“El Gobierno de Andalucía adoptará cuantas medidas se estimen necesarias para dejar sin efecto las autorizaciones concedidas para la realización de estudios prospectivos mediante la técnica del fracking”, ha prometido este miércoles en el pleno del Parlamento de Andalucía la consejera de Medioambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano. Respondía de esta manera a la pregunta de IU sobre el empleo de la fracturación hidráulica para la extracción de gas en la comunidad autónoma. Es el máximo compromiso que ha podido arrancar la coalición de izquierdas a sus socios del PSOE-A.
En este sentido, IU teme que la proposición no de ley aprobada el pasado 3 de octubre, que declaraba Andalucía territorio libre de fracking, no sea suficiente y aboga por establecer la prohibición por ley. Sin embargo, la consejera ha insistido en que los 10 permisos otorgados o en trámite de concesión para investigar sobre la existencia de hidrocarburos en el subsuelo, “ninguno contempla la técnica de la fractura hidráulica por parte de la autoridad minera de Andalucía”.
Los riesgos que puede tener
En la misma línea, se ha remitido a un informe sobre esta práctica que la Junta de Andalucía solicitó al Instituto Geológico Minero de España (IGME). Entre las conclusiones de este estudio destaca que cuando se realiza la fractura hidráulica ésta puede alcanzar lo acuíferos o incluso contaminar los terrenos en superficie y que los productos químicos utilizados son por lo general sustancias peligrosas. Igualmente, el informe recoge que existen indicios de sismicidad asociada a esta técnica, por lo cual “debería prohibirse en áreas con cierta actividad tectónica y con fuentes de agua”, en palabras de la consejera.
“Cuando hay motivos razonables para evitar que efectos potencialmente peligrosos puedan afectar al medio ambiente o a la salud, hay que adoptar como estrategia de gestión de riesgos el principio de precaución”, algo bajo lo que algunos países como Francia o Bulgaria ya han prohibido el fracking y otros han establecido moratorias mientras estudian con mayor exactitud los problemas que implica esta técnica.
De hecho, la Junta de Andalucía entiende que debería ser una cuestión que se adopte a nivel nacional dado que en la fase de exploración e investigación la empresa requiere del permiso estatal o autonómico, pero en la explotación en sí, la autorización la concede la Administración General del Estado.