Urbanismo
Las más de 5.000 familias que viven en Puente de la Sierra (Jaén) miran con incertidumbre su futuro inmediato y con hastío el pasado que han vivido. 60 años después de que empezasen a construir las primeras viviendas en esta zona, los inmuebles que se han edificado en todo este tiempo están en una situación de alegalidad que hace que no pertenezcan al paisaje urbano de Jaén capital, pese a que de facto forman parte de la ciudad. Como esto no ocurre, las casas no están regularizadas y los suministros no son legales en la mayoría de casos. Tras muchos intentos por revertir la situación, la futura construcción de un colector de aguas podría acabar siendo la solución.
Dicho proyecto, promovido por el Ayuntamiento de Jaén, con una inversión estimada de 9 millones de euros y presentado el pasado mes de octubre, tendrá una función doble que los vecinos de Puente de la Sierra ansían. Por un lado, será la solución al saneamiento de agua potable que necesitan y que la gran mayoría de viviendas no tienen y, por otro, la infraestructura permitirá dotar de legalidad a las viviendas, permitiendo la urbanización del entorno y acabando con una situación compleja. Tan compleja como prolongada en el tiempo, ya que las primeras viviendas que se construyeron datan de los años 60 del pasado siglo.
Lo que ocurre en la actualidad en Puente de la Sierra es que la mayoría de las casas construidas carecen de un registro legal y por lo tanto, sus inquilinos han de ingeniárselas para contar con los suministros de agua y luz. Hay viviendas que al ser más antiguas y ubicarse cerca de tomas de agua o luz que se levantaron hace décadas, sí están regularizadas y pueden obtener estos recursos básicos, pero esto no es la normalidad que viven a diario las 5.000 familias de este futuro barrio de la capital de Jaén. Lo más habitual es que para el consumo humano hagan uso de agua embotellada y que las aguas fecales acaben en fosas sépticas, pozos secos o los ríos que discurren por la zona. Además, la luz se gestiona a través de enganches a postes para los mismos pozos o con contadores comunitarios que revenden las asociaciones vecinales.
Precisamente el hecho de estar rodeados de los ríos Jaén y Frío es otra de las razones por las que los vecinos quieren que se regularicen sus viviendas. Como están en una situación de alegalidad, el cuidado de los arroyos es deficiente y al estar en una zona inundable, temen que una crecida del cauce por fuertes lluvias pueda provocar riadas como las que tuvieron lugar a finales de los años 90. La limpieza corresponde al Consistorio, a través de financiación autonómica, pero como el entorno está en un vacío legal, los lugareños protestan porque se sienten ignorados.
Para arreglar todo este entramado, en 2006 se constituyó la llamada Mesa de Protocolo. En ella están representadas todas las organizaciones que buscan la regularización de las viviendas y su urbanización. En dicha mesa también tienen representación las administraciones públicas y en los últimos años ha habido diferentes reuniones para tratar soluciones con las que acabar con la situación de alegalidad de la mayoría de inmuebles de Puente de la Sierra. Pese a que ha habido acercamientos, ninguno ha cristalizado, salvo cuando en 2014 estuvo a punto de aprobarse un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Jaén que regularizaba estas viviendas.
Sin embargo, diferentes conflictos entre promotores urbanísticos de Jaén capital metieron el PGOU en el cajón del olvido por culpa de tretas judiciales que llevaron a la desesperación a estos vecinos. Uno de ellos es José Sánchez, presidente de la Unidad de Gestión Vecinal (UGV) que representa a todos los lugareños en este proceso. Cuenta que llevan “años luchando para que se les reconozcan las viviendas”. Explica que el origen del lugar eran campos aislados con propietarios agrícolas que en un momento dado empezaron a edificar casas para familiares en sus parcelas y que, dada la belleza del entorno, las edificaciones empezaron a proliferar.
“Se construyó sin licencia del Ayuntamiento, sin planos y sin nada. Muchas viviendas dicen que tienen escrituras de las casas, pero estas no reconocen que sean legales porque no hay licencia de primera ocupación. No son ilegales porque cuando pasan 6 años sin que haya denuncia, la vivienda consolida su derecho de estar en pie”, explica Sánchez. De hecho, hay casas sobre las que pesa una orden de derribo que no se ha ejecutado porque el Consistorio pretende antes reconocerlas, por lo que carece de sentido que se destruyan. Por ello, la futura construcción del colector de aguas se asume como una oportunidad.
