El interventor provincial de Córdoba, Antonio Escuredo, ha considerado este lunes que el Servicio Andaluz de Salud (SAE) debió ser “más proactivo” a la hora de comprobar si los beneficiarios cumplían todas las obligaciones por las que fueron concedidas subvenciones de cursos de formación para el empleo, especialmente en el caso de los cursos que implicaban un compromiso de contratación para un porcentaje de alumnos, toda vez que su finalidad era la inserción laboral. Lo ha dicho en el marco de su comparecencia en la comisión de investigación creada en el Parlamento de Andalucía para depurar posibles responsabilidades políticas en el fraude con estas subvenciones desde 2002 hasta la fecha y donde este lunes declaran también los interventores provinciales de Granada, Huelva y Jaén, tras hacerlo la pasada semana los de Almería y Cádiz.
“Ese cumplimiento debía haberse acreditado de forma más clara. No digo que no se haya cumplido. Sólo que los expedientes no lo acreditan”, ha continuado en referencia a los 69 entre los años 2009 y 2012 de la muestra que su departamento ha depurado en búsqueda de irregularidades por orden de la Intervención General de la Junta de Andalucía. Tras ello, como el resto de interventores provinciales, elevó un informe, que ha reconocido que en su caso fue “bastante crítico”, porque su objetivo era que el órgano gestor -el SAE- hiciera “un esfuerzo suplementario” para comprobar que las subvenciones se usaban para lo concedido.
En este sentido, ha llamado la atención sobre el hecho de que los informes que todos los interventores provinciales han tenido que hacer sobre un determinado número de expedientes cuya posibilidad de reintegro no haya prescrito -en su caso los citados 69- no les han permitido llegar a conclusiones tajantes sobre las supuestas irregularidades. “Yo opino que hay una gran diferencia entre el control financiero de las subvenciones [que es exterior y se dirige a los beneficiarios] y el trabajo especial que hemos hecho [que mira cómo ha funcionado la administración]. Quizá no he conseguido trasladar que esto no era un control financiero de subvenciones, sino un análisis de unos expedientes con una documentación que no nos ha permitido llegar a conclusiones claras”, ha expuesto.
En esta línea, el interventor provincial ha manifestado, como “opinión personal”, que las últimas órdenes de subvenciones, pese a ser legales, no escogían el sistema más garantista que prevé la ley a la hora de exigir la justificación de las subvenciones. “Me sabe a poco”, ha subrayado, porque entiende que hubiera sido deseable otro modelo que “hubiera aportado más responsabilidad directa por parte del órgano gestor”.
Igualmente, ha expuesto que “todo el entramado de subvenciones para cursos se basa en el fichero de acciones formativas”, responsabilidad del SAE y la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, que tiene que tener inscritas todas las entidades colaboradoras para su realización. Sin embargo, no fue “consciente” de que eso no ocurría “hasta que la Cámara de Cuentas elevó un informe” en la materia.
“En muchos de los defectos que ponemos de manifiesto en nuestro informe, no decimos categóricamente que determinados requisitos no se cumplan (...), sino que los expedientes no tienen datos de trazabilidad por sí solos que permitan comprobar su cumplimiento”, ha continuado en la línea de lo expresado por los dos interventores provinciales que comparecieron la pasada semana.
¿Hubo o no menoscabo de fondos públicos?
Por otro lado, ha reconocido que las subvenciones concedidas antes de 2008 y que no se hayan empleado correctamente no podrán ser recuperadas por la Junta de Andalucía porque el derecho a reintegro ha prescrito. Lo ha dicho en respuesta a Juan Moreno Yagüe, diputado de Podemos, a quien ha recordado que para la justificación hay un plazo de tres meses desde la finalización de la acción formativa y que la posibilidad de reclamación de ese dinero expira a los cuatro años, si bien puede ser mayor en el caso de fondos europeos, lo que él no controla. “Lo veo complicado. Estamos en 2016”, ha insistido cuando el diputado de Podemos le ha vuelto a preguntar si ese dinero se podría recuperar en caso de no haberse justificado su destino.
En todo caso, ha querido huir del concepto de menoscabo. “¿Sería malversación?”, le ha preguntado Juan Moreno Yagüe. “Pues, si es dinero concedido para un curso, y que no se haya llevado a cabo... quizá”, ha contestado. Tras lo que la diputada de IU Elena Cortés le ha insistido en el tema: “¿Ha podido haber menoscabo de fondos públicos en el caso de subvenciones entre 2002 y 2007?” que no se hayan justificado correctamente y que ya no pueden ser reclamadas. “Pues claro”, le ha respondido.
Antonio Escuredo, que lleva en el puesto desde 2007, ha manifestado, también a preguntas de Elena Cortés, que “en absoluto” su departamento está bien dotado, una queja también apuntada por sus colegas. En su equipo son 10 funcionarios, “pero la gran diferencia no está en el número, sino en la calidad” de la dotación, entre unas y otras intervenciones. Igualmente, ha remarcado que las órdenes para la concesión de subvenciones están “llenas de recovecos”, lo que complica todavía más la cosa.
Por otra parte, ha expuesto también que en 2011 se produjo “una quiebra muy importante”, y expedientes que había ese año “fueron rechazados por falta de recursos” en la Junta de Andalucía. En este sentido, ha reconocido que “el órgano gestor, imbuido por una mentalidad a favor del beneficiario, realizó pagos incumpliendo el artículo 124” de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, que recoge que no podrá proponerse el abono a beneficiarios que no hayan justificado en tiempo y forma subvenciones previas. “Pero en la mayoría de los casos creo que se han justificado luego”, ha matizado sobre estas exoneraciones.
Por su parte, el portavoz del PSOE-A en la comisión de investigación, Rodrigo Sánchez Haro, ha insistido en que la totalidad de los expedientes han estado sometidos a control y ha enfocado sus preguntas en esta línea y para huir de la imagen de que el proceso era “un caos”. De todas maneras, el interventor provincial, le ha apuntado: “Un control financiero de subvenciones debía haber sido más exhaustivo en el análisis, pero no sé si las disponibilidades lo permiten”.
Igualmente, cuando el diputado del PSOE-A le ha preguntado si era riguroso el control por parte del SAE, no le ha dicho que fuera de esta manera, sino que más bien se comportaba “por una regla de costumbre en el ámbito de las subvenciones” y ha incidido nuevamente en que en el caso de los cursos con compromiso de contratación, el informe de auditoría que encarga el SAE “se debía de haber pronunciado expresamente sobre ese cumplimiento”. En cualquier caso, cuando el diputado del PSOE-A le ha insistido en la pregunta que ha hecho a todos los interventores provinciales, la de si ha habido menoscabo de fondos públicos, ha contestado que “a día de hoy” no lo puede decir porque hay posibilidad de recuperar el dinero público, lo que lógicamente no ocurre con las subvenciones previas a 2008.