Desde la llegada del PP y Ciudadanos a la Junta de Andalucía, los estudios de opinión han ido multiplicando su coste año a año. Si en 2019 adjudicó sondeos por poco más de 30.000 euros; en 2020 se elevó la partida a más de 120.000, cuatro veces más; superándose los 200.000 en lo que va de 2021. Pues bien, para este año, la previsión subirá más todavía porque se acaba de licitar por medio millón de euros un acuerdo marco con un año de vigencia. En concreto, 475.060 euros sin incluir el IVA. Probablemente la adjudicación sea por un importe ligeramente menor, pero de momento, es lo que tienen sobre la mesa los interesados, con el 14 de junio como fecha límite para presentar ofertas.
La licitación se produce en pleno clima preelectoral, por la presión de Vox sobre el Gobierno de Andalucía para que adelante los comicios cuando apenas ha superado el ecuador de la legislatura. La derecha sabe que el viento le es favorable y construye el relato pese a las dificultades de hacerlo sostenible cuando la población todavía está inmersa en una pandemia. En este contexto, para el Gobierno de Juan Manuel Moreno, tomarle el pulso a la opinión pública resulta vital y no va a escatimar en gastos.
El acuerdo marco, con el citado plazo de vigencia de un año desde su formalización, tiene por objeto la prestación del servicio para la realización de estudios de opinión mediante encuestas a la Fundación Centro de Estudios Andaluces. En concreto, se divide en tres lotes: uno para encuestas telefónicas, presenciales y mixtas, por 237.250 euros; un segundo para entrevistas online, por 41.250; y un tercero para el barómetro de opinión pública propiamente dicho, que tiene varias entregas al año, por 196.560. El llamado CIS andaluz permite conocer de forma continuada, con una periodicidad trimestral, el estado de la opinión pública a nivel regional sobre temas de interés social, económico y político “mediante la determinación de los principales indicadores sociopolíticos de la población”, según la Junta de Andalucía.
En la justificación de este concurso, se recuerda que en 2019 se puso en marcha el barómetro como “iniciativa única de estudio y medición sistemática del conocimiento y valoración de la población”. El Centro de Estudios Andaluces, a través del referido acuerdo marco, “podrá disponer de un listado de empresas fijas especializadas en la realización de estudios de opinión y de esta manera se podrá garantizar la unidad metodológica y especificaciones técnicas comunes” en los que se hagan, según justifica la convocatoria.
En este sentido, “contar con este listado de empresas será de gran utilidad para avalar y asegurar la recogida, tratamiento y análisis de los datos recabados y que los estudios de opinión estén hechos de la misma forma”, indican desde la Junta de Andalucía. ¿Por qué ese importe tan elevado respecto a otros años? Insisten en que los estudios de opinión “deben ser anuales para permitir capacidad de estudio longitudinal de los datos, así como la unidad muestral, y los criterios uniformes de selección”.
En definitiva, se trata de tener amarrada la elaboración del barómetro todo el año. Para ello se refuerza la idea de que el mínimo son 3.600 entrevistas, dadas las dimensiones de la comunidad autónoma. ¿Cuánto está dispuesta a pagar la Junta de Andalucía por una encuesta? Por cada llamada a teléfono fijo, un máximo de 7 euros. Se elevan a 10 si es a teléfono móvil. Son algunos de los detalles del pliego que ha salido a licitación.
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