Es una oportunidad porque su puesta en marcha permitiría adecuarse a la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) que puso en marcha la Consejería de Fomento en 2021 con el fin de resolver problemas legales como el de Puente de la Sierra. La LISTA contempla que se deben hacer PGOU especiales en cada zona y que para que eso suceda hay que crear proyectos alrededor. Una figura en la que encaja perfectamente el colector jiennense, salvo por el detalle de que el dinero para su construcción debe llegar desde el Ejecutivo regional, aunque lo promueva el Ayuntamiento de Jaén.
El otro problema que surge a raíz de esta cuestión es que las viviendas de esta zona tienen que cumplir con la Ley de Aguas aprobada en 1985 y, por lo tanto, contar con un informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Los vecinos daban por hecho que muchas viviendas se habían construido después de dicha ley y que, por lo tanto, las casas no tendrían el informe positivo que permitiría regularizadas y así conectarse al colector a través de planes especiales individuales que ha de pagar cada propietario.
Sin embargo, explica José Sánchez, se está en la tesitura “de que se pensaba que muchas viviendas fuesen posteriores a 1985 y que no iba a interesarle a los vecinos desarrollar el plan especial, puesto que las viviendas no tendrían informe positivo”. Pero han comprobado que al menos un 60% de las viviendas son anteriores a esa fecha, por lo que no tendrían que tener el visto bueno de la CHG para ser dadas de alta gracias a la construcción del colector. Lo que ocurre es que sin que Ayuntamiento de Jaén y Junta de Andalucía se pongan de acuerdo, de nada sirve que la normativa les haya hecho este guiño. “Nosotros apoyamos y queremos que las administraciones hablen entre ellas y se ejecute la obra”, asegura Sánchez.
El entendimiento no es sencillo. Por una parte, el Ejecutivo regional explica que “el Ayuntamiento de Jaén debe dar los pasos necesarios, a través de las herramientas que la Junta de Andalucía le facilita con la Ley LISTA, para regularizar esta zona y convertirla en zona urbana”. Desde la Junta de Andalucía insisten en que “mientras que el Ayuntamiento no asuma su responsabilidad, la Junta no tiene competencias. El Ayuntamiento tiene competencias para hacerlo y en ningún momento puede escudarse en otra administración para no asumir la responsabilidad que está dentro de su ámbito competencial”. Dicho de otro modo, la Junta argumenta que hasta que el Consistorio no regularice, que solo podría hacerlo a través de un PGOU que data de los años 90, no actuarán en el ámbito de la depuración de las aguas residuales.
No obstante, desde el Ayuntamiento de Jaén se muestran dispuestos a resolver este tema “en el primer trimestre de este año”. Urgen a ello porque aseguran que, si no se regularizan las viviendas y se les dota de saneamiento, la normativa europea puede llevar a cabo sanciones que afectarán directamente a los bolsillos de unos vecinos que ya pagan contribución a pesar de no tener servicios públicos. Desde el Consistorio dicen que “la Junta de Andalucía es la que tiene la responsabilidad de solventar este problema porque tiene la competencia en depuración”.
A pesar de ello, argumentan que si el Ejecutivo regional no quisiera hacerse cargo de esta obra, que puede costar 9 millones de euros alegando cuestiones normativas, “se buscarán soluciones”. Porque, dicen, “el proyecto ha de salir hacia adelante para evitar sanciones”. Es un punto de inflexión para la regularización de las viviendas. Desde el Consistorio argumentan que “el colector es muy bueno porque construye una red que conecta desde el Puente de la Sierra hasta las aguas residuales de Santa Catalina. Se trata de un proyecto que tiene 18 meses de ejecución y que se puede pagar con el dinero que la Junta recoge vía impuestos. Está además en su mayor parte por terreno público. Además, al aprovechar la pendiente, coge la propia inercia del terreno y es menos costoso”. Motivos por los que la Junta y el Ayuntamiento están condenados a entenderse. Los vecinos lo exigen cuanto antes.
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