La Consejería de Fomento y Vivienda ha advertido este lunes de un error de apreciación por parte de la Abogacía del Estado al establecer un plazo perentorio para el desalojo de las familias que habitan sin título alguno los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales en Sevilla, propiedad de una entidad bancaria y denominada como 'Corrala Utopía'.
Así se ha hecho constar este lunes mediante escrito de la Dirección General de Vivienda al Agente del Reino de España, con la finalidad de que no haya lugar a confusiones que puedan “comprometer la integridad y la seguridad de las familias”.
De esta manera la Consejería quiere aclarar el escrito del Ministerio de Justicia, remitido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el marco de la demanda promovida por las familias, y en el que apunta que “si los demandantes no acceden a dejar el edificio voluntariamente”, el desalojo efectivo sucedería “en una fecha indeterminada después del 18 de marzo”. En este sentido, según han informado fuentes del departamento que dirige Elena Cortés, “no existe tal plazo, y de existir, ya habría expirado”.
Así, la Consejería ha explicado que el auto del 28 de enero del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, que decretaba el desalojo forzoso de la 'Corrala Utopía' es “el único en el que se hacía constar un plazo de 15 días”, mientras que el auto de fecha 25 de febrero, del mismo juzgado, que insta el desalojo del inmueble propiedad de Ibercaja “no establece ningún plazo de 15 días para el mismo”. En este sentido, las citadas fuentes han precisado que la Abogacía del Estado ha relacionado el plazo de quince días que figuraba en el auto de enero con el auto del 25 febrero, lo que consideran un error.
Por lo tanto y, según la Consejería, la fecha de 18 de marzo apuntada por el Ministerio “no supone ningún cambio jurídico en el proceso de las familias de la 'Corrala Utopía', que ante todo ”deben tener la tranquilidad de que las administraciones competentes van a salvaguardar su derecho a la vivienda mediante una alternativa habitacional que garantice un desalojo voluntario y pacífico del edificio, como ya se ha hecho constar a la Abogacía del Estado, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, de forma directa, a las propias familias“.
Además, por parte de la Dirección General de Vivienda, según añade el departamento que dirige Elena Cortés, también se dio traslado al Agente del Reino de España de que la comisión bilateral constituida por Junta y Ayuntamiento para encontrar dicha solución habitacional se encuentra “ya ultimando los detalles de la misma”.