El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el proyecto de Ley del Deporte de Andalucía que establece por primera vez, dado que ni siquiera estaba recogido en el Estatuto de Autonomía, el deporte como “derecho”, tal y como ha expresado el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso. Como tal, deberá garantizarse su práctica en condiciones de igualdad, seguridad, salud y calidad, tanto para los deportistas profesionales como para los aficionados. La nueva ley sustituirá, una vez que sea aprobada por el Parlamento de Andalucía, a la que está vigente desde 1998, es decir, desde hace más de cinco lustros en los que han cambiado muchas cosas, como haber conseguido que ya el 42,3% de los andaluces practiquen deporte por lo menos tres veces en semana.
Entre las novedades de esta ley, figurará la obligatoriedad de que las juntas directivas de las federaciones cuenten con un número de mujeres proporcional a las deportistas inscritas en las mismas. Con datos de 2012, que son los últimos que ha podido ofrecer el consejero, hay en Andalucía 120.824 mujeres inscritas en alguna de las 61 federaciones registradas que ha mencionado el consejero. No obstante, no ha dado datos de cuántas de ellas cuentan con mujeres en sus órganos de dirección, pero sí ha insistido en que con la nueva ley “será obligatorio en aras de favorecer una igualdad real”.
Igualmente, para evitar el intrusismo y dar las máximas garantías a los que practican deporte, se regulará la cualificación profesional en el sector, algo que hasta el momento sólo se hace en Cataluña. De este modo, tanto en centros deportivos como en gimnasios, piscinas y clubes de todo tipo, será obligatorio que el personal tenga los correspondientes títulos dentro de cuatro profesiones: profesor de educación física, director deportivo, entrenador o monitor.
El consejero ha subrayado también que por primera vez se regularán las competiciones no oficiales, donde las carreras populares han florecido los últimos años como pruebas estrella para los aficionados. Para su organización será necesario presentar el proyecto en la Junta de Andalucía y se comprobará que la prueba reúne todos los requisitos necesarios, “para garantizar el derecho de los deportistas”. Por ejemplo, que haya agua para los participantes o que la distancia de la prueba se corresponda con la real. Puede parecer una obviedad pero el consejero ha puesto dos ejemplos de carreras populares recientes donde esto no ocurría.
La norma prevé también la creación de cuatro órganos. El primero, una Comisión Andaluza Antidopaje, que publicará un listado de sustancias y métodos prohibidos y fijará la obligatoriedad del control para los deportistas con licencia. En segundo lugar, se prevé la creación del Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía (TADA), “independiente”, para resolver los litigios como la falta de un seguro de responsabilidad civil en una prueba, impugnaciones en las elecciones en una federación, expulsión del socio de un club, por poner algunos ejemplos. También habrá una Comisión Andaluza contra la Violencia, racismo, xenofobia e intolerancia en el deporte que podrá iniciar expedientes para ser revisados por la TADA. Finalmente, la norma contempla el Consejo Andaluz de Federaciones Deportivas, un órgano donde podrán participar las federaciones con voz en la planificación que desarrolle la Junta de Andalucía.
Otra de las novedades, y que el consejero ha deseado que se siga en otras comunidades autónomas, es el establecimiento de una tarjeta deportiva sanitaria, que será gratuita para los federados y les garantizará un control médico, con las correspondientes pruebas de esfuerzo, rendimiento e incluso el control antidopaje.
Por otro lado, crea una nueva categoría: la de deportista de rendimiento de base. Se suma a las ya existentes de deportista de alto nivel y alto rendimiento deportivo. Pretende facilitar la práctica del deporte y el rendimiento en la escuela para los más jóvenes.
El deporte supone actualmente en Andalucía un 3,2% del PIB (producto interior bruto) al mover más de 8.000 millones de euros al año y generar unos 70.000 puestos de trabajo. Es la comunidad autónoma con mayor número de federados -también es la más poblada- superando las 564.000 licencias para deportistas. De sus casi 20.000 clubes, hay 11.023 federados y cuenta con una red de instalaciones deportivas públicas que ronda las 14.000.