Se excava un pozo, y por él se introducen millones de litros de agua a presión mezclada con productos químicos para romper la roca del subsuelo. Por las grietas creadas se escapan los hidrocarburos (gas y petróleo) que a continuación son extraídos hasta la superficie. Es el fracking, una técnica cuyos detractores crecen día a día en todo el mundo.
Los últimos, los productores de cerveza alemanes que, según acaba de informar la revista Der Spiegel, temen que los productos químicos filtrados hasta los acuíferos acaben contaminando y destrozando la pureza de las aguas con las que ellos elaboran su famosa bebida. Así que acaban de reclamar al Gobierno alemán que prohíba su uso.
Aquí en España, la perseverancia de distintos movimientos sociales también ha ido consiguiendo que distintos territorios prohíban el uso del fracking, y en Andalucía también son numerosos los ayuntamientos y diputaciones que ya se han sumado a la petición de declarar la comunidad autónoma libre de fracking.
De hecho, Izquierda Unida, que gobierna Andalucía en coalición con el PSOE, defiende este martes 28 de mayo en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento andaluz una Proposición No de Ley (PNL) para instar al Gobierno a sumarse, prohibir el uso de esa técnica extractiva y declarar formalmente a Andalucía “libre de Fracking”.
Aun así, la Plataforma Andalucía Libre de Fracking (PALF), que agrupa a los movimientos que se oponen a su uso, ha convocado una concentración ante el Parlamento andaluz a las 13 horas, “para mostrar su apoyo, durante el debate y votación, a la PNL que presentará IU, y defenderá Manuel Baena, en la Comisión de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente”. Y es que en la PALF no las tienen todas consigo.
Si bien es cierto que la mayor parte de los responsables de medio ambiente provinciales y municipales del PSOE en Andalucía están a favor de prohibir el uso del fracking, dentro del Gabinete de Griñán hay discrepancias. A tenor de los vaivenes ocurridos durante la tramitación parlamentaria de la PNL, dentro de IU, que lleva el apellido de Los Verdes, también.
De hecho, ni siquiera está claro qué texto se va a someter a votación. Manuel Baena, portavoz de IU en la Comisión de Medio Ambiente, tuvo que luchar primero para conseguir que el tema no se discutiera en la Comisión de Innovación (Consejería de la que depende la concesión de las licencias y permisos de investigación y de extracción). Para a continuación ver como le descafeinaban el texto, desvistiéndolo de dos de sus cuatro resoluciones. Precisamente la que instaba al Gobierno andaluz a que prohibiera el uso de esa técnica, y que instase a su vez al Gobierno de Madrid a hacer lo mismo, y la que proponía declarar a Andalucía como 'Territorio Libre de Fracking'.
En un acuerdo adoptado por la Mesa del Parlamento, con el acuerdo del propio vicepresidente del Parlamento andaluz y miembro de IU, Ignacio García, se retiraron esos dos puntos de la PNL, reduciéndola a los que hasta entonces habían sido los puntos dos y tres (ver texto completo de la PNL al final del artículo):
2. Instar al Consejo de Gobierno, en el marco de sus competencias y de la normativa vigente, a la no concesión de autorizaciones para la investigación que utilicen esta técnica.
3. Instar al Consejo de Gobierno a realizar los cambios normativos necesarios para que la utilización de las técnicas referidas sea considerada como una actividad y un uso del suelo prohibido en toda clase de suelo, a efectos de planificación territorial y de aplicación de la legislación urbanística y reguladora de las actividades.
Enmienda del PSOE
Manuel Baena, el promotor de la PNL recurrió la decisión de la Mesa del Parlamento, pero ésta se lo denegó por escrito. Sin embargo, a última hora de la mañana del lunes, el PSOE le comunicó su intención de incluir una enmienda escrita al texto si IU se comprometía a apoyarla. La enmienda, aceptada por IU, consiste en incluir la misma coletilla en los dos puntos suprimidos. En el primero el texto propondría prohibir “la utilización de las técnicas de fractura hidráulica … Mientras no se despejen las incertidumbres asociadas a esta técnica extractiva”. Mientras que el cuarto punto la redacción quedaría “Declarar a Andalucía como ‘Territorio Libre de Fracking’ mientras no se despejen las incertidumbres asociadas a esta técnica extractiva”.
