El juez que investiga los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con clínicas privadas entre 2020 y 2023, amparándose en una ley derogada tras la pandemia, ha citado como investigada a la actual gerente, Valle García, y a sus dos antecesores en el cargo, Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán.
En un auto, adelantado por la Cadena Ser y al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, el juez de instrucción número 13 de Sevilla, Javier Santamaría, ha informado a los tres de que van a ser investigados en una causa judicial sobre un posible delito de prevaricación, a resultas de una querella interpuesta por el PSOE que denuncia tres delitos más: malversación de fondos, falsedad documental y pertenencia a organización criminal, este último castigado con hasta ocho años de cárcel.
La causa judicial ahora en curso reproduce, punto por punto, la investigación iniciada hace más de un año por este periódico sobre los contratos a dedo de la Junta a clínicas privadas amparándose en el marco legal excepcional de la pandemia cuando ya estaba derogado.
elDiario.es Andalucía reveló, el 12 de marzo de 2023, que el Gobierno de Moreno había adjudicado a dedo 243 millones de euros a estas empresas sin amparo legal, una noticia que provocó 48 horas después un aviso por escrito de la Intervención del SAS, que abría una investigación interna, y el anuncio de la Junta para suspender de inmediato ese tipo de contratos.
La querella de los socialistas señala directamente a dos ex altos cargos del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Guzmán, gerente del SAS entre noviembre de 2019 y julio de 2022; y su sustituto, Diego Vargas, que ocupó este puesto hasta diciembre de 2023. Guzmán fue ascendido a viceconsejero de Salud tras las elecciones de 2022, pero cesado cinco meses después, tras hacerse públicas las desorbitadas listas de espera de pacientes para operarse, que la Junta llevaba año y medio sin publicar.
A los tres meses de su cese, Guzmán fichó por la aseguradora privada Asisa, una empresa que se había beneficiado de la adjudicación a dedo de 44 millones de euros en contratos que ahora investiga la Justicia. Su sustituto como gerente del SAS fue Diego Vargas, también imputado, que fue destituido junto a él el mismo diciembre de 2023.
La Junta fichó entonces a la actual gerente, Valle García, que nada más llegar aparcó los Acuerdos Marco con los que pretendían volver a la contratación en abierto, con publicidad y concurrencia competitiva, y recuperó la adjudicación a dedo con clínicas privadas, esta vez con la fórmula del negociado sin publicidad, con la que ha repartido más de 120 millones este año, el 80% a los mismos seis complejos hospitalarios privados que acapararon los contratos a dedo entre 2021 y 2023 que investiga el juez.
El PSOE también cuestiona el uso de los contratos negociados sin publicidad pero, sin ampliar aún la denuncia a estas nuevas adjudicaciones a dedo, el pasado 11 de noviembre incluyó en su querella el nombre de la actual gerente del SAS, que un día después (12 de noviembre) aparece ya como investigada en el auto emitido por el juez Santamaría. El magistrado cita a los querellados “para cualquier día hábil de este mes de noviembre al objeto de informarles de sus derechos y darles traslado de la querella”, aunque no fija el día de su declaración en los juzgados.
En la última provindencia, fechada el 13 de noviembre, Santamaría ha requerido documentación al Tribunal de Cuentas, a la Intervención General de la Junta de Andalucía y también del SAS, a instancias de los fiscales delegados de la Fiscalía Anticorrupción, que el 11 de noviembre enviaron su escrito interesando la práctica de varias diligencias de instrucción, que el juzgado asume para la determinación de los hechos objeto de investigación.
El juez reclama al Gobierno andaluz el expediente aprobado por el Consejo de Gobierno del 6 de octubre de 2020, en el que sustituyen la fiscalización previa de determinados gastos, órganos y servicios sanitarios -incluidos los polémicos contratos de emergencia- por el control financiero permanente, esto es, auditorías a posteriori.
Una de esas auditorías de la Intervención del SAS, referente al ejercicio 2021, cuestiona el procedimiento de emergencia cuando la pandemia ya estaba “muy atemperada”, concluye que “no existe justificación alguna” para mantener los contratos a dedo, y pone en entredicho el reparto discrecional de casi 300 millones a euros entre clínicas privadas.
En la misma providencia, el juez también requiere los sucesivos informes de la Intervención del SAS del año 2021 y posteriori -el del ejercicio 2022 debe hacerse público en estas fechas-, requiere a la Secretaría de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado informes, resoluciones y consultas relativas a la contratación de emergencia posterior a 2020.
Este órgano, adscrito al Ministerio de Hacienda, ya instó a todas las comunidades autónomas en abril de 2021 a restringir el uso de los contratos de emergencia. La Consejería andaluza de Hacienda, un mes después, envió unas instrucciones al resto de departamentos, incluido el SAS, para recordarles que el Real Decreto habilitado por el Gobierno durante la pandemia para agilizar la contratación a dedo estaba ya “plenamente derogado”, y debía limitarse su uso a casos “excepcionales y residuales”.
El magistrado también solicita a la Cámara de Cuentas su informe de fiscalización sobre los contratos de emergencia en la Junta de Andalucía relativos a 2020, esto es, previo a la investigación judicial, pero que ya apuntan en un anexo sobre 2021 el abuso de estas adjudicaciones a dedo a clínicas privadas.
El juez da aviso de su auto, en el que cita como investigados a los tres últimos responsables del SAS, a la Fiscalía Anticorrupción, que forma ya parte de la causa y deperá posicionarse respecto a los delitos y querellados que señala el PSOE.
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