“Es hora de que los jueces se conciencien y actúen”. Bajo esa premisa, cientos de personas, en una acción coordinada a nivel nacional por todos los colectivos de Stop Desahucios y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), han presentado este martes escritos ante los juzgados para solicitar que se paralicen o suspendan los procedimientos de ejecución hipotecaria.
Lo piden en virtud de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea –la última del 17 de julio de 2014- que establece que la Ley Antidesahucios que aprobó el PP en solitario va en contra de los derechos fundamentales de las personas. En concreto, porque considera que la legislación española viola el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que consagra el derecho a la tutela judicial de todos los ciudadanos en igualdad.
Tras esa sentencia, el Gobierno se vio obligado a realizar una modificación en un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil que permite a los particulares recurrir sus procesos de ejecución hipotecaria en un plazo que termina a primeros del próximo mes de octubre. Y aunque el Ejecutivo no dio publicidad a este cambio en la legislación, las plataformas antidesahucios se han encargado de leer la letra pequeña y aunar su acción para que los afectados presenten en estos días sus recursos y eleven escritos a los jueces para pedir la paralización de los lanzamientos de sus casas.
“Si vemos que los jueces no hacen caso a Bruselas es que son cómplices del Gobierno y los bancos”. Así lo cree firmemente Antonio, una de las personas afectadas por un proceso de lanzamiento de su casa que lleva ya varios años batallando para no quedarse sin vivienda. Este martes ha presentado, junto a otras sesenta personas, un escrito en los juzgados de Córdoba para que los jueces atiendan a la sentencia del Tribunal de la UE y “puedan proceder a anular los procedimientos de ejecución hipotecaria”, según reza el documento entregado.
Antonio, que con 43 años y dos hijas a su cargo no tiene prestación alguna, sabe bien lo que Bruselas dice al respecto, porque este hombre fue uno de los seis caminantes de Stop Desahucios que en el verano de 2013 recorrieron más de 2.600 kilómetros a pie desde Córdoba para denunciar ante la Comisión Europea la situación de miles de familias en España que se veían abocadas a un desahucio.
Allí les escucharon. Incluso obtuvieron respuesta recientemente de la propia Comisión Europea que se ha comprometido a abrir una investigación sobre la situación de los afectados por sus hipotecas en España. Pero para muchos, como él, esa situación se alarga ya muchos años y quieren que los jueces tomen ya cartas en el asunto.
“Mi casa ya se había subastado, pero el juez canceló la subasta al comprobar que había cláusulas abusivas en mi hipoteca con el BBVA”, explica Antonio. Ahora espera respuesta del banco para negociar y, mientras tanto, ha podido seguir viviendo en su casa. Pero, persiste en su idea, “los jueces tienen que implicarse. Si estamos en la UE es para algo”, dice aludiendo a la sentencia del Tribunal Europeo que avala a los afectados por procesos de desahucios.
Como él, otros muchos compañeros de la plataforma Stop Desahucios se han dado cita en los juzgados para presentar sus escritos. Cada uno, con su caso, con su historia. Ángel y Charo son una pareja con dos hijos que llevan dos años sin poder pagar su hipoteca al Banco Santander. “Hemos pedido una dación en pago pero el banco no contesta. No negocia y estamos en proceso de ejecución hipotecaria”, cuentan.
“Hay jueces que no escuchan, pero debe prevalecer la sentencia del Tribunal Europeo”
Sin fecha concreta para el lanzamiento pero con la angustia en el día a día, esta pareja con ambos miembros en paro y cobrando 213 euros al mes, esperan contestación de la entidad bancaria para paralizar su desahucio y que se abra una negociación para buscar una solución. Y esperan, asimismo, “sensibilidad de los jueces” ante la situación que viven. “Hay jueces que no escuchan, pero ahora debe prevalecer la sentencia del tribunal de la Unión Europea”, explican. “Porque –añaden- si somos europeos para unas cosas para esto también”, dicen en alusión al escrito que han sellado en el registro de los Juzgados.
“La manera de parar esto es no aislarse y luchar juntos”. Lo dice por experiencia en carne propia Óscar, que no conocía la plataforma Stop Desahucios cuando sufrió su lanzamiento y perdió su casa en 2012, cuando llevaba cuatro años en paro y no podía pagar la hipoteca. “Perdí mi vivienda y aún me queda una deuda de 50.000 euros por pagar”. Y ahora, sigue dando la batalla para que a ningún compañero más de la plataforma le pase lo que a él. Por eso mira también a los jueces. “El que me tocó a mí fue totalmente frío, no tuvo ninguna sensibilidad. Pero ahora espero que las cosas cambien y que tengan algo de conciencia social”, pide.
“Por lo que estamos viendo, de momento (los jueces) no hacen caso. Siguen a las órdenes de los bancos, que son quienes tienen el poder. Se dejan llevar por ellos y no atienden a las necesidades de las personas”. Es su lectura cruda de una realidad que conoce bien. Una realidad que, con la acción de este martes, quieren trasladar a la conciencia y la responsabilidad de los jueces porque, según las plataformas de afectados, hoy en día, “cientos de familias con menores de edad y personas mayores están perdiendo sus viviendas sin una alternativa habitacional”.