La Junta de Andalucía nombra máxima autoridad contra el cambio climático a un directivo de Sando, condenada por la explotación ilegal de una cantera
Hace justo un año la Junta de Andalucía anunció que iba a crear un nuevo cargo: un Comisionado llamado a dirigir, coordinar y supervisar la estrategia de lucha contra el cambio climático. Para el cargo se designaría un “funcionario de máximo nivel”, según se dijo. Justo un año después, la Junta de Andalucía desveló el misterio y anunció quién es el nuevo Comisionado: se trata de Juan Manuel Muñoz, exdirectivo de Sando, una constructora condenada en firme por extraer árido de una cantera sin licencia y con sospechas pendientes de dirimir sobre el uso de otra cantera cercana. Varios ecologistas consultados no dan crédito al nombramiento. No por las cualidades personales de Muñoz, a quien no conocen, sino por el historial de la empresa de la que ha sido directivo.
La Junta de Andalucía despachó el nombramiento de Juan Manuel Muñoz con unas pocas líneas enviadas a los medios. Así resumió su currículum: licenciado en Derecho por la Universidad Europea, Muñoz ha desarrollado su carrera profesional en el sector privado y, en concreto, dentro del grupo empresarial Sando, “donde ha desempeñado diversas responsabilidades desde el año 1992”.
Se encargará del diseño de la política de la Junta de Andalucía para “la lucha contra el cambio climático y para la transición a un nuevo modelo energético”, así como de la “promoción de las políticas de mitigación y adaptación frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético”.
Muñoz dependerá directamente de la Consejería de Presidencia y es, por tanto, un nombramiento de Elías Bendodo. Sin embargo, el 9 de octubre de 2019 se había publicitado la creación de este cargo como un puesto estrictamente técnico dependiente de la Dirección General de Desarrollo Sostenible. Iba a ser un “funcionario de máximo nivel” experto en la materia, para el que se crearía una plaza específica, quien dirigiera la nueva oficina andaluza por el cambio climático, que a su vez iba a integrarse en la estructura de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible. La creación de esta oficina está prevista en la Ley 8/2018, que entró en vigor en enero de 2019.
Pero de la oficina nada se sabe y el Comisionado, que no tendrá vinculación orgánica con la Dirección General de Desarrollo Sostenible sino con una consejería de perfil mucho más político, ha resultado ser un fichaje proveniente del mundo de la construcción. Y no de cualquier empresa: José Luis Sánchez Domínguez, fundador y máximo dirigente, estuvo imputado en el caso Mercasevilla y aparecía en los papeles de Bárcenas como donante de 1,25 millones de euros al PP. De ambos asuntos fue exculpado.
Consultada por la experiencia y méritos de Muñoz vinculados al medio ambiente y por los motivos de que se haya optado por un fichaje de una constructora en lugar de por un funcionario como se anunció, la Consejería de Presidencia no ha respondido. Tampoco explica qué pasará con la oficina técnica prevista en la ley y hasta ahora inexistente.
Este jueves, Elías Bendodo alegó en el Parlamento que Muñoz conoce “el otro lado de la administración”: “Por tanto, requiere [sic] el perfil apropiado para la revolución verde que estamos liderando”. Según el consejero, “el medio ambiente no es patrimonio de la izquierda”, y la “revolución verde” del gobierno andaluz es “referencia” en España.
Uso de las canteras malagueñas
Muñoz no era un trabajador cualquiera en Sando. El BORME del 17 de mayo de 2018 recoge su nombramiento como apoderado, y como tal ha participado en alguna licitación pública en representación de la empresa. Sando es conocida, sobre todo, por haber recibido notorias adjudicaciones de obra pública en las últimas décadas. Según el proyecto Quién cobra la obra, de la Fundación Civio, entre 2009 y 2015 Grupo Sando fue adjudicataria directa de 68 contratos por un importe de 148 millones de euros y formó parte de varias UTE que resultaron adjudicatarias de otros 22 contratos y que suman otros mil millones de euros. Actualmente está construyendo (con Acciona) el último tramo del Metro de Málaga.
Sando tiene a dos directivos a la espera de sentencia por un presunto fraude al Puerto de Málaga. El fiscal los acusa de emitir certificaciones falsas por valor de un millón de euros. Cree que certificaron pilotes que no se instalaron, 3.000 toneladas de escollera que nunca se colocaron y dragados que no se llevaron a cabo. El juicio por este asunto, retrasado durante años, quedó visto para sentencia y está a la espera de sentencia.
Para estas obras, Sando utilizó el árido extraído de la cantera de El Troconal, en la sierra de Alhaurín, abierta durante décadas sin licencia municipal. En 2005, el Tribunal Superior de Andalucía confirmó que las canteras eran ilegales y ordenó su cierre. Años después, un juzgado condenó a la filial de Sando a pagar más de 600.000 euros correspondientes al acuerdo compensatorio al que habían llegado con el ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, incumplido por Sando y otras tres canteras.
Ahora, la obra del Metro se nutre de áridos extraídos de la cantera de El Sillero, también de Sando, según la documentación del proyecto que este medio ha podido consultar. El pasado febrero, la Asociación Ciriana denunció ante la Fiscalía la situación de esta cantera. La asociación ha denunciado que opera sin licencia, que invade una Cañada Real (espacio público) y que pone en riesgo acuíferos subterráneos.
También el grupo municipal Málaga Ahora llevó el tema al Pleno durante el pasado mandato, alertando sobre la falta de información sobre la licencia de apertura de El Sillero. El Pleno llegó a aprobar un acuerdo para el cierre de la cantera, “ya que realiza una actividad clandestina e ilegal”. Sin embargo, nunca se ejecutó.
Críticas de los ecologistas
El nombramiento de un directivo de una empresa con estos antecedentes genera el rechazo de algunos que, se supone, deberían ser sus interlocutores. “¿Cómo nombran comisionado para el cambio climático a alguien que ha sido directivo de una de las constructoras con más irregularidades en Andalucía en los últimos años?”, se pregunta Eduardo Sáez, de la Plataforma para la Defensa de la Sierra, que durante años batalló por el cierre de las canteras ilegales de Alhaurín de la Torre.
“La cantera de Sando muestra un criterio de explotación completamente ignorante de cualquier eventual restauración, pues generó un tajo vertical de más de cien metros de altura que hoy, quince años después, permanece a la vista de todos para vergüenza de los alhaurinos”, recordó ayer la plataforma. Según Sáez, Sando ha condicionado su participación en un nuevo proyecto para regenerar la zona a que se le deje seguir extrayendo árido. “Un directivo de una empresa con los antecedentes de SANDO no es la figura más indicada para ser comisionado de Cambio Climático”, protesta.
Daniel López Marijuán, responsable de cambio climático de Ecologistas en Acción Andalucía, interpreta el nombramiento en una dinámica de anuncios vacíos, en la que incluye el plan de acción por el clima (“un brindis al sol”) y su proceso participativo (“un simulacro”). “Te quedas estupefacto. Hacen declaraciones que no se corresponden con nada. Es humo”, critica López: “Al final subordinan el interés público a los intereses empresariales”.
Ni la Consejería de Presidencia ni la de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible han respondido a las preguntas sobre este nombramiento y sobre las relaciones que tendrá el Comisionado, dependiente de Presidencia, con la DG de Desarrollo Sostenible, dependiente de otra consejería.
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