El juez investiga una querella contra el ex número dos andaluz de Salud que dio a dedo 44 millones a la clínica que lo fichó

La denuncia del PSOE por los contratos a dedo del Gobierno andaluz con clínicas privadas incluye hasta cuatro delitos de corrupción que los socialistas imputan a altos cargos y exaltos cargos de la Consejería de Salud: prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público y organización criminal, este último castigado con hasta ocho años de cárcel.

La querella de los socialistas señala directamente a dos directivos concretos, el de Miguel Ángel Guzmán, gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) entre noviembre de 2019 y julio de 2022; y su sustituto, Diego Vargas, que ocupó este puesto hasta diciembre de 2023. La acusacióin popular pide que se les cite como investigados, junto a funcionarios, interventores del SAS y los autores de los informes jurídicos que avalaron estos contratos.

El Gobierno de Juan Manuel Moreno ascendió a Guzmán a viceconsejero de Salud tras las elecciones de junio de 2022, pero lo destituyó cinco meses después de su nombramiento, tras hacerse públicas las abultadas listas de espera para operarse que la Junta de Andalucía llevaba año y medio sin publicar (el repunte de andaluces fuera del plazo legal para ser atendido alcanzó el 227% en un año).

Tres meses después de su cese, Guzmán fichó por el grupo hospitalario HLA (Asisa), una de las principales beneficiarias de los contratos a dedo firmados por el propio Guzmán como gerente del SAS, y que ahora investiga el juzgado de instrucción número 13 de Sevilla por un supuesto de prevaricación administrativa. Es el único delito, de los cuatro que denuncia el PSOE, que el juez ha admitido investigar, en una causa a la que se acaba de incorporar la Fiscalía Anticorrupción.

Los socialistas acusan a la Junta de montar un “sistema paralelo de contratación pública a dedo” con clínicas privadas, alargando el marco legal excepcional que el Gobierno central habilitó durante la pandemia (2020) hasta junio de 2023. En ese periodo, el SAS adjudicó a dedo, sin publicidad ni concurrencia competitiva ni fiscalización previa, hasta 300 millones de euros.

La denuncia apunta como máximos responsables de los supuestos delitos de corrupción al exnúmero dos de la Consejería de Salud y a su sucesor en el SAS, pero el PSOE deja la puerta abierta a implicar a la cúpula del Ejecutivo de Moreno. “Parece lo evidente que no sea posible mantener vivo durante dos años y medio un sistema paralelo de contratación pública a dedo, por más de 240 millones de euros, sin el pleno conocimiento, consentimiento y aquiescencia de las más altas instancias del Gobierno de la Junta de Andalucía”, reza la querella, adelantada por Diario de Sevilla, y a la que ha tenido acceso eldiario.es.

El firmante de los contratos a dedo

El nombre de Miguel Ángel Guzmán ya provocó una monumental crisis política en el Gobierno andaluz hace un año, cuando fichó por Asisa tres meses después de su destitución como viceconsejero, vulnerando la Ley de Incompatiblidades de los Altos Cargos. Durante sus dos años y medio como gerente del SAS, Guzmán adjudicó a dedo contratos por valor de 43,6 millones de euros a 11 hospitales y clínicas privadas del Grupo Asisa en Andalucía, la empresa que le nombró director médico en esta comunidad tres meses después de abandonar la Aministración.

Los contratos de emergencia (a dedo) para sanear las listas de espera enviando pacientes a la privada se realizaron entre enero de 2021 y junio de 2023, con la finalidad declarada de aliviar la “sobrecarga en la red propia derivada de la pandemia covid-19”, según el propio título de los expedientes que reveló eldiario.es el 12 de marzo de 2023.

Esta exclusiva y algunas entregas posteriores aparecen entre la documentación que el PSOE ha incluido en la denuncia. 48 horas después de publicarse, el portavoz de la Junta, Ramón Fernández Pacheco, anunció la suspensión del sistema de contratación de emergencia, que llevaban más de dos años prorrogando amparándose en un Real Decreto Covid ya derogado.

