El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha retomado el planteamiento que el pasado septiembre hacía su antecesora en el cargo, Susana Díaz, que llegó a pedir una reforma legal al Gobierno de Pedro Sánchez para menores extranjeros no acompañados llegados en pateras volvieran con sus familias “que es donde tienen que estar”. Vox tampoco ha escondido sus preferencias: “Hay que repatriarlos y ponerlos en compañía de sus padres”, ha dicho este martes su portavoz parlamentario, Alejandro Hernández.
Si la socialista Díaz aludía a que era una “inmensa mayoría” la que aspiraba a regresar, no sin sorpresa de diversas ONG y partidos políticos, Moreno Bonilla ha dicho este martes durante su visita a Marruecos de esta semana que el marco legislativo español es tan “garantista” que impide que las devoluciones de estos menores se puedan hacer de manera rápida como le “gustaría” a la Junta y a Marruecos, señalando también a una “parte del tejido social” que “no ve con buenos ojos” esas devoluciones como es el caso de las ONG.
El argumento de Díaz, cuya propuesta descartó el Gobierno de Pedro Sánchez y que de alguna manera retoma Moreno Bonilla, levantó una polvareda de reacciones en contra. Organizaciones como Save the Children y Unicef rechazaron el planteamiento de la entonces presidenta. “La gran mayoría de menores migrantes cruzan el Estrecho porque buscan un proyecto de vida mejor, no siempre en Andalucía. A veces con el consentimiento de sus familias y otras sin él”, dijo Javier Cuenca, de Save the Children. De manera similar se pronunció días después la exconsejera de Igualdad María José Sánchez Rubio, quien dijo que “la mayoría de los chicos llegan, se les ayuda y siguen su proyecto aquí”.
Cuenca incide ahora a este periódico en aquel mensaje dado en septiembre: “La legislación recoge que el menor pueda ser reagrupado con su familia, pero hay que hacer un trabajo riguroso, con un proceso garantista que asegure la coordinación entre Gobiernos para que el menor quede en unas condiciones. Hay que tener en cuenta que una mayoría viene porque allí no está bien”, apunta Cuenca, que añade que “nadie duda que hay que prestarle la misma atención a un bebé que a un adolescente, porque son menores de edad y aquí falta un enfoque de infancia, ya que se les trata bajo el perfil de inmigrantes más que como niños y niñas que son”.
Rechazo desde Ciudadanos
La cuestión, en todo caso, la ha vuelto a poner sobre la mesa el nuevo presidente andaluz quien, según informa Efe, señaló que el Gobierno de Marruecos se había mostrado dispuesto a colaborar en la identificación y devolución, “siempre y cuando desde la parte española también se pueda hacer de forma rápida y eficaz”.
En Andalucía son atendidos actualmente 9.000 menores no acompañados, de los que tres de cada cuatro son marroquíes, y un 70% de los cuales se dan de baja voluntaria de los centros para seguir con su migración, la mayoría de ellos indocumentados. En lo que va de año han llegado a Andalucía 1.600 menores no acompañados y la Junta ha hecho una convocatoria para este verano de 1.200 plazas en los centros de acogida.
Dentro de las voces que se levantaron contra el planteamiento de “reforma legislativa o pacto de Estado” que apuntó Susana Díaz estaba incluso una integrante del partido socio del PP en el Gobierno de coalición de la Junta, la entonces diputada de Ciudadanos y ahora presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, quien afeaba a Sánchez Rubio que no mostrara “ningún informe que avale la afirmación que hizo la presidenta”, aludiendo a que la mayoría de menores extranjeros que llegan quieren volver con sus familias a su país. “Las ONG han rechazado categóricamente esa afirmación, y lo ha dicho la propia presidenta, sin informe preceptivo ni nada”, dijo.
“La responsabilidad que la ley otorga”
Recientemente, Rocío Ruiz, actual consejera de Igualdad y también de Ciudadanos, también se ha referido a la cuestión al hilo del centro de menores previsto en Sevilla. “Es triste la situación que tienen que pasar estos menores huyendo de hambrunas y de guerra y lo único que quieren es una solución laboral para seguir con su proyecto migratorio”, defendía ante Francisco Serrano, de Vox, posicionado claramente contra la recepción de estos menores.
Ruiz decía hace unos días en el Parlamento que la Junta está “asumiendo la responsabilidad que la ley otorga” y que “obliga” a atender a todos los menores en este territorio para “necesidades básicas”, algo que considera “un imperativo legal y una obligación moral inexcusable”. “Vamos a poner todos los medios materiales y personales para que tengan una oportunidad y una vida digna lo más parecida posible a los chicos de su edad”, incidía, sin alusión siquiera a la posibilidad de una devolución de estos jóvenes.
“Primero se evalúa, y luego se habla”
Sara Collantes, especialista en políticas de infancia de UNICEF Comité Español, considera a este periódico que “no puede existir una política general de repatriación, porque cada caso debe examinarse individualmente”. “Únicamente en el marco de una evaluación del interés superior del niño puede decidirse que lo que más conviene a un niño o una niña es volver a su país de origen. Primero se evalúa, y luego se habla o no de retorno, pero no al contrario”, apunta la experta.
En la línea que mantiene Save the Children, la respnsable de UNICEF dice que “esta evaluación implica una investigación en profundidad sobre la identidad, la localización de la familia y sus circunstancias, las razones que están detrás de la migración, posibles necesidades de protección internacional o protección contra la trata, y qué medida de protección es la que mejor se adapta a ese niño o niña en concreto”.
“Ese trabajo necesita tiempo, profesionales especializados, entornos adecuados, información de calidad, y escucha a los niños y niñas. Para considerar que una repatriación se produce en el interés superior del niño, según los estándares internacionales no se puede proceder a la repatriación si no se cumplen estos criterios: la realización previa de una evaluación del interés superior del niño, individualmente considerado; garantizar una acogida por parte de algún familiar o del servicio de protección del país de origen; que no suponga un riesgo de explotación, violencia o trata; y que se garantice ael acceso a los servicios sociales básicos: salud y educación”.
Moreno Bonilla, en cualquier caso, urgía este martes a la Unión Europea (UE) a aumentar los recursos económicos para controlar los flujos migratorios en la “frontera Sur”, permitiendo a Marruecos disponer de más medios. El presidente se ha reunido en Rabat con varios ministros del Gobierno marroquí, entre ellos el de Interior en funciones, Noureddine Boutayeb, y el de Exteriores, Nasser Bourita, asegurando que Andalucía “va a alzar la voz” y va a hacer valer “su peso demográfico” -es más grande que once países de la UE- para que “de una vez por todas” las autoridades europeas miren al sur.