El Parlamento andaluz ha sido escenario este miércoles de un intenso debate entre los cinco grupos políticos sobre el conflicto de los profesores de Religión que cobran pese a no impartir clases desde hace tres años. El debate, en el marco de la Comisión de Educación, ha reproducido el choque entre dos modelos de escuela muy distintos: el que defienden, con matices profundos, PSOE, IU y Podemos; y el que abanderan PP y Ciudadanos. Es en esta clase de debates donde al Gobierno socialista de Susana Díaz más difícil se le hace explicar su connivencia con el partido de Albert Rivera, una fuerza conservadora que ha sustentado su Administración durante tres años.
La consejera de Educación, Sonia Gaya, ha acudido al Parlamento para explicar este asunto en respuesta a seis peticiones de comparecencia: tres de IU, dos del PSOE y una de Podemos. Gaya ha empezado por dimensionar el problema, por primera vez desde hace siete meses: el Gobierno andaluz admite que hay maestros de Religión cobrando y sin impartir clases en 252 colegios de Infantil y Primaria de todas las provincias. Dado que este colectivo -2.028 docentes- es el único que no depende de la Consejería de Educación, este departamento admite que “no tiene control” de lo que hacen, de dónde están o de si están en centros donde no son necesarios. Para localizar el problema, “se pidió a la Inspección Educativa que inspeccionara centro a centro y persona a persona”, dijo Gaya. “Hay que hacer un seguimiento personalizado de cada uno de ellas, porque no están en nuestro sistema informático”, advirtió.
Tanto el Ministerio de Educación, responsable de sus contratos, como la Consejería del ramo tuvieron conocimiento de este desajuste entre plantillas y horarios desde septiembre de 2015. Pese a las denuncias presentadas por los colegios afectados ante ambas administraciones educativas, el problema persiste en el presente curso escolar. Ninguno de los dos se ha atrevido a cifrar, aún, cuánto le ha costado al erario público estos profesores que están de más en las escuelas.
Esta situación “anómala” tiene su origen en la primavera de 2015, cuando la Consejería de Educación aprobó una orden para adaptar el currículum de Primaria a la nueva legislación educativa (LOMCE), y reduce al mínimo legal el horario de Religión: 45 minutos a la semana. Sin embargo, en vez de implantar el mismo horario para todos los colegios, la consejería delega la decisión en las escuelas, para que cada una decida si mantiene la asignatura de Religión con 90 minutos -como ocurría hasta entonces- o si reduce la carga lectiva a 60 minutos o a 45 minutos por semana. El 65% de los colegios andaluces optó por restar peso a Religión para reforzar otras áreas, como Lengua, Matemáticas o Inglés.
El debate lo ha abierto el coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, que fue quien denunció el problema hace casi un año, en este mismo foro, y quien también hará rendir cuentas al ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, en el Congreso. Maíllo no se ha centrado tanto en señalar a los culpables como en buscar soluciones y ha exigido una respuesta a la consejera. “¿Qué norma le obliga a usted a elaborar una orden de desarrollo curricular en Primaria que delega en los colegios la decisión de pasar de 90 a 45 o 60 minutos la asignatura de Religión”, preguntó. En efecto, la reducción horaria fue regulada por la Consejería, pero ejecutada de forma desigual por los propios colegios. Esto generó malestar en muchas escuelas, donde los maestros de Religión acusaron a sus directores de dejarles sin trabajo. La decisión se adoptó por razones pedagógicas, pero muchos acusaron a los equipos directivos de seguir instrucciones ideológicas. No en vano, la propia Junta había anunciado a bombo y platillo la reducción horaria de Religión en respuesta a una “deriva reaccionaria de la LOMCE”, que había convertido esta asignatura en evaluable, y por tanto computaba para acceder a una beca, para pasar de curso y para entrar en la Universidad.
La solución de Izquierda Unida al problema es que la Consejería de Educación establezca por ley un módulo fijo de 45 minutos de Religión a la semana en todos los centros escolares de Andalucía, tanto en Primaria como en Secundaria, sin posibilidad de aumentarlo, como ahora. “Hay un estropicio que deben arreglar”, dijo Maíllo, que además se mostró visiblemente sorprendido de que estos profesores no consten en el sistema informático de Educación. “Ha habido un quebrando de recursos públicos porque existe un privilegio descarado y confeso de estos docentes avalado por el Ministerio y los obispos”, subrayó el líder de IU. Maíllo reconoció a Gaya su voluntad por solucionar el problema, desde su llegada a la consejería, pero le afeó que su departamento no haya hecho nada en tres años, sabiendo lo que ocurría. “Usted no es responsable de las instrucciones de 2015, pero me llama la atención que la consejería supiera esto desde hace tres años y no lo haya abordado hasta ahora”, sentenció.
La consejera no recogió el guante de Maíllo. Descartó de plano la posibilidad de ampliar a todos los colegios la reducción horaria de Religión a 45 minutos semanales, recordando que ésta era una opción que sólo había elegido el 5% de las escuelas. Gaya admitió que el sistema educativo andaluz tiene que “soportar la implantación de la LOMCE y el peso que le da a la Religión”, pero añadió: “Nos puede gustar más o menos este modelo, pero está claro que la ley permite que las familias elijan la enseñanza de Religión para sus hijos, y si es lo que se ha elegido en los centros, es porque lo han pedido las familias”. La consejera, además, se mostró sorprendida por que el líder de IU defendiera que se cercenase la autonomía pedagógica y organizativa de los centros escolares. “¿Defendería usted que la Consejería impusiera el mismo horario mínimo de Lengua, Música o Educación Física para todos los colegios de Andalucía?”, preguntó.
70.000 alumnos menos de Religión
El resto de intervenciones con los otros grupos tuvo menos contenido. Gaya le reprochó al portavoz de Podemos, Jesús de Manuel, que “criminalizase el trabajo que realizan estos trabajadores por cuestiones anecdóticas y puntuales”, como el caso de la profesora de Religión sin carga horaria que dedicaba su jornada a organizar su boda o preparar unas oposiciones. “No creo que quien tenga un horario mayor que su carga lectiva real y esté sin hacer otras funciones esté disfrutando de una situación fantástica”, le espetó. De Manuel valoró que el contrato laboral de los maestros de Religión está blindado en los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede, de 1979, “que tienen un claro sesgo preconstitucional”.
A Ciudadanos, por su parte, le llamó la atención que el cuerpo de profesores de Religión de Infantil y Primaria sea el único que no está transferido por el Gobierno a cinco comunidades autónomas, entre ellas Andalucía. Su portavoz preguntó a la consejera si reclamaría esas competencias, y ésta le dijo abiertamente que no. “Tenemos cosas más importantes”.
Por último, la portavoz del PP, Marifrán Carazo, instó a la consejera a que dictase instrucciones para habilitar a los maestros de Religión para que desempeñen otras funciones, como ha hecho el Ministerio en Ceuta y Melilla. “Nos parece muy grave que denuncien situaciones que parece que afectan a todo el profesorado de Religión y no es así. Es el Gobierno andaluz el que tiene que habilitar sus funciones”, advirtió. Pero la Junta de Andalucía no contempla, bajo ningún concepto, equiparar a profesores de Religión con los interinos o los funcionarios docentes de la escuela pública. Porque los primeros no han accedido al sistema vía oposición, sino elegidos a dedo por el Obispado a partir de requisitos ajenos a la función pública: como la moral recta y la vida cristiana. Y porque de hacerlo, estaría igualándolos con los interinos, cuya situación laboral es mucho más inestable que la de los docentes de Religión.
Andalucía es la comunidad, junto a Extremadura, donde más alumnos eligen la asignatura optativa de Religión en Primaria: un 88% de estudiantes. Sin embargo, el Gobierno andaluz cree que el peso que la LOMCE ha dado a esta materia ha influido claramente en estos datos. Desde que se implantó la ley, hay menos alumnos de Infantil y Primaria que eligen la materia de Religión (católica, en su mayoría, pero también islámica, evangélica y judía). En el curso 2013/2014, justo antes de la entrada en vigor de la LOMCE, había 602.722 alumnos cursando una de las tres religiones, y en el presente curso hay 532.082 estudiantes (70.640 menos). No obstante, ocurre justo lo contrario en los cursos superiores: Secundaria y Bachillerato, donde la entrada de la LOMCE ha aumentado en 10.016 alumnos de Religión. La Junta cree que esto se debe a que los estudiantes eligen la materia por la facilidad para aprobarla, dado que la ley la convirtió en una asignatura evaluable, y por tanto puntúa para lograr una beca y acceder a la Universidad.