El dueño de la finca que abandonó a un migrante muerto en un centro de salud pertenece a Vox y fue concejal del PP
El pasado 16 de diciembre, la Guardia Civil detuvo al propietario de una explotación olivarera en Pozo Alcón (Jaén) tras supuestamente abandonar en el centro de salud del municipio el cuerpo sin vida de un inmigrante de 31 años y nacionalidad marroquí que falleció en su finca recogiendo aceituna sin que tuviera contrato de trabajo ni documentación en regla.
Este miércoles, y como ha adelantado la Cadena Ser, se ha sabido que este mismo empresario actuó como apoderado del partido de extrema derecha Vox en las últimas elecciones generales del 10 de noviembre, y que antes había concurrido a las municipales en las listas del PP para el municipio de Hinojares (Jaén).
La postura del partido en el que ahora milita, tan sólo cinco meses después de abandonar el Partido Popular, es clara contra la inmigración. De hecho, utilizan políticamente la identificación de delincuencia con migración con datos que se han demostrado como falsos. En este caso, el imputado por un delito es el empresario y político. La Benemérita fecha los hechos al sábado 14 de diciembre, cuando el propietario de la explotación presuntamente llevó en su vehículo hasta el centro de salud de Pozo Alcón a dos hombres, uno de ellos, el fallecido. En el centro de salud, según fuentes de la Guardia Civil, pidió una camilla para tumbar al que supuestamente necesitaba asistencia médica y abandonó el lugar. Fue el médico el que señaló que el paciente estaba fallecido y que su muerte no se había producido en el centro de salud sino que ya había llegado cadáver, como ha informado Europa Press.
Al parecer, según han indicado desde la Guardia Civil, el propietario de la finca los recogió de la calle esa misma mañana y se los llevó a trabajar en la recogida de aceituna. En el tajo, la víctima se desplomó y lo siguiente que se conoce es que el empresario supuestamente se deshizo del cadáver llevándolo al centro de salud.
Ahora, el imputado, de 34 años, se enfrenta a un delito contra los derechos de los trabajadores y la Inspección de Trabajo ya se ha personado en la finca del empresario en compañía de la Guardia Civil.
