La Junta de Andalucía aspira a ampliar su margen de discrecionalidad para poder nombrar a dedo a sus cargos directivos y jefaturas de servicio. Hasta ahora, la norma autonómica recoge que los puestos de libre designación deben cubrirse con personal funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía, a no ser que en la relación de puestos de trabajo (RPT) se amplíe expresamente esa posibilidad para algún puesto concreto. La dirección general de Función Pública ha trasladado este martes a los sindicatos una propuesta que va en sentido contrario: pretende poder nombrar para puestos de libre designación también a personal de otras administraciones, sin necesidad de que la RPT lo disponga expresamente.
Para ello, tendrá que cambiar la norma. Si se consuma, la modificación iría en contra de una sentencia reciente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Todos los sindicatos se han opuesto. “No es solo la politización de la función pública andaluza, es la sumisión absoluta, es meter a amiguetes profesores y sanitarios”, se ha escuchado en la reunión.
El borrador de la propuesta
En el borrador de la propuesta, al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, se añade un apartado al artículo 61 del Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía (Decreto 2/2002). De incorporarse ese apartado, “el personal funcionario de carrera procedente de otras Administraciones Públicas podrá participar en los procedimientos de cobertura de los puestos de trabajo cuyo sistema de provisión sea la libre designación”, salvo excepciones. Se trata de una modificación sustancial, porque se convertiría en la regla lo que hasta ahora es la excepción.
La propuesta ha sido recibida entre la sorpresa (pues no se ha negociado con anterioridad) y el estupor. El representante del Sindicato Andaluz de Funcionarios ha denunciado un “atropello sin precedentes” y de “despropósito”, por entender que se trata de un “intento descarado de politizar la Junta de Andalucía”. “Se está despreciando la profesionalidad de todas y cada una de las personas que lo formamos al abrir la puerta a que cualquier funcionario público de otras Administraciones, eso sí, suponemos que con el carné del correspondiente partido político en el bolsillo, ocupen puestos directivos en la Administración General de la Junta de Andalucía”, ha espetado en la reunión.
Ha sido el sindicato más beligerante, pero no el único. “Mientras no haya una reciprocidad, no estamos de acuerdo”, señala Rocío Luna, presente en la reunión y portavoz de Iniciativa Sindical Andaluza, sin entrar en las acusaciones de politización formuladas por el SAF.
“Quieren tener manos libres”
El personal de libre designación no debe confundirse con los cargos de confianza. Estos últimos son cargos eventuales cuyo nombramiento libre se basa en la relación de confianza con el cargo político que los nombra, junto al cual cesan. En cambio, el personal de libre designación es personal funcionario que puede ser nombrado para cargos directivos o jefaturas. Este tipo de nombramientos los provee directamente el consejero o consejera, o la dirección de los organismos autónomos.
Aunque se convoque concurso y se exija el cumplimiento de unos requisitos, estas plazas se cubren con un amplio margen de discrecionalidad, con un límite importante hasta ahora: pueden aspirar al cargo los funcionarios del cuerpo de administradores generales o del cuerpo o especialidad del que se trate, a no ser que la RPT amplíe expresamente esa posibilidad a los funcionarios del sector docente, el sector sanitario, de la administración del Estado o de la administración local.
De prosperar la modificación que pretende introducir la Junta de Andalucía, ese límite quedaría suprimido. Miguel Ibáñez, portavoz del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) explica así este cambio: “Quieren tener manos libres para meter gente donde antes no llegaban”. “Dicen que buscan la profesionalización, pero esto abre la puerta a traerse gente del SAS, docente o de donde les dé la gana, y darles un puesto directivo para cualquier función”, señala: “Es gente afín a los partidos en el gobierno, y como se encuentran que no tienen hueco para nombrar tanto personal de confianza, utilizan esto”.
