En España, el 7,5% de las personas presas son mujeres, lo que supone ser uno de los países con la mayor tasa de encarcelamiento femenino de Europa occidental. El 24% de las mujeres que ingresan en prisión residen en Andalucía, la comunidad autónoma con más presas y que, de momento, cuenta con el centro penitenciario de mujeres de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). De momento, porque el Ministerio del Interior tiene prevista su “transformación en el uso”, según precisan, pero que de facto conlleva acabar con uno de los tres centros penitenciarios exclusivos para mujeres que hay en España, al margen de los de Madrid y Ávila.
Según el Gobierno central, el espacio que alberga actualmente a las internas de Alcalá (unas 70) está “infrautilizado” y la intención es “aprovechar” las actuales instalaciones. Es decir, la cárcel de Sevilla I quedaría así integrada con personas presas, tanto hombres como mujeres y madres “que opten por quedarse en Sevilla”. Se trata de “una mejora de los espacios y también de los recursos humanos”, puesto que el número actual de funcionarios de vigilancia penitenciaria es de 110, por lo que la modificación conllevaría igualmente “una reorganización de las plantillas” en las prisiones de Sevilla, indican las fuentes.
La sede del centro penitenciario de Alcalá de Guadaíra se convertirá, por tanto, en el nuevo Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla. El Ministerio de Interior, aunque sin fecha prevista, tiene previsto acometer “a lago plazo” obras de remodelación tanto en la actual sede de la cárcel de mujeres de Alcalá como en el actual Psiquiátrico, un establecimiento con múltiples carencias como ha denunciado en varias ocasiones, entre otros, el Defensor del Pueblo de España.
El cierre como tal del centro penitenciario de mujeres supondrá también que las mujeres de Sevilla y de Andalucía que están internadas en el Psiquiátrico de mujeres de Alicante “estén más próximas” a sus lugares de origen en Sevilla I, ya que el Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla quedará conformado igualmente por mujeres y por hombres, indican las fuentes de Interior.
“Como limpiadoras”
Para Fracisco Fernández, coordinador del área de cárceles de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), “a principios de 2020 había alrededor de 4.300 mujeres en privadas de libertad dentro de la Administración General del Estado. En Andalucía, se encontraban unas 860 mujeres, esto es, un 6,4% del total de la población privada de libertad en todo la comunidad autónoma. Sin embargo, Alcalá de Guadaíra es el único centro penitenciario exclusivo para mujeres en Andalucía”, por lo que la asociación considera que “el cierre de esta prisión supone una vuelta de tuerca a las vulneraciones de derechos que sufren las mujeres encarceladas en tanto que muchas de ellas tendrán que pasar a cumplir su condena en centros de otras comunidades autónomas o en centros penitenciarios mixtos”. Andalucía es la comunidad con el mayor número de mujeres presas, pero en términos relativos es Madrid, apunta.
Maribel Cabello, subdirectora desde la apertura del centro en 1992 y directora desde 2008 hasta su reciente jubilación, sostiene a Efe que han aprovechado su salida para plantear el cierre de la cárcel, clamando por la continuidad de la prisión exclusivamente para mujeres porque consideran que eso les facilita una rehabilitación en condiciones de “dignidad” que difícilmente consiguen en un módulo de una prisión de hombres, donde ellas quedan para los “caprichos” de los presos y “como limpiadoras”, lamenta la exdirectora.
No solo es una denuncia de la exdirectora. El Programa de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito penitenciario de 2009 de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP) partía de la existencia de discriminaciones pero no ha servido para evitarlas. La propia SGIP, que ha ido implementando el programa, reconocía que “en estos centros se está muy lejos de encontrar la deseada paridad, pues las dificultades organizativas impiden que puedan disfrutar de determinadas zonas y servicios, o participar de algunas actividades y programas y lo más preocupante, la imposibilidad de introducir criterios de separación y clasificación para los diferentes perfiles criminales, o de edad, o por sus características penitenciarias, etc”.
Según denunció APDHA en marzo, la mayoría de las mujeres presas tienen en común, entre otras circunstancias, no tener seguridad económica antes de entrar en prisión, no haber trabajado o haberlo hecho sólo en empleos mal remunerados y sin seguridad, carecer de una vivienda segura, tener un bajo nivel de estudios así como haber sido víctimas de violencia física o sexual por parte de miembros de la familia o de agresores masculinos ajenos a la familia.
“Aislar a las mujeres en prisiones de hombres”
Pese a que la cárcel de mujeres sigue funcionando, este anuncio no ha sido del gusto de sindicatos como CCOO, que opinó este miércoles que esta transformación prevista por el Gobierno central “atenta contra los derechos de la mujer en prisión”, denunciando “nula sensibilidad y compromiso con una política penitenciaria con perspectiva de género”.
Según expuso el sindicato en un comunicado, “las cárceles son mayoritariamente de hombres, con una cultura y organización interna para hombres, lo que origina que la mujer en prisión padezca además de la pena de reclusión, la de no tener clasificación interior, menor oportunidades, prestaciones o acceso a trabajo dentro de las prisiones, entre otras”, lamentan. “Cerrar la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra solo sirve para aumentar la discriminación de la mujer dentro de las prisiones y la apuesta de la secretaria general de Instituciones Penitenciarias de seguir aislando a las mujeres en cárceles de hombres”, insiste CCOO.
El cambio no conllevará “una dispersión por motivo de género” como augura el sindicato, según aseguran desde Instituciones Penitenciarias, desde donde añaden que “habiendo una unidad específica de madres en Sevilla lo lógico es que se trasladen allí”. Para CCOO, “si el centro penitenciario donde va a cumplir la interna no tiene unidad de madres, o un programa específico de tratamiento, si no hay oferta laboral, o no tiene un departamento de régimen cerrado o de primer grado para mujeres, son trasladadas a otros centros penitenciarios, pudiendo perder el arraigo familiar, es decir, son penalizadas doblemente”. Según las fuentes de Instituciones Penitenciarias, “no se va a dispersar a nadie, todo lo contrario, se podrán acercar a sus lugares de origen”.
Para CCOO, “cerrar Alcalá de Guadaíra es una involución del sistema penitenciario en España, que ya ha provocado el desarraigo de madres trasladadas a Alicante sin poder ver a sus otros hijos mayores de 3 años y que no pueden convivir con ellas dentro de prisión, por ejemplo”. A juicio del sindicato, “la coartada para hacer una doble condena a la mujer en prisión no puede ser la de mejorar la situación del Hospital Psiquiátrico”. Asimismo, el sindicato rechaza que se haya anunciado el cierre de la prisión de mujeres sin haber negociado con los sindicatos en la mesa de negociación de prisiones las condiciones laborales en las que va a quedar el personal afectado.