El indulto parcial del Gobierno a Juana Rivas, condenada a dos años y medio de prisión por sustracción de menores, no le ha servido para quedar en libertad. La medida de gracia del Ejecutivo, que reduce su pena a la mitad, se ha topado con la decisión del juez Manuel Piñar, que lleva el seguimiento de su situación penitenciaria y ha considerado que su puesta en libertad “podría representar un grave peligro para sus hijos”, contra el criterio de la Fiscalía y de la Justicia italiana, que permitió a los menores pasar la Navidad en España con su madre. La defensa de su expareja tampoco se había opuesto a la suspensión de la condena.
En concreto, el magistrado basa su decisión en que uno de los menores mostró indicios de “abusos sexuales” bajo su custodia y que “tampoco consta que (ella) denunciara ese hecho como es de esperar en una madre normal”. El juzgado que estudió esos presuntos abusos consideró que existían indicios de delito, pero no pudo atribuirlo a nadie y decretó un sobreseimiento provisional.
El juzgado consideró que existían indicios de delito pero no fue capaz de atribuirlo a nadie. El juzgado entonces no quiso cerrar el caso por completo, sino dejarlo a la espera de la aparición de nuevas pruebas, en un sobreseimiento provisional.
La defensa de Juana Rivas ya ha anunciado que interpondrá una querella criminal contra el magistrado por un presunto delito de prevaricación judicial y calumnias, por un escrito que considera plagado de “mentiras” y que llama la atención por su dureza. Pero no es este el primer pronunciamiento del magistrado Piñar que destaca por los términos en los que se realiza, ni a nivel judicial ni a través de sus redes sociales, donde muestra sin tapujos su oposición al Gobierno de coalición, con descalificativos personales hacia varios miembros del Ejecutivo, como Pedro Sánchez, Irene Montero, Fernando-Grande o el exvicepresidente Pablo Iglesias y el exministro José Luis Ábalos.
En una de las publicaciones que comparte, publicada por otro usuario, se muestra un fotomontaje de Sánchez con las manos manchadas de sangre, al que se le acusa de ser “presidente gracias a estar de rodillas delante de los herederos de los asesinos” de Gregorio Ordoñez, asesinado en enero de 1995 por ETA. En otra, se llama “miserable” a Irene Montero y en otra se insinúa que es “gilipollas” por un informe del Instituto de la Mujer en el que se recoge que los hombres contaminan más que las mujeres. A ella y también a Iglesias les llaman “xorizos” en otro post que comparte. De Ábalos comparte otro 'meme' en el que el exministro sujeta un cartel en el que se lee: “Yo no soy putero”. Iglesias ha compartido en Twitter estos post con el mensaje “No hay más preguntas, señoría”.
Otro de los protagonistas de sus publicaciones es el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, al que muestra con un turbante y el texto: “Última hora. Qatarlunya manda un embajador a Kabul para dejar claro a los Talibán que Mahoma era de Gerona”.
“Celo ideológico” de proteger a la mujer
Ya en la sentencia de 2018 por la que condenó a Juana Rivas a cinco años de cárcel y seis de inhabilitación para ejercer la patria potestad por no entregar a sus hijos al padre, Francesco Arcuri, condenado en 2009 por un delito de lesiones contra ella, Piñar incluyó una serie de opiniones personales sobre la vida de la mujer. Que estaba explotando el “argumento del maltrato” y participando en una “campaña mediática”, que su asesoramiento legal era “equivocado” o que “seguramente había momentos de tensión, desacuerdos, disputa o discusión (con su exmarido), pero de ahí al maltrato hay una diferencia”.
En otra sentencia condenatoria de 2011, Piñar había considerado que el Ministerio Público impedía “la adecuada persecución de algunas falsas denuncias por falsas maltratadas” por el “el excesivo celo ideológico” de proteger a la mujer. Un “celo” que, a su juicio, estaba “llevando a quitar la dignidad a determinados varones”. En esa sentencia, por la que se condenaba a un año y medio de prisión a una mujer por una denuncia falsa contra su expareja, el magistrado acusó a la Fiscalía , que pedía la absolución de la mujer, de actuar como Hitler y Stalin. Según los datos de la Fiscalía General del Estado, entre 2009 y 2020 se presentaron 1.708.075 denuncias por violencia de género, de las que solo el 0,0074% del total fueron falsas. Es decir, hubo 134 condenas por estos hechos.
Las valoraciones personales de Piñar en sus sentencias se remontan a décadas atrás. En 1999, el juez dictó una sentencia que rebajaba la indemnización a una mujer que había sufrido un accidente en moto al chocar contra un coche que se saltó una señal de stop porque la cicatriz que le había quedado “solo se ve en situaciones íntimas” y “viendo la belleza y el atractivo de la persona” podría ser “un elemento de atracción física”.
En su cuenta de Facebook, el magistrado no tiene reparo en afirmar que “el feminismo está cada vez más metido en la estupidez”, en criticar el presupuesto de Igualdad o en compartir contenido en el que se insulta directamente a la ministra Irene Montero. Tampoco oculta su animadversión por el titular de Interior, Grande-Marlaska, al que califica de “lerdo” por las “barbaridades” que “está aplicando” en lo que Piñar considera “un sistema penitenciario buenista tonto ñoño surgido del social comunismo”.
“Resuelve con el sentido común y luego busca adaptarlo a la ley”
El magistrado hace también su propio análisis de la judicatura. “Aunque no lo parezca, abundan los jueces iluminados, entusiastas del buenismo tonto ñoño. Lo difícil de la judicatura no es aprobar la oposición, sino ser juez día a día”, escribe. ¿Cómo se debe ser juez? “Primero resuelve con el sentido común y luego busca adaptarlo a la ley”. En otro momento, Piñar comparte en Facebook una publicación en la que se acusa precisamente a Facebook España de ser comunista, de que “no hay libertad de expresión” y de que “si dices la verdad te bloquean”, afirma en una de sus muchas publicaciones en los últimos meses, que en ningún caso han sido bloqueadas por la red social.
En 2008, Piñar también consideró en otra sentencia que las pruebas de alcoholemia suponen una “grave lesión al derecho de la igualdad de trato”. El argumento venía a decir que las personas que beben alcohol se ven sometidos a una “inquina persecutoria mediante obsesivos controles de alcoholemia”, mientras que quienes toman otras drogas “ni siquiera son molestados”. Aquel año, el 31% de los 3.100 fallecidos en carretera se encontraba bajo los efectos del alcohol.