La Asociación de Empleados Públicos de Intervención de la Junta de Andalucía ha expresado “su plena y absoluta solidaridad” con los compañeros que “se encuentran implicados en varios procedimientos judiciales que se sustancian en juzgados y tribunales de Andalucía, con motivo del ejercicio de sus funciones públicas”.
En un comunicado, subrayan que los últimos años, y sin “precedentes en toda la historia de la Junta de Andalucía”, se ha producido la imputación sucesiva de seis interventores en otros tantos procedimientos y por diferentes hechos. “Consideramos que una de las razones de las inculpaciones que están padeciendo los interventores está relacionada con la anómala utilización del proceso penal por parte de determinadas empresas y particulares, que pretenden obtener en los tribunales lo que no consiguen en buena lid en las licitaciones públicas a las que se presentan”.
También apuntan que en otros casos se plantean en los órganos judiciales del orden penal cuestiones que son competencia de la jurisdicción contencioso administrativa. “Evidentemente, la admisión de estas acusaciones y su sostenimiento en el tiempo requieren del concurso de los jueces y fiscales correspondientes, resultando sorprendente la credibilidad que se le otorga, en determinados casos, a denuncias infundadas, cuando no, movidas por oscuras motivaciones”, rechazan.
Han recordado que estas imputaciones “producen inmediatos y devastadores efectos sobre la salud, el entorno familiar y social, la carrera profesional e incluso la hacienda de quienes tienen la desgracia de caer en semejante abismo”. De hecho, sostienen que esto está provocando “entre todos los funcionarios de la Intervención de la Junta de Andalucía una sensación de alto riesgo e impotencia en el efectivo desempeño de los cometidos” que desarrollan.
“Los funcionarios encargados del control interno de la gestión presupuestaria en la Junta de Andalucía ejercemos las funciones que tenemos encomendadas con absoluta profesionalidad e independencia, dentro de unas facultades regladas muy concretas que nos proporciona la ley, y no se nos pueden atribuir, porque no se ajustaría a derecho, facultades omnímodas o extraordinarias para poder evitar prácticas delictivas en relación con la gestión de los fondos públicos”, aseveran.