TRIBUNALES
El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla ha dictado un auto en el que acuerda la apertura de juicio oral contra los exconsejeros socialistas de Empleo Antonio Fernández y Manuel Recio y otras seis personas, por las subvenciones de más de 33,3 millones de euros “arbitrariamente” concedidas al entramado de sociedades del exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda, fallecido en diciembre de 2021, para los cursos de formación de los extrabajadores de la desaparecida planta gaditana de la multinacional de automoción Delphi.
Según ha informado la Oficina de Comunicación del TSJA, en un auto fechado el día 10 de octubre, el magistrado acuerda abrir juicio oral contra los dos exconsejeros como presuntos responsables de delitos continuados de prevaricación y malversación, mientras también abre juicio oral contra los otros seis investigados por delitos continuados de fraude de subvenciones.
Estos seis investigados son Marcos O.M., hijo del exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda, y otras cinco personas que tenían una dependencia laboral o vinculación societaria con las empresas dirigidas por dicho exconsejero. El juez, asimismo, abre juicio oral contra cinco entidades en calidad de responsables civiles subsidiarios y contra otras nueve entidades en calidad de partícipes a título lucrativo.
El instructor, que declara a la Audiencia de Sevilla como órgano competente para el juicio, requiere distintas fianzas y, al detalle, reclama a los exconsejeros Antonio Fernández y Manuel Recio fianzas por valor de 26.816.815,70 euros y 9.721.147,95 euros, respectivamente, mientras que a los otros seis acusados les reclama fianzas que oscilan entre los 32.785.798,70 euros y los 6.759.075 euros.
En un auto dictado el día 26 de septiembre de 2022, el magistrado acordó continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra los ocho investigados, abordando la situación generada en la Bahía de Cádiz con motivo del cierre de la planta de Delphi, señalando que con el fin de atender la problemática social que se cernía sobre este área geográfica, la Junta, a través de sus responsables políticos, anunció su compromiso de atender de forma específica a los afectados y conseguir su recolocación en empresas.
Así, una vez producido el despido, los afectados por el cierre de la factoría fueron incluidos en el denominado “Dispositivo de tratamiento singular”, dividido en tres etapas.
En este sentido, los hechos investigados en esta causa estarían encuadrados en la segunda etapa, desarrollada desde el 1 de septiembre de 2009 hasta el 28 de febrero de 2011 y donde una serie de empresas y entidades impartieron formación a los acogidos a dicho dispositivo, pero en este caso “simulando una contratación laboral”.
El coste de la formación y de la contratación (salarios y cotizaciones a la Seguridad Social) “se financió a través de subvenciones directas; excepcionalmente, un número proporcionalmente reducido de ex trabajadores de Delphi sí prestaron servicios laborales efectivos, en concreto los contratados por Gadir Solar y una parte de los incorporados por Alestis Aerospace”.
El instructor afirma que los exconsejeros de Empleo investigados “asumieron estos compromisos y acordaron este sistema de subvenciones a la contratación, a pesar de ser conocedores que la normativa en vigor en modo alguno amparaba dicho sistema y que se simulaban contratos de trabajo que no se respondían con la realidad”, para lo cual “habrían puesto en marcha un irregular sistema de concesión de subvenciones excepcionales y arbitrarias, que se destinaron, por un lado, a la simulación de relaciones laborales para proporcionar prestaciones de la Seguridad Social indebidas a un gran número de ex trabajadores de Delphi (con la colaboración de las asociaciones y fundaciones dirigidas y controladas por Ángel Ojeda); y por otro lado, a mantener las percepciones de los ex trabajadores al margen de la normativa de protección por desempleo”.
El juez asevera que “el sistema habría dado lugar, además, a que algunas de las asociaciones beneficiarias de las subvenciones desviaran fraudulentamente una parte considerable del importe a entidades vinculadas, a través de la generación de sobrecostes, la fijación unilateral de precios y la contratación de servicios sin valor para la actividad subvencionada”, todo ello “sin que los responsables de la Consejería de Empleo llevasen a cabo actuación alguna en orden a comprobar el correcto destino de las ayudas”.
En este sentido, el juez precisa que, en fecha no concretada pero en torno a los meses de verano de 2009, previo a que comenzara la segunda fase del dispositivo mencionado, Antonio Fernández habría convocado a una reunión informal a Ángel Ojeda, “quien era notoriamente conocido por ser beneficiario en la concesión de subvenciones autonómicas, habiendo sido consejero de Hacienda de la Junta”, informándole el primero de que los trabajadores de Delphi “iban a cumplir los dos años de paro y que había que dar una salida a los mismos”, al tiempo que “se le ofreció la gestión de una ingente cantidad de subvenciones a través de empresas y entidades que serían directa o indirectamente controladas” por el propio Ojeda.
Según agrega, “el entramado habría de conformarse en torno a la simulación de contrataciones con empleados de la empresa Delphi, incluyendo así salarios, cotizaciones y otros gastos que pagaría de modo indirecto la Junta a través de las empresas y entidades” de Ángel Ojeda, señalando que “las entidades que ofrecía” el ex consejero de Hacienda, “meros testaferros de su voluntad, contrataría a los trabajadores de Delphi del dispositivo singular, pero siempre con financiación pública”.
Así, “los proyectos subvencionados consistían en proporcionar formación a los ex trabajadores de Delphi, pero se exigía su contratación y alta en la Seguridad Social, si bien la actividad de los contratados no habría sido otra que la de recibir formación, sin que existieses una verdadera prestación de servicios”, de modo que los contratos de trabajo “sólo tenían como objetivo crear una apariencia de -ficticia- relación jurídico-laboral para justificar el alta en la Seguridad Social” y que así accediesen “a unas prestaciones a las que de otro modo no tendrían derecho”.
Las subvenciones fueron otorgadas a cada una de las cinco asociaciones que habría ofrecido Ángel Ojeda, como son la Asociación de Empresas Aeronáuticas (AEAA), que habría percibido 7.376.573 euros; la Asociación de Apoyo a la Integración (Humanitas), que habría obtenido 5.268.825 euros; la Asociación para la Sociedad de la Información (Innova), que habría percibido 7.376.573 euros; la Asociación para la Calidad Europea (Inteca), que habría obtenido 7.376.573 euros, y la Asociación de Apoyo al Medio Ambiente (Natura), con 5.911.242 euros.
El juez Vilaplana precisa que dos de las remesas de ayudas fueron concedidas por Fernández y la última por Recio como su sucesor en la Consejería de Empleo, “sin estudios y análisis previos y sin ni siquiera comprobar la legalidad de las mismas, haciendo dejación de sus más deberes elementales en el cargo”.
“Los consejeros habrían de resultar conocedores de que las cinco asociaciones eran ficticias, y que todas ellas no habrían de ser más que entidades constituidas y dirigidas por Ángel Ojeda, con el fin de canalizar y obtener las subvenciones”, señala el juez, que subraya que el total de subvenciones “arbitrariamente” concedidas por los titulares de la Consejería en favor de este “entramado Ojeda” ascendería a 33.309.789 euros.
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