Los vecinos del entorno de Jontoya, en Jaén capital, y Ecologistas en Acción tratan de frenar la instalación de una planta de estiércol que lleva meses construyéndose y cuya puesta en marcha es cuestión de tiempo. Algo que está ocurriendo justo en una zona en la que las viviendas se encuentran en una situación de alegalidad porque, tras años de lucha vecinal, el Consistorio aún no ha encontrado la fórmula de legalizarlas, lo que choca con la paradoja, denuncian los afectados, de que sí se pueda construir sin mayores problemas una planta como la que está siendo objeto de esta polémica.
Mientras el Ayuntamiento de Jaén recuerda que esta explotación, que dará cobertura a una vaquería cercana, inició sus procedimientos administrativos durante la anterior etapa de Gobierno, bajo la gestión del PSOE, y que todos los papeles están en regla, los ecologistas aseguran que hay determinados aspectos de dicha documentación que incumplirían incluso el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Al respecto, el alcalde de Jaén, Agustín González (PP), les ha recomendado que interpongan un recurso extraordinario para que se estudie qué puede haberse hecho mal.
En concreto, la planta de secado de estiércol está prácticamente terminada y se levantaría con una extensión de 3.000 metros cuadrados y muros de hasta dos metros en una ubicación muy próxima a diversas viviendas de Puente Jontoya. Por ello, en Ecologistas en Acción han interpuesto alegaciones a la licencia de construcción al entender que se están vulnerando aspectos normativos. El principal de ellos es que el PGOU de Jaén prohíbe “taxativamente” este tipo de instalaciones por la peculiaridad de la zona.
Según el recurso, al que ha tenido acceso este medio, dado que la planta de secado se ha construido en una zona de vega y a pocos metros del arroyo Recuchillo, el PGOU de 1996 señala que “se prohíbe taxativamente todo tipo de vertidos líquidos, así como la ubicación de vertederos de residuos u otros productos que pudieran generar lixiviados de carácter tóxico, abarca todos los terrenos situados al sur del núcleo urbano”. Justo esa es la descripción del entorno en el que se ha construido la planta.
Por otra parte, también podrían estar incumpliéndose aspectos como la lejanía a núcleos de población. Dado que la normativa obliga a que este tipo de instalaciones estén a más de 500 metros, en este caso se incumple porque Puente de Jontoya está a 400 metros de la planta. Tampoco se tiene constancia de que haya un Estudio de Impacto Ambiental porque no existe en el expediente de concesión de la licencia y no figura que se haya notificado administrativamente a los interesados nada de lo relacionado con esta construcción, lo que también incumple la normativa.
En definitiva, los ecologistas, con el apoyo unánime de las plataformas vecinales Juntos Ya y la Federación OCO, han presentado este recurso ante la Consejería de Urbanismo del Ayuntamiento de Jaén para tratar de impedir que se construya definitivamente la planta, aunque las obras están prácticamente finalizadas. En todo caso, José Sánchez, presidente de la Unidad de Gestión Vecinal que engloba a los seis núcleos de población que están en la zona de Los Puentes, considera que esta obra no es más que la consecuencia del “maltrato” que sufren desde hace décadas.
Los vecinos, que se movilizaron a finales de septiembre, han pedido en reiteradas ocasiones que se les informe detalladamente sobre la construcción de la planta y que de paso se atiendan las demandas que afectan a las miles de viviendas que están en situación de alegalidad desde hace 50 años. “Estamos en una situación de abandono”, lamenta Sánchez. Asegura que algunos representantes políticos les han dicho que “como la zona es agrícola, pueden conceder licencias del tipo que sean porque las viviendas son ilegales”. Una situación que llevan tiempo intentado resolver.
Mientras se intenta conseguir la elaboración de un PGOU que dote de legalidad a los domicilios de los 5.000 vecinos de la zona para que puedan si quiera urbanizar el agua y la luz, una sentencia reciente ha abierto la puerta a mejorar su situación. En marzo, la Justicia le dio la razón a un vecino que reclamaba su derecho a conectarse al suministro municipal de agua. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jaén le amparó entonces.
El tribunal reconoce que hay varias normas, entre ellas el artículo 60.3.1º Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, de Aguas o el artículo 74 y concordantes del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, las Corporaciones Locales que obligan a los ayuntamientos a dar suministro de agua a las viviendas que se encuentren en su núcleo de población. Un reconocimiento que abre la puerta a que el resto de vecinos puedan hacer lo propio con sus viviendas. Aunque este asunto aún va para largo.
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