Este sindicato, mayoritario en la función pública andaluza, denunció hace dos semanas que la Junta de Andalucía estaba nombrando personal directivo de libre designación incumpliendo los requisitos de la norma. La respuesta de la administración es una propuesta para cambiar el Decreto. El SAF denuncia que la modificación se haya introducido “aprovechando” que la atención está fijada en otro aspecto del decreto, el cambio del baremo.
Charo Madueño, de Comisiones Obreras, asegura que es una práctica común hasta ahora, supuestamente tolerada por la Ley de Ordenación de la Función Pública andaluza, aunque no contaba con desarrollo reglamentario. CCOO ha manifestado su sorpresa por esta novedad y, al igual que el resto de sindicatos, ha insistido en la necesidad de que al menos exista reciprocidad con otras administraciones.
La Junta de Andalucía no responde sobre las motivaciones de esta propuesta, pero en la reunión ha defendido que el personal de otras administraciones aporta “conocimientos y valores”, según fuentes presentes. Ha negado que haya vinculación política y ha anunciado que seguirá adelante.
Diversos cargos denunciados por el SAF
La posibilidad de nombrar funcionarios de otras administraciones para cargos de libre designación de la Junta de Andalucía si no está previsto en la RPT es una cuestión poco clara en la legislación, que es aparentemente contradictoria. Sin embargo, fue resuelta recientemente por el Tribunal Superior de Justicia, que concluyó que no es posible. “La previsión expresa de la posibilidad de provisión de puestos de trabajo en la administración de las Comunidades Autónomas con funcionarios de otras Administraciones públicas ha de recogerse en la RPT”, señala una sentencia dictada el 6 de octubre por el TSJA, que se apoyaba en la jurisprudencia “consolidada” del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. El SAF había impugnado el nombramiento como personal de libre designación de un funcionario de la Administración del Estado, y el tribunal lo anuló.
Según el SAF, diversos cargos directivos de la actual administración andaluza habrían sido nombrados incumpliendo este requisito, incluyendo la propia responsable de la Jefatura de Servicio de Planificación y Gestión de Recursos Humanos del SAE. También habría personal docente en puestos directivos de Agricultura y Pesca. De aplicarse el criterio del TSJA, estos nombramientos serían nulos.
Inseguridad jurídica “creada por ellos”
Por eso, el SAF pidió recientemente por escrito a la viceconsejería que analizaran esos casos y que revisara de oficio los nombramientos “por no reunir los requisitos para su desempeño”. También le pidió que se abstuviera de realizar nuevos nombramientos de esta forma, y advirtió de que podría impugnar los que hiciera e, incluso, acudir a la vía penal.
El sindicato interpreta que el objetivo de la propuesta es evitar estos “varapalos judiciales”. En la reunión, la administración ha argumentado que de esta forma trata de resolver la inseguridad jurídica en la que se encuentran los funcionarios de otras administraciones que ya han sido nombrados para cargos de libre designación. “Es una inseguridad que han creado ellos saltándose la norma”, protesta Ibáñez, que calcula que habrá al menos 40 cargos de libre designación en esta situación.
Incumplimiento del programa electoral
El programa electoral del PP en 2018 recogía el compromiso de elaborar una Ley para regular el Estatuto del Empleado Público Andaluz, “que tenga como valores principales la igualdad, publicidad, mérito, capacidad y legalidad, con el fin de evitar las contrataciones discrecionales”. “La libre designación debe dejar de ser en Andalucía la forma más común de provisión de puestos de mayor categoría y responsabilidad”, señala ese programa.
Sin embargo, la ley no se ha aprobado y las contrataciones en el sector público han sido un flanco muy expuesto a las críticas de oposición y sindicatos, como admitió recientemente Elías Bendodo, consejero de Presidencia y responsable de función pública. Actualmente, la Junta de Andalucía tiene abiertas decenas de procedimientos por seleccionar interinos aleatoriamente. Antes, medio centenar de sentencias, incluyendo una del TSJA, anularon los llamados procedimientos exprés (una fórmula ideada por la Junta para cubrir vacantes en 24 horas por orden de llegada), por vulnerar de forma flagrante los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública.