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La citación se produce como resultado de las diligencias abiertas en su momento por Maexpa, una promotora desaparecida cuya existencia era fiel reflejo del modelo empresarial amparado por la burbuja inmobiliaria que acabó con suspensión de pagos y gran cantidad de pleitos pendientes, entre ellos una hipoteca de Ibercaja por la que al final se hizo con el inmueble. Según fuentes consultadas en Ibercaja, Cerro Murillo S.A., la sociedad que administra los inmuebles de esta entidad financiera, asumió la propiedad ante los impagos de Maexpa. Pese a que desde la entidad aseguran que “ninguno de los ocupantes ha sido desahuciado por Ibercaja”, el proceso ha seguido adelante.
La mesa de negociación constituida en colaboración la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz para regularizar la situación de los ocupantes y así evitar esta vía judicial no ha tenido efecto hasta la fecha. Por su parte, fuentes consultadas en la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz confirman que en su momento “la jueza les comunicó que existe un exhorto de un juzgado de Zaragoza por el que el banco pedía el desalojo de los vecinos”, contradiciendo la versión aportada por Ibercaja y reconocen que esas contradicciones “alimentan cierta desconfianza de los ocupantes hacia la negociación”.
Los ocupantes han reiterado en multitud de ocasiones su intención de habitar el edificio pagando un alquiler social acorde a sus posibilidades. En este contexto, pueden resultar sorprendentes las declaraciones realizadas la semana pasada por Amado Franco, presidente de Ibercaja y uno de los cuatro vicepresidentes de la Confederación Española de Cajas de Ahorros, a la Cadena SER. Preguntado por sus impresiones sobre el reciente decreto-ley de vivienda del Gobierno Andaluz, Amado Franco afirmó que “el derecho a una vivienda digna está en la Constitución y en este país hay familias que no pueden acceder a una habiendo miles y miles de viviendas vacías, un gran contrasentido que nos debería llenar de vergüenza” subrayando que “hay que buscar soluciones”. Además, también explicó que “para las entidades financieras es una utopía pensar que todas esas viviendas vacías se van a vender”; por eso “es preferible que una vivienda esté ocupada, y percibir un alquiler de 100 euros antes que no percibir nada”.
Desde la Corrala Utopía afirman estar a la espera de la convocatoria de la próxima mesa de negociación, para que esas declaraciones cristalicen de alguna manera en un acuerdo. Según afirman, “sobre la mesa hay ya una propuesta de solución de un año de alquiler social prorrogable por un año más y que está apoyada por el Defensor del Pueblo y la Junta de Andalucía”. Las familias han convocado hoy una concentración a partir de las 9.30 en los Juzgados.