Segundo carpetazo a unas presuntas irregularidades en la adjudicación de un par de contratos en el seno del Parlamento de Andalucía. La Fiscalía de Sevilla ha archivado las diligencias abiertas para investigar una denuncia contra el letrado mayor, el jefe del Servicio de Informática y otros funcionarios de la Cámara autonómica por un supuesto “engaño” a la propia Fiscalía a la hora de justificar un par de adjudicaciones a dedo. El decreto de archivo considera que no hay indicios de ilícito penal ni anomalías en sendas contrataciones del Parlamento de Andalucía a una empresa informática por un total de 350.000 euros.
El Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental ha estado investigando la denuncia durante varios meses, a requerimiento de la Fiscalía de Sevilla, quien ahora invita a las personas denunciantes, anteriormente funcionarios en servicio activo del Parlamento de Andalucía, a acudir a un juzgado si insisten en que se ha producido algún tipo de irregularidad que merezca un reproche penal.
La Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada había remitido en octubre de 2023 el asunto al Ministerio Público en Sevilla. La denuncia estaba íntimamente relacionada con unas diligencias de investigación, también archivadas por la Fiscalía de Sevilla en julio de 2023, por unas presuntas irregularidades en materia de contratación pública. Cómo se elaboró y gestó el principal informe que motivó el archivo respecto al contrato negociado sin publicidad más goloso, de 263.000 euros, era lo que ahora trataban de determinar la Policía y la propia Fiscalía pese a que aquella pormenorizada doble denuncia, principalmente de carácter técnico, terminó archivándose.
Según los denunciantes, en aquel caso, la Mesa de Contratación habría aprobado la adjudicación directa a Guadaltel en un procedimiento negociado sin publicidad por una supuesta ausencia de competencia por razones técnicas, ya que las aplicaciones objeto de ese contrato ya habían sido desarrolladas por Guadaltel y era la única empresa que conocía el código fuente actualizado del Parlamento. Pese a que los denunciantes han sostenido que el código fuente era accesible a todo el mundo, la Fiscalía mantiene que dicha empresa era la única que disponía de dicho código fuente actualizado.
Como ya confirmaron fuentes del Parlamento, siete trabajadores del Servicio de Informática elaboraron un informe sin que la Cámara lo pidiera. Dicho informe terminó siendo clave para que la Fiscalía archivara la investigación en primera instancia. Según habían advertido los denunciantes, la Fiscalía de Sevilla había cerrado “en falso” la investigación, “haciendo pasar como independientes informes que vinieron del entorno del denunciado” en primera instancia, esto es, del jefe del Servicio de Informática.
Cuando archivó por primera vez el caso, el fiscal consideró que aquellos informes fueron “emitidos por funcionarios públicos cuyos servicios se prestan en ese ámbito específico y sobre cuya actuación no existe en las actuaciones sombra de duda”. Pero tanto el hecho de que “todos los firmantes” tuvieran “dependencia jerárquica y directa” respecto al jefe de Informática, y cómo se produjeron los acontecimientos, que se detallaron en la nueva denuncia, les llevaron a presentar otro escrito ante la Fiscalía que se ha vuelto a archivar.
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