La primera denuncia del PSOE se centra en el expediente de emergencia inicial (nº 110/2021), fechado el 20 de 2021, con un presupuesto inicial de 70 millones de euros, y que lleva la firma de Guzmán, en calidad de gerente del SAS. Ese expediente fue prorrogado cuatro veces durante dos años, y su prespuesto fue estirado con continuas adendas de gasto hasta hasta superar los 242,7 millones. La última prórroga de gasto expiró siete meses antes del cese de Guzmán como número dos de la consejería (el 27 de diciembre de 2023) y diez meses antes de fichar por Asisa.

Los socialistas cuantifican en su denuncia el delito de malversación de caudales públicos en más de 24 millones de euros, una cifra que extraen del 10% de esos 243 millones adjudicados a dedo entre 2021 y 2023. Ese 10% es la rebaja media que suele haber en las contrataciones públicas de la Junta sobre los precios de licitación, cuando se usa el procedimiento abierto, con publicidad y concurrencia competitiva, a resultas de las distintas ofertas que hacen las empresas interesadas para hacerse con el contrato.

El abuso de la contratación a dedo durante más de dos años restringió esa libre competencia, lo cual redundó en “una presunta e indiciaria lesión al caudal público andaluz”. Otro de los delitos que señala la denuncia es el de falsedad documental, porque dos de las resoluciones de prórrogas de los contratos a dedo están manuscritas y firmadas a mano, ya en el año 2023.

Apoyo de la Unidad de Blanqueo y la Intervención del Estado

El salto de la Administración sanitaria a una de las empresas más favorecidas por la contratación a dedo desató una tormenta política. El Gobierno de Moreno abrió una investigación interna que concluyó que el fichaje de Guzmán incumplía la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos, pero sólo por unos meses, porque contabilizaron los dos años de plazo preceptivos desde su salida de la gerencia del SAS, y no desde su cese como viceconsejero.

En cualquier caso, la Junta logró abortar el nombramiento y Asisa dejó en el aire si volvería a ficharle a partir de julio de 2024, cuando expiraban los dos años desde su salida del SAS.

La decisión del Ministerio Público de asignar a Anticorrupción la causa judicial de los contratos a dedo en Andalucía, en vez de hacerlo la Fiscalía ordinaria, puso en jaque al Ejecutivo de Moreno. Hasta la fecha, han minusvalorado la importancia de la denuncia del PSOE, pero este jueves, en los pasillos del Parlamento, el presidente andaluz ya deslizó que están estudiando personarse en la causa.

El PSOE registró la denuncia en los tribunales el pasado 20 de junio centrándose en el expediente original firmado por Guzmán, pero posteriormente iañadió dos ampliaciones tras conocer “nuevos indicios delictivos” que han ampliado tanto la carga supuestamente delicitva como el horizonte temporal en el que se producen los hechos.

El 31 de julio, los socialistas metieron en la investigación el informe definitivo “desfavorable” de la Intervención Central del SAS relativo al ejercicio 2021 que reproducía gran parte del relato publicado hasta entonces en las informaciones de este periódico sobre los contratos de emergencia. Los auditores acusaban también a la Junta de haberse servido de un marco legal estatal “plenamente derogado” para seguir prorrogando “sin justificación alguna” un sistema de contratación a dedo “de forma indebida”, cuando la pandemia ya estaba “muy atemperada”.

El equipo de Juan Espadas, secretario general del PSOE-A, registra primero una denuncia señalando los hechos delictivos, pero sin culpabilizar directamente a nadie, ni siquiera al Gobierno andaluz. Posteriormente, al personarse como acusación popular convierte su denuncia en una querella que dirige contra los dos exaltos cargos e indirectamente sus superiores jerárquicos en el Ejecutivo de Moreno.

Entre las peticiones que hacen al juez que abre diligencias, destaca la propuesta de solicitar la colaboración en la investigación de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial, y el auxilio judicial de la Intervención General de la Administración del Estado.