La ciudad de Linares se enfrenta este martes 5 de julio al tercer acto de una moción de censura alcalde Raúl Caro-Accino –de Ciudadanos– que ha sido suspendida en dos ocasiones por orden judicial y que implica a dos juzgados, uno de Jaén y otro de Linares. Asimismo, entre el 4 y el 8 de julio, están llamados a declarar ante el Juzgado Mixto número 1 de Linares (Jaén) 15 concejales de los 25 que conforman la corporación municipal de la ciudad en una batalla política que se libra, también, en los pasillos de la Justicia.
Esta declaración en sede judicial es solo una pequeña parte de la historia, que parece interminable, de la moción de censura presentada en el mes de febrero de 2022 contra el alcalde de la segunda ciudad más poblada de la provincia de Jaén. Una ciudad que salta cada año a los medios de comunicación por ser la que más paro tiene, según una estadística del INE.
Linares fue conocida mundialmente en el siglo XX por contar con Santana, la única empresa automovilística andaluza que cerró en 2011; y en el siglo XIX, por sus minas, cuando su metal cotizaba en la bolsa de Londres y había delegaciones diplomáticas de Francia, Alemania, o Gran Bretaña. Sin embargo, en el siglo XXI, Linares no termina de arrancar, ni económica ni políticamente.
Durante 20 años, entre 1999 y 2019 estuvo gobernada por el PSOE, por Juan Fernández, ahora expulsado por el partido, tras ser condenado por un delito de malversación de caudales públicos entre 2011 y 2017, cuando aún ostentaba la Alcaldía linarense. Aun así, en las últimas elecciones municipales de 2019, se presentó con Linares Futuro y obtuvo dos concejales. Los socialistas fueron los que lograron una mayor representación con ocho concejales, el PP consiguió cinco, igual número Ciudadanos, tres concejales el partido CILU Linares y dos concejales IU.
Gracias a un pacto de Gobierno entre Ciudadanos, PP y CILU, logra la vara de mando de alcalde, Raúl Caro-Accino, de Ciudadanos. Pero este acuerdo se rompe en enero de 2021, cuando CILU abandona el pacto al considerar que el alcalde ha hecho una remodelación del Gobierno municipal sin contar con ellos. Desde entonces gobiernan en minoría Ciudadanos y PP.
Un año después de la ruptura del pacto de Gobierno, en enero de este 2022, el PSOE anuncia que va a iniciar contactos con el resto de grupos para presentar una moción de censura.
El 22 de febrero, la concejala de Economía y Hacienda, Desarrollo Económico, Empresa, Emprendimiento y Universidad, Noelia Justicia (Ciudadanos), renuncia a su acta de concejal para evitar la moción, una de las condiciones de CILU para no apoyarla. Sin embargo, esta maniobra no consigue paralizar la moción que es registrada por PSOE e IU y apoyada por CILU dos días después, el 24 de febrero.
Aseguran que lo hacen para “acabar con la parálisis e inestabilidad” del Ayuntamiento linarense, mientras el alcalde pide “responsabilidad para poder terminar los grandes proyectos iniciados en la ciudad” y anuncia un borrador de presupuestos para 2022, que finalmente serían rechazados semanas después, en un polémico pleno en el que no faltaron las descalificaciones por las distintas partes.
Es entonces cuando comienza la judicialización de la moción. Ciudadanos acude al contencioso-administrativo pidiendo la nulidad de la diligencia que convoca el pleno donde se debe debatir y votar la moción y para ello, y además, pide las correspondientes medidas cautelares.
Ciudadanos pide a la justicia que se manifieste al respecto de la situación de dos concejales socialistas, Daniel Campos y Javier Perales, para clarificar si pueden o no votar dicha moción.
Respecto al primero, condenado en 2021 por un delito electoral a seis meses de inhabilitación del derecho de sufragio pasivo por pedir el voto el mismo día de las elecciones, Ciudadanos reclama que, antes de que vote en el pleno, la justicia se pronuncie sobre si dicha sentencia se ha ejecutado y si afectaría de alguna manera al resultado de la votación.
Respecto de Javier Perales, el gobierno local (Ciudadanos-PP) le cuestiona que haya facturado desde su farmacia al Ayuntamiento productos como mascarillas o gel hidroalcohólico durante la pandemia que previamente le había encargado el propio Consistorio ante la escasez en el mercado de dichos productos. Para apoyar este aspecto, incluyen un informe de la Secretaria General del Ayuntamiento de Linares que establece que la existencia de estas facturas y de los cobros correspondientes afectan al estatus jurídico de Javier Palacios y al régimen de incompatibilidad al establecer la Ley “causa de incompatibilidad con el cargo de concejal el ser contratista o subcontratista de contratos, cuya financiación total o parcial corra a cargo de la Corporación municipal o de establecimientos de ella dependientes”.
Estos dos argumentos son tachados por el PSOE provincial de “pipirrana mental”, sin embargo, han sido aceptados por el juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Jaén que acepta la medida cautelar, y suspende el pleno en el que se iba a debatir la moción de censura el 11 de marzo.
Mientras se está a la espera de que este juzgado se pronuncie sobre las circunstancias especiales de los concejales Daniel Campos y Javier Perales, el 24 de marzo se celebra en Linares otro pleno en el que se vota la incompatibilidad del concejal socialista Javier Perales. Votan en contra de esa incompatibilidad un total de 15 concejales, mayoría.
Hace apenas una semana, el 22 de junio, el Contencioso Administrativo número 2 de Jaén acuerda “el levantamiento de la suspensión tanto del procedimiento principal como de la pieza de medidas cautelares” y se convoca la celebración del pleno para debatir la moción de censura para el 24 de junio.
Sin embargo, el pleno apenas sí dura dos minutos. Lo suficiente para que el secretario municipal comunique que el juez titular del Juzgado reconoce haber cometido “un error material manifiesto” cuando acuerda el levantamiento de dicha medida. Lo hace en un nuevo auto que deja sin efecto parte del anterior y que firma el mismo día en el que estaba convocado el pleno de la moción de censura.
La tercera oportunidad para que Linares cambie de Gobierno, antes de las elecciones municipales de 2023, va a ser este martes 5 de julio. Lo ha hecho tras conocer que el mismo magistrado que lo suspendió hace unos días, ha emitido un nuevo auto, con fecha 30 de junio, en el que asegura que “no existe causa aparente que impida la convocatoria ni la celebración” del mismo. Será el tercer acto de una historia, que podría tener punto final en unos días.
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