La Junta de Andalucía ha solicitado la nulidad de la causa que investiga la juez Mercedes Alaya sobre el presunto fraude en subvenciones para formación por parte de la administración autonómica por considerar que puede existir “vulneración del principio de juez natural” y la acusa de “autoatribuirse” el caso. Los Servicios Jurídicos de la Junta de Andalucía han dirigido un escrito al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que lidera Mercedes Alaya, en el que esgrimen la “nulidad de competencias” de la magistrada en la causa porque puede existir “vulneración del principio de juez natural”.
En el escrito, fechado el pasado viernes y de 22 páginas de extensión, el letrado de la Junta de Andalucía -personada en la causa como acusación particular- solicita a la jueza que “retrotaiga la instrucción al momento en que recibió el oficio de 13 de septiembre de 2013 remitido por la Oficina Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil” donde se recoge la denuncia que realiza en la misma por Teodoro Montes“, jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional que denunció ”graves“ irregularidades en la concesión de cursos y ”declare la nulidad de todo lo actuado en el seno de la presente causa desde el auto de incoación de 7 de mayo de 2014“.
El recurso fundamenta su petición de nulidad de las actuaciones de la jueza en la declaración del propio funcionario el pasado 17 de octubre, cuando manifestó literalmente que “tras seis o siete años esperando que alguien lo oyera llegó a la puerta de este juzgado para formular denuncia y se le indicó que lo hiciera ante la Guardia Civil”. En opinión de la Junta de Andalucía, la actuación del juzgado “no se puede compartir” porque “no es entendible que se remitiera” a Teodoro Montes a la UCO, “cuya sede se encuentra en Madrid”, en lugar de “a la fiscalía o al juzgado de guardia”.
Este recurso se produce después de que la magistrada decidiese el pasado viernes librar oficio al director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, para que este cuerpo cese “de inmediato” su investigación en torno a las irregularidades en cursos entregue en el juzgado todas las actuaciones practicadas en torno a este asunto para que sea en exclusiva la Guardia Civil la que indague.
Sin embargo, cabe recordar que tiene el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción para seguir con la causa. De hecho, hace un par de semana se reeditó un debate sobre la competencia de la jueza para investigar el fraude de la formación, cuando Teodoro Montes, principal testigo del caso, aseguró en su declaración que acudió directamente al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla para formular la denuncia.
El abogado que ejerce la acusación particular en nombre de la Junta de Andalucía cuestionó a Teodoro Montes sobre si fue él quien directamente se personó en la UCO. La cuestión es que el funcionario admitió haber ido directamente a este juzgado que llevaba tiempo investigando el caso de los ERE (expedientes de regulación de empleo) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía. Tras prestar declaración ante la Guardia Civil, ésta elevó en septiembre el correspondiente oficio ante Mercedes Alaya, que entonces abrió diligencias previas y comenzó la investigación sobre los cursos.
“Nada que ocultar”
Precisamente, el Gobierno de Andalucía también ha recurrido el auto dictado por la jueza el pasado viernes en el que le da 10 días para entregar las actas de las reuniones de la Comisión General de Viceconsejeros -los denominados consejillos- desde el año 2001 hasta el 18 de octubre de 2012 en el marco de la investigación sobre el caso ERE que investiga esta jueza.
Según fuentes del Gobierno de Andalucía, sus letrados no se dirigen contra la solicitud de la magistrada, sino contra la argumentación de que el ejecutivo “no puede regular ayudas sociolaborales”. Entienden que la nstructora no es “competente” para dilucidar este extremo, sino el Tribunal Constitucional (TC). De hecho, la intención de la Junta de Andalucía es publicar en su web las actas de los consejillos que solicita la magistrada una vez entregadas en el juzgado porque “no hay nada que ocultar”. Se trata, según estas fuentes, de una decisión “inédita” que persigue que esa documentación la tenga la jueza “y luego toda la ciudadanía”.
Ha pedido más documentación
Este lunes se ha conocido también otro auto en el que reclama a la Junta de Andalucía distinta documentación sobre la disolución de los consorcios escuela, con Susana Díaz ya de presidenta porque se ha decidido la pasada semana, y ha requerido además al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) que aporte el organigrama en el que se establezca la estructura de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y el Empleo (Faffe) desde su inicio en 2003 hasta la fecha. En su auto, la magistrada pone de manifiesto que “para la correcta investigación de los hechos objetos del presente procedimiento y de acuerdo con los últimos testimonios, tanto en sede policial como judicial, es procedente abrir diferentes líneas de investigación”.
Para ello “se hace imprescindible la práctica” de una serie de diligencias, indica la juez, que requiere a la Junta de Andalucía para que, a través de sus servicios jurídicos, remita certificación del acta del Consejo de Gobierno de 28 de enero de 2014 “en la que se acordó la disolución de tres consorcios escuela denominados Forman de Málaga, Formades de Almonte (Huelva) y CTI de San Fernando (Cádiz)”.