Manuel Blanco, Julio Latorre y José Enrique Rodríguez llevan unas horas en Grecia. Este sábado por la tarde aterrizaban en el lugar de los hechos, el lugar donde el lunes se les va a juzgar por ayudar a salvar vidas, las vidas de refugiados que huían de la guerra a través del Mediterráneo. Nunca imaginaron que aquella aventura, aquel gesto solidario, terminaría ante un tribunal. Se enfrentan nada menos que a diez años de cárcel, como adelantó hace unos meses este periódico, por supuesto intento de tráfico de personas. La cuestión ha trascendido lo personal y ha servido para que, paradógicamente, muchas personas se solidaricen ahora con ellos. Como mantuvieron desde el principio, su caso es el ejemplo de una “criminalización de la acción humanitaria”.
Hace apenas un mes reconocían tener “miedo” ante “uno de los juicios más injustos de la historia”. En Mitilene, en la isla de Lesbos, la expectativa es máxima entre el voluntariado que continúa ejerciendo labores humanitarias cunde la preocupación de que esta causa “pueda sentar un precedente” y que el juicio sea “algo premonitorio de lo que pueda pasar con toda esta gente o con este tipo de casos”, comentan desde el entorno. Los propios bomberos han dicho en alguna ocasión que se sienten “cabeza de turco”. En todo caso, los ánimos en Lesbos son de apoyo total a los andaluces. Prueba de ello es que los voluntarios de diversas asociaciones que actúan en Lesbos llevan días preguntando cómo pueden dar calor a los acusados.
Las ONG que han desplegado ayuda en el Mediterráneo tras la denominada crisis de los refugiados han estado en el punto de mira. Primero había sido Frontex en diciembre de 2016, después el fiscal de Catania en mayo de 2017. Luego vino la propuesta de los gobiernos italiano y libio en julio de 2017 para elaborar un código de conducta para “controlar” a las organizaciones. “Hay que concienciar a las ONG de que se está para ayudar y no se está para favorecer o potenciar la inmigración irregular”, llegó a decir el ministro Juan Ignacio Zoido, disculpándose una semana más tarde en una carta remitida a las ONG. “Estamos sacando del agua a la gente que deberían rescatar los Estados miembros”, habían defendido las ONG. Reciente y pendiente está el caso de Helena Maleno, investigada en Marruecos por una causa penal sobre sus llamadas a Salvamento.
Maleno, en declaraciones a eldiario.es Andalucía durante una visita este jueves al Parlamento de Andalucía, espera del caso de los bomberos “que salgan absueltos y que su labor salga más reforzada, que se conozca el trabajo que han estado haciendo y que llegue el mensaje a la sociedad de que quien defiende el derecho a la vida tiene derecho a ser defendido también”.
La activista señala que el caso de los bomberos de Proemaid “es un caso ejemplarizante de los que se han dado en otras fronteras del mundo, como en México, y hay 45 en toda Europa”. “Se buscan casos de defensores de derechos humanos, se escogen y se someten a juicio. Como estas cosas tienen un impacto, hay que trabajar bien el mensaje, la implicación de la sociedad y las estrategias para poder seguir trabajando”.
“Europa está tomando una deriva de persecución sobre personas defensoras de los derechos humanos que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial. Hay que tener cada vez más red y dar una respuesta que llegue a la ciudadanía, contando con el pueblo andaluz”, añade Maleno.
Apoyos en todos los frentes
Manolo, Julio y Quique fueron detenidos en enero de 2016 mientras realizaban en el mar tareas de rescate de refugiados para la asociación Proemaid (Professional Emergency Aid). Al volver, sin haber encontrado a las personas a los que iban a ayudar, fueron detenidos por los guardacostas griegos. Liberados un par de días después y recibidos como héroes en el aeropuerto de Sevilla, casi desde entonces no han parado de buscar una explicación a lo sucedido y de defender que no hacían nada más que poner su experiencia al servicio de las vidas de personas que se lanzaban despesperadas al mar porque nada podía ser peor que lo estaban viviendo en su país.
Su empeño en que se conozca su caso les ha llevado a liderar una verdadera campaña en defensa de su actuación que les ha llevado a recibir multitud de apoyos de todo tipo, también del Gobierno de España en la persona del ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, que les recibió en su despacho el pasado 5 de abril. Durante los últimos meses y semanas han encontrado numerosos alientos de instituciones públicas, organizaciones, entidades y asociaciones locales, autonómicas, nacionales e internacionales. Incluso por parte de conocidos actores y actrices españoles, con numerosos vídeos de apoyo difundidos por las redes sociales y con una web creada con motivo del procedimiento judicial con un nombre que lo dice todo: condenadosasalvarvidas.org.
Los bomberos voluntarios están citados a las 9.00 horas de este lunes pero, antes de la suya, hay previstas ocho vistas, por lo que tampoco es descartable, como ya advirtió el Defensor del Pueblo de Grecia, que el juicio se posponga hasta el miércoles (los martes no se celebran vistas en los juzgados de Mitilene).