En otras palabras, no una prohibición definitiva sino una moratoria. Justamente la posición defendida por el Consejero de Innovación, Antonio Ávila, en el último pleno del Parlamento Andaluz, en el que propuso crear una comisión de expertos que informase sobre la conveniencia o no del uso del fracking.
El problema es que dicha moratoria, tal y como está planteada, no afectaría a los numerosos premisos de investigación ya concedidos en Andalucía a lo largo de toda la cuenca del Guadalquivir, desde Cádiz hasta Jaén. El Gobierno de Rajoy, que se ha declarado a favor del uso del Fracking, ha realizado cambios normativos para que una vez terminados los estudios sobre la existencia o no de hidrocarburos en el subsuelo, si estos son positivos, la concesión del permiso de extracción y explotación ya sólo dependa del Ministerio de Industria. Así, una vez concluidos los estudios en marcha (los más avanzados están en Cádiz), en unos meses podría empezar a utilizarse el fracking en Andalucía.
“Es fundamental que la moratoria se extienda a las investigaciones en curso. Así se podrían paralizar y al evitar que concluyan no podrían solicitar el permiso definitivo al Gobierno de la Nación, que sabemos que se lo va a dar”, explica el diputado autonómico Manuel Baena. Y eso, no está incluido en el texto de la enmienda. “Ni siquiera tengo claro ahora mismo cual es el texto que se discutirá, si el que la Mesa me ha comunicado por escrito o el original con la enmienda del PSOE”, dice Baena, que teme quedarse a expensas de que “el Gobierno recurra al Constitucional, ya que las competencias de medioambietne están transferidas, o no”.
La socialista Natividad Redondo, que ejerce como portavoz del Grupo Socialista en este tema, lo reconoce: “Efectivamente, no decimos que se paralicen los permisos ya concedidos, y, quizás, también tendríamos que verlo”. Tras pensarlo unos segundos añade, “la idea es proponerlo, lo hemos pensado, lo hemos hablado, pero no lo hemos ultimado”.
Propuesta del PP
Por su parte, Alicia Martínez, portavoz del PP en la Comisión de Medio Ambiente, señala precisamente a todo este vaivén parlamentario de la PNL como prueba de que es un tema complejo “que generá polemica social, y tenemos claro que el medioambiente es el primer bien a proteger”. Claro que inmediatamente después añade que “también es verdad que estamos convencidos de la potencialidad de los recursos de Andalucía en este tema y de su capacidad para reducir la factura energética”.
Para cuadrar ese círculo, Martínez asegura que en el debate en la Comisión buscará el consenso: “Vamos a plantear una enmienda verbal exigiendo que las exploraciones de fracking se tengan que realizar dentro de las mayores garantías medioambientales, exigidas tanto por la UE como por la legislación nacional, y teniendo en cuenta los informes de organismos internacionales”. Y, para buscar ese consenso, añade las dos concesiones del PP andaluz que hoy por hoy no están contempladas en la legislación que el Gobierno de Madrid y el PP nacional desarrollan sobre el fracking: “exigiendo la obligatoriedad de una declaración medioambiental favorable previa al desarrollo de estos proyectos, y respetando las competencias de las comunidades autónomas”.
Eso es todo lo lejos que el PP parece dispuesto a llegar. Aunque se muestra cauta en torno a la posibilidad de apoyar al moratoria que propone la Junta de Andalucía, lo que sí descarta categóricamente es apoyar una de caracter retroactivo que afecte a los proyectos ya en marcha: “Son de investigación, no de explotación ni de concesión definitiva. No tendría sentido paralizarlos, porque iría contra la seguridad jurídica de esos proyectos”, afirma. Y recuerda que en ese sentido el PP andaluz propone “introducir en la legislación nacional” la exigencia de la “declaración medioambiental favorable previa” a la concesión definitiva de la explotación.