Cámara y han “favorecido este bloqueo en contra de los criterios del letrado mayor y la jurisprudencia”. En este caso, los populares entienden que hay una pregunta “prevaricación” y existen mecanismos para hacerlo independientemente de la inviolabilidad de los diputados, porque interpretan que ésta se refiere a sus manifestaciones pero no a sus acciones, como es el caso.