Distintos ayuntamientos de la provincia de Córdoba han aprobado iniciar un expediente para investigar las propiedades que la Iglesia ha inmatriculado en sus términos municipales y que pudieran ser bienes públicos, tras haberse descubierto ya algunos casos. Así, las corporaciones que lo han aprobado en los últimos meses pertenecen a Córdoba capital, Priego de Córdoba y Almodóvar del Río, mientras que en el municipio de Posadas también se ha tratado el asunto para posicionarse en contra de las inmatriculaciones descubiertas.
Así, tras hacerse público que espacios como una plaza pública -Plaza de la Fuensanta en Córdoba- o un local de cazadores en un paseo ajardinado de Posadas figuran en el Registro de la Propiedad a nombre de la Iglesia tras haberlos inmatriculado gracias a la anterior Ley Hipotecaria sin tener que acreditar título de propiedad, los ayuntamientos se han puesto en marcha para investigar todos los bienes públicos que pudieran haber sido inscritos por la Iglesia.
Los ayuntamientos de Córdoba, Priego de Córdoba y Almodóvar han aprobado una moción elaborada a propuesta de la Plataforma en Defensa del Patrimonio Andaluz, que tras los primeros hallazgos en la provincia cordobesa trabaja ahora en descubrir las inmatriculaciones de bienes públicos en toda Andalucía. La moción aprobada en estos ayuntamientos solicita al Registro de la Propiedad “una lista de los bienes inmatriculados al amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria desde el año 1978 por la Iglesia Católica, sin pasar por alto que para ello puede haber utilizado nombres diversos como Diócesis, Obispado o Cabildo”.
En la argumentación del acuerdo aprobado en estos ayuntamientos, se expone que gracias a la citada ley “se han inmatriculado miles de bienes en manifiesto abuso de derecho y fraude de ley, al no haber sido poseídos nunca por la Iglesia católica e incluso no poder argumentar la coartada de su posible uso litúrgico, como solares, viviendas, caminos e incluso plazas públicas”. Y en ese sentido da cuenta de cómo “la presión ciudadana y política ha desvelado numerosos escándalos provocando la aprobación de la ley 13/2015, que modifica la Ley Hipotecaria para eliminar el privilegio registral mencionado. Pero lo hace sin efectos retroactivos, con lo que se produce una amnistía registral sobre los miles de bienes inscritos por la Iglesia Católica sin presentar título de propiedad” hasta la fecha.
Hallazgos en cada municipio
En Córdoba capital, el acuerdo del pasado mes de julio solicitar el listado completo de las inmatriculaciones viene acompañado de la apertura de un expediente para declarar de titularidad pública la Plaza del Pocito en la Fuensanta, uno de los espacios públicos sobre los que se ha descubierto que fue inmatriculado en su día por el Cabildo. E, incluso, el consistorio ha manifestado su decisión de acudir a los tribunales si no existiera un acuerdo previo entre el Cabildo y el Ayuntamiento en este asunto. “Sería mucho más fácil para todos que hubiese voluntad para solucionar algo que es tan evidente”, señalan desde el equipo de gobierno que ha mostrado su firme decisión: “Todo lo que sea público se inscribirá a nombre de este ayuntamiento”.
Por su parte, en el municipio de Priego de Córdoba, el acuerdo de todos los grupos municipales este mismo mes de octubre para solicitar al registro el listado de inmatriculaciones pretende dilucidar la propiedad sobre la zona de El Calvario y la iglesia-hospital de San Juan de Dios, entre otros bienes, así como reclamar las propiedades consideradas municipales que hayan podido ser inmatriculadas por la Iglesia.
Almodóvar del Río también se unió por unanimidad a este grupo de municipios ya en el mes de julio cuando el Pleno del Ayuntamiento, aprobó una moción sobre “el conocimiento y la exposición pública de aquellos inmuebles de la localidad que hayan sido inmatriculados por la jerarquía católica con el fin de poder contrastar su titularidad y actuar si se dictamina que son públicos”, una lista que ya cuenta con al menos cinco bienes.
Y en el municipio de Posadas, el pleno municipal se posicionó ya en marzo en contra de la inmatriculación hecha por la Iglesia de un local comercial que ocupa una sociedad de cazadores, dos ermitas, dos viviendas y varios tramos de caminos